El Gobierno insiste en sus alzas al gasto corriente frente a las inversiones productivas que exige Bruselas ante el desvío del déficit a causa de la crisis del coronavirus. Según el plan presupuestario enviado a la Comisión Europea la semana pasada, la partida el techo de gasto que maneja el Ejecutivo subirá el año que viene un 7,2% más. "Un límite de gasto para atender las necesidades ineludibles del ejercicio, que asciende a 136.779 millones", recoge la medida.
La Asociación Española de Asesores Fiscales, Aedaf rebate la postura del Gobierno sobre el IVA de las mascarillas y argumenta razones compatibles con la normativa europea sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido para bajar el tipo a este producto.
La estrategia de Unidas Podemos de aplicar un alza a las rentas altas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) apenas logrará un impacto en la recaudación del impuesto del 0,6%. El Gobierno asegura en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, que las medidas sobre la imposición directa tendrán un efecto anual de 550 millones de euros. El IRPF recaudó en 2019 86.692 millones de euros, según el último informe de la Agencia Tributaria.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, presentaron este martes una propuesta conjunta de Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de sanciones en caso de violaciones y abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se mostraron este martes proclives a acometer cambios y reformas en algunos de los principales instrumentos europeos, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para introducir mejoras.
El Gobierno de España insiste en subir impuestos en respuesta a la crisis del coronavirus pese a tener la economía del entorno más afectada por la pandemia. Moncloa ignora así las recomendaciones y las actuaciones de los países del entorno, que optan por una estrategia de rebaja fiscal para estimular el consumo y la inversión.
Ante la crítica de los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Ejecutivo ha dejado abierta la posibilidad de modificar los impuestos, que la OCDE y la Unión Europea (UE) quieren consensuar entre todos los países. En los dos textos legales se recoge la modificación de los términos de los impuestos por parte de los Presupuestos Generales del Estado.
El Banco Central Europeo (BCE) rechazó el 1 de febrero de 2019 el límite de 1.000 euros para el pago en efectivo que el pasado martes aprobó Moncloa. El entonces presidente del BCE, Mario Draghi, envió un dictamen a España en el que pidió al Gobierno el freno de la medida y alertó de serios riesgos para la moneda europea y determinados sectores económicos.
La deuda de la economía española, sumada la pública y la privada, alcanza el 251,3% del Producto Interior Bruto (PIB) y supera ya los niveles de la crisis financiera del año 2008. El endeudamiento de los hogares y las empresas, en mínimos desde el año 2003, rompió el segundo trimestre de este año su tendencia a la baja y se dispara hasta 141,2% del PIB, 8,9 puntos porcentuales por encima de la ratio registrada un año antes. Por su parte, la deuda de las Administraciones Públicas escaló en el mismo trimestre hasta el 110,1% del PIB.
El proyecto de ley contra el fraude fiscal presentado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos.