Ante la crítica de los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Ejecutivo ha dejado abierta la posibilidad de modificar los impuestos, que la OCDE y la Unión Europea (UE) quieren consensuar entre todos los países. En los dos textos legales se recoge la modificación de los términos de los impuestos por parte de los Presupuestos Generales del Estado.
Así, en cuanto a la tasa 'Tobin', los presupuestos "podrán modificar el tipo impositivo y las exenciones del impuesto". Por su parte, la normativa de la tasa Google prevé la modificación de más aspectos, como los umbrales que determinan la obligación de pagarla, y "las normas precisas para cumplir las obligaciones derivadas del Derecho Comunitario", así como las exenciones y tipos aplicables.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado ya las dos leyes que regulan los nuevos impuestos a los servicios digitales, conocidos como tasa Google, y a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin. El Gobierno quiere empezar así a cobrar a las multinacionales tecnológicas que operan en el país a partir de enero, cuando entrará en vigor la normativa.
Sin embargo, ante la crítica de los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Ejecutivo ha dejado abierta la posibilidad de modificar los impuestos, que la OCDE y la Unión Europea (UE) quieren consensuar entre todos los países. En los dos textos legales se recoge la modificación de los términos de los impuestos por parte de los Presupuestos Generales del Estado. Así, en cuanto a la tasa Tobin, los presupuestos "podrán modificar el tipo impositivo y las exenciones del impuesto". Por su parte, la normativa de la tasa Google prevé la modificación de más aspectos, como los umbrales que determinan la obligación de pagarla, y "las normas precisas para cumplir las obligaciones derivadas del Derecho Comunitario", así como las exenciones y tipos aplicables.
Lo que dice la norma
La normativa publicada en el BOE establece que la tasa Google gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. Aunque Hacienda tenía prevista con esta tasa una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros (antes de la pandemia), posteriormente la rebajó a 968 millones.
Con la tasa Tobin, el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.
Decisión unilateral
España no ha esperado al consenso fiscal internacional de la OCDE y los analistas prevén que la respuesta de Estados Unidos, donde radican las grandes multinacionales tecnológicas, sea aumentar aranceles a los productos españoles. En diciembre, tras el mismo movimiento fiscal por parte de Francia, la Administración americana anunció aranceles por 2.400 millones de euros adicionales para productos franceses en represalia.
La Organización internacional, tras frenar las negociaciones sobre el impuesto, ha pedido a los países esperar a que den resultado sus proyectos y que haya consenso internacional. Ángel Gurría, secretario general de la organización, aseguró que sin una solución global, hay un "riesgo real" de que los países se embarquen en adoptar medidas "sin coordinación y unilaterales", como ha hecho España. A juicio de Gurría, esto es "un fracaso amenazaría con que las guerras fiscales deriven en guerras comerciales en un momento en que la economía global está sufriendo enormemente".
La postura del Departamento de Comercio americano es que la creación por parte de los países de estos impuestos son discriminatorios porque se dirigen exclusivamente contra empresas americanas. "Los aranceles a Francia envían un potente mensaje frente a impuestos discriminatorios dirigidos contra las empresas estadounidenses, lo cual no lleva a la modernización del sistema impositivo global", apunta el presidente de la Asociación de la Industria de Ordenadores y de Comunicaciones, Matt Schruers.
Por el momento, Washington mantiene los aranceles que impuso a la Unión Europea (UE) en un 15% para los productos de aviación civil y un 25% para los demás, entre los que se incluyen productos españoles como el vino o el aceite, por un valor total de 7.500 millones de dólares.
