Las empresas tuvieron un 2019 muy malo. Fue uno de los años en los que se han impuesto sanciones más altas por infringir la normativa sobre protección de datos. La multa de 50 millones de Euros que la autoridad de protección de datos francesa impuso a Google por no informar del uso publicitario que hacia de los datos, es aún hoy la sanción más alta impuesto en el continente europeo por infracción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) desde que entró en vigor el 25 de mayo de 2018. Según la aplicación Enforcementtracker, el total de sanciones impuestas por autoridades europeas de protección de datos rondan los 600 millones de Euros desde que el RGPD resulta aplicable.

El Círculo de Empresarios, presidido por John de Zulueta, alerta de que la economía española será de las más afectadas tras la crisis del coronavirus Covid-19. Además, en su último informe de coyuntura, advierte de que la recuperación será más lenta que en el entorno por la gestión de la pandemia.

El Grupo parlamentario de Unidas Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para ampliar el número de grupos multinacionales que deben presentar su informe País por País. Esta medida les obliga a presentar información financiera y fiscal desglosada por jurisdicciones fiscales y, entre otras cuestiones, la normativa internacional les obliga a detallar sus resultados antes de impuestos, las cantidades satisfechas ante el fisco y las retenciones soportadas.

La Abogacía Española y la empresa multinacional Experian han presentado un acuerdo de colaboración para contribuir a reducir la morosidad entre autónomos y particulares. Como consecuencia del acuerdo, Experian, la mayor compañía tecnológica líder en información y análisis sobre solvencia de personas físicas y jurídicas en España, gestionará los datos sobre impagos de personas físicas y autónomos, incluidos en el Registro de Impagados Judiciales (RIJ), el primer y único fichero en España basado en resoluciones judiciales firmes.

La dificultad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para acceder a las licitaciones públicas ha obligado a Moncloa a revisar la Ley de Contratación Pública. El Gobierno quiere así eliminar los complejos requisitos, basados en criterios de transparencia, que introdujo la reforma de la normativa de marzo del año 2018, para acceder a un contrato público. La normativa tumbó a los pequeños licitadores.