Economía

Moncloa aprueba los decretos contra la brecha salarial y da seis meses a las empresas para adaptarse

  • Obligará a implantar un registro de sueldos si hay más de 50 empleados
  • Las normas han sido negociadas con los sindicatos, sin respaldo de CEOE
  • La norma exige transparencia en salarios y complementos percibidos
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (izq.), la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (centro) y la ministra de Igualdad, Irene Montero (dcha.).

El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros los dos decretos contra la desigualdad de género en el ámbito laboral. El Ejecutivo da un plazo seis meses a las empresas de más de 50 trabajadores para implantar un registro salarial que garantice la transparencia en los sueldos

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado este día como "un hito histórico". La ministra ha subrayado que "a partir de hoy se acabó que un hombre o una mujer puedan recibir retribuciones diferentes". Díaz ha considerado que estas dos normas "sitúan a España a la cabeza en materia de transparencia retributiva". A su juicio, "esto es un paso de gigante".

La principal novedad que incluyen estos decretos es la obligación para las empresas de contar con registros salariales, una auditoría retributiva -para las compañías de más de 50 trabajadores- y un sistema de valoración de puestos de trabajo.

Ambos textos se acordaron con las ministras de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, e Igualdad, Irene Montero, por parte de los sindicatos CCOO y UGT bajo el Acuerdo para el Desarrollo de la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en el Trabajo, que finalmente no ha contado con la rúbrica de la patronal tras haber participado en las negociaciones.

A través de este documento se desarrollan dos reglamentos. Uno de ellos es el de Igualdad Retributiva, que establece mecanismos objetivos de valoración de cada puesto y otorga transparencia en salarios y complementos percibidos. De esta forma, se establece que los trabajos de igual valor deben tener la misma retribución.

"Nos hubiera gustado que CEOE estuviera en el acuerdo", dijeron al finalizar las negociaciones fuentes gubernamentales, que inciden en que el diálogo social no siempre culmina en acuerdo de todas las partes y que destacaron el esfuerzo negociador que se ha hecho en las últimas semanas.

Por su parte, CEOE recibió la noticia del acuerdo con cierta sorpresa y asegura que nadie le ha informado de que se iba a cerrar sin la patronal. Fuentes de la patronal han explicado que en el marco de la negociación habían expresado disconformidad con aspectos que tenían que ver con la negociación colectiva, pero que estaban de acuerdo en todo lo relacionado con la igualdad.

El registro deberá contar con información retributiva desagregada por sexos de toda la plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos, desglosada y promediada por clasificación profesional y por trabajos de igual valor, e incluyendo salario base, complementos salariales y percepciones extrasalariales.

El reglamento incide en la importancia de hacer una adecuada valoración de los puestos de trabajo para superar estereotipos de género. Asimismo, establece que en el plazo de seis meses desde su publicación, los Ministerios de Trabajo e Igualdad desarrollarán por orden ministerial herramientas modelo que podrán ser utilizadas por las empresas para el registro y para la valoración de puestos por las empresas.

Amplía exigencias

La normativa amplía las exigencias del Real Decreto-ley 6/2019, por el que se introdujo la obligación de elaborar y aplicar planes de igualdad en empresas de más de 50 empleados. Desde el sábado 7 de marzo, aquellas compañías con más de 150 trabajadores deberán tener implementado un plan de igualdad. Las empresas de entre 100 y 150 empleados tendrán un año más de plazo para hacerlo, mientras que las que tengan entre 50 y 100 trabajadores estarán obligadas a partir de marzo de 2022.

El incumplimiento de esta norma supondrá sanciones graves para las empresas, pudiendo dar lugar a sanciones económicas con multas de entre 626 euros y 6.250 euros. Además, aquellas empresas que participen en procesos de contratación con las administraciones públicas deberán prestar especial atención, puesto que el incumplimiento de esta obligación por aquellas empresas sujetas a la misma puede afectar negativamente a su capacidad para concurrir a dichos concursos públicos.

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