La delicada situación de la Seguridad Social, devastada por un déficit anual que ronda los 18.000 millones de euros y la ausencia de una malla de soporte tras la liquidación del fondo de reserva añade más presión a los poderes públicos para articular estrategias que impulsen el ahorro privado a largo plazo, necesario para complementar la paga de jubilación ante la posible merma que sufrirán las pensiones en términos de tasa de sustitución.
Como todas las grandes transformaciones, la transición ecológica no será un camino de rosas para todos los agentes y conllevará daños colaterales. El más alarmante es el impacto negativo que puede tener la descarbonización de la economía en el mercado de trabajo, pudiendo suponer la destrucción de cientos de miles de empleos. Un fantasma que alejó la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, durante su intervención en la Cumbre del Clima en el panel de discusión sobre El compromiso empresarial para una transición justa y empleos dignos verdes al asegurar que por cada empleo que se destruya durante este proceso de transformación se crearan otros cuatro de mayor calidad y más respetuosos con el medio ambiente.
Son varios los factores que obstaculizan el fomento de planes de pensiones de empleo entre las compañías de nuestro país. Tal y como recordaba recientemente el Director Nationale-Nederlanden Employee Benefits, Juan Marina, para elEconomista Pensiones uno de los principales frenos para que este tipo de ahorro no fructifique en nuestro tejido productivo es el desconocimiento tanto por parte de los trabajadores como de los empleadores en las ventajas que tiene.
La inversiones hasta los 8.000 euros en ahorro privado desgravan para la Renta
Falta menos de un mes para que finalice el año fiscal y las aseguradoras pisan el acelerador para lograr incrementar el volumen de aportaciones que podrán ser deducibles en la declaración de la Renta del próximo año 2020. De hecho, esto es así hasta aportaciones que sumen 8.000 euros durante el año -a partir de esa cantidad sí que computan en la declaración- lo que revierte, según cálculos de los técnicos de Hacienda, en un ahorro en impuesto, concretamente a través del IRPF, que alcanza de media los 2.000 euros anuales.
La coyuntura deficitaria de la Seguridad Social supone una rémora para los futuros beneficiarios de las prestaciones a clases pasivas y los trabajadores encargados de aportar a la caja común, que habrán de hacerse cargo de los actuales desequilibrios financieros que sufre el sistema público. De hecho ese escenario ya está empezando a dibujarse en las cuentas de la Seguridad Social, cuyo déficit anual se sitúa por encima de los 16.000 millones de euros desde 2016 –alcanzó los 18.000 millones de euros en el año 2018–. Esto supone, tal y como se refleja en el informe sobre La deuda pública en España. Implicaciones sobre la política económica publicado recientemente por el Inistituto de Estudios Económicos (IEE), que 150 euros mensuales de cada pensión media del sistema son abonados a través de emisiones de deuda.
En pleno periodo de negociaciones para la formación de un Gobierno que tendrá como uno de sus principales retos la reforma del sistema público de pensiones, el foro de expertos del Instituto Santalucía arroja algunas líneas sobre las que sería fundamental actuar para solventar el problema sostenibilidad de las pensiones.
Es una de las principales partidas de gasto en protección social que asume el Estado y compone una de las principales distorsiones respecto a la experiencia de nuestros socios comunitarios: el gasto en prestaciones por desempleo. Es bien sabido que nuestro país es uno de los más comprometidos en este aspecto siendo además uno de los que más desempleados cuenta en sus servicios públicos de empleo y este es uno de los motivos que constituyen la diferencia en el gasto público para esta materia respecto a los nuestros vecinos, casi 7.000 millones de euros anuales más que el la media de la UE.