Es una de las principales partidas de gasto en protección social que asume el Estado y compone una de las principales distorsiones respecto a la experiencia de nuestros socios comunitarios: el gasto en prestaciones por desempleo. Es bien sabido que nuestro país es uno de los más comprometidos en este aspecto siendo además uno de los que más desempleados cuenta en sus servicios públicos de empleo y este es uno de los motivos que constituyen la diferencia en el gasto público para esta materia respecto a los nuestros vecinos, casi 7.000 millones de euros anuales más que el la media de la UE.
Según explican desde Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, a partir de datos de Eurostat –la oficina estadística de la Comisión Europea- esta diferencia con la media europea es, concretamente, de 6.712,5 millones respecto a la UE28 y de casi la mitad, 3.356,2 millones de euros, respecto a los 19 miembros de la zona euro. De media, en el club de los 28 se destina un 1,3% del PIB para esta partida, mientras que en la eurozona esta cifra alcanza el 1,6%, en ambos casos rebasado por el volumen que destina España, del 1,9% del PIB.
Las causas del desfase
Dos son las causas que enarbolan una tendencia que ya se viene reproduciendo en España desde hace tiempo: el elevado volumen de desempleo sobre la población activa que registra nuestro país dentro del entorno comunitario y el endiablado ritmo de encarecimiento de la factura de las protecciones a los parados que han generado las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en el año que duró Ejecutivo antes de la convocatoria de elecciones generales el pasado 28 de abril.
En primer orden, no es baladí en la materia que España cuente con la segunda mayor tasa de parados de toda la UE. Solo superada por Grecia (18,1%), nuestro país registra la mayor cuenta de parados del continente (13,9%) con más de 3 millones de personas en situación de desempleo, como consecuencia de una peor recuperación del mercado de trabajo tras los devastadores efectos de la crisis. Las menores tasas de desempleo de la región en 2019 se han registrado en la República Checa (2,2%), Alemania (3,1%) y Holanda (3,3%), según las cifras de Eurostat. En este sentido, parece evidente la necesidad de destinar mayores recursos ante una situación de necesidad mayor que en otros lugares, si bien parte de la factura es producto de las medidas adoptadas por el Ejecutivo socialista en los últimos meses.
Los gastos totales de los servicios públicos de empleo (SEPE) en prestaciones de desempleo ascendieron a 1.591 millones de euros el pasado mes de septiembre, un 11,6% más que en igual mes de 2018, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Así, hasta el mes de septiembre, este organismo del Estado ha desembolsado a los parados españoles un total de 13.956 millones de euros, lo que supone el 79,7% de todo el gasto realizado en 2018, cuando alcanzó los 17.500 millones de euros. Además, según los datos del SEPE, en septiembre, la prestación bruta media contributiva era de 911,5 euros, un 6,2% más que en el mismo mes de 2018.
De mantenerse esta tendencia, los expertos calculan podría alcanzar este año los 18.500 millones de euros, mil millones más que en el pasado ejercicio. Y, ante un comportamiento regular experimentado por el mercado de trabajo en los últimos meses en los que se ha mantenido la tendencia positiva de creación de puestos de trabajo -436.920 afiliados más en octubre que hace un año, un alza del 2,30%-, resulta necesario echar una mirada hacia las políticas acaecidas en los últimos tiempos con reflejo en la evolución de estos gastos.
Se trata, concretamente, del incremento del SMI que ha elevado un 22% la retribución mínima hasta los 900 euros y que ha implicado que en los despidos que tuvieron lugar como producto de la finalización de la temporada veraniega se vean incrementadas las prestaciones por desempleo ante una mayor cotización. Por otro lado, con cargo al SEPE, el Gobierno aprobó también la recuperación del subsidio para mayores de 52 años en la que se fijó el incremento de la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación del 100% al 125% durante la percepción del subsidio y se eliminan los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando proviene de un trabajo a tiempo parcial.
A vueltas con la 'mochila austriaca'
El debate que subyace sobre el elevado gasto público de nuestro país en los parados es uno que algunas formaciones ya han puesto encima de la mesa en términos de flexibilidad del mercado de trabajo, como fue Ciudadanos con la introducción de la conocida como mochila austriaca.
Se trataría en este caso de reducir los costes por despido a las empresas articulando un colchón de ahorro para el empleado de una compañía contribuido tanto por el trabajador como por el empleador. De este modo, se reduciría a cero el coste de la indemnización por despido para el empresario que ya contribuyó junto con el empleado a esa mochila de ahorro, lo que además sería coherente con una revisión de las prestaciones para estos casos en función de la coyuntura económica del país y patrimonial de los ahorradores.
