La nueva vuelta de tuerca que prepara el Gobierno para la fiscalidad del ahorro en los Presupuestos Generales de 2022 podría suponer, lejos de un incentivo para incrementar la base de ahorro financiero, un golpe casi definitivo para parte del mercado, concretamente, para el segmento de planes de pensiones del sistema individual. Tal y como advierten desde el sector, ya para este ejercicio, las aportaciones a los planes del sistema individual se van a reducir un 40% de media, y la industria espera mayores caídas de flujo de ahorro para el próximo año cuando entrará en vigor la nueva revisión del esquema fiscal.

El incierto avance de la inflación y la entrada al sistema de jubilaciones de nuevos pensionistas con derecho a pagas cada vez más elevadas como producto de una carrera laboral más fructífera son los dos componentes más volátiles que pueden determinar el volumen mensual de la factura que desembolsa a estos efectos la Seguridad Social. Con los datos de octubre ya sobre la mesa, la combinación de ambos factores da como resultado que los nuevos jubilados que abandonan el mercado laboral cuentan con pensiones hasta un 58% más elevada que lo percibido en la actualidad por los trabajadores en SMI.

El sector industrial español comienza a alzar la voz para que el reparto de los fondos europeos se convierta en una realidad palpable para las empresas, y más especialmente para las pequeñas y medianas compañías, con mayores dificultades para articular los proyectos necesarios que les permitan acceder a los planes de financiación europeos. Así lo pusieron de manifiesto representantes empresariales durante la la Jornada Next Generation Catalunya celebrada por elEconomista donde se puso también de manifiesto la importancia de la rapidez en la concesión de los fondos para que los planes estratégicos enarbolados por las diferentes compañías no pierdan efectividad y sirvan para el objetivo principal de transformar las cadenas de valor de nuestro tejido productivo.

Los primeros aspectos normativos que regirán el fondo público de pensiones articulado por el Gobierno para su pleno funcionamiento a a partir del próximo año, y que aún deberá abordar ciertas modificaciones en la mesa de negociación del diálogo social, ya están sobre la mesa. El compromiso del Ejecutivo pasa por presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley antes de que finalice el año, y según el borrador de la norma al que ha tenido acceso elEconomista, parece que los trabajos están avanzados, a expensas de modificaciones.

El Gobierno se rearmará una vez mitigados los efectos colaterales de la pandemia para frenar el fraude que rodea a los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores y contener así el crecimiento de una partida que ya es la segunda más importante dentro de la Seguridad Social, después de las propias pensiones. Para el próximo año, el desembolso previsto para la cobertura de las bajas laborales, ascenderá hasta los 10.818 millones de euros, lo que supone un punto porcentual del PIB, lo que supone un 8,3% más que en el pasado 2020, cuando la factura ascendió hasta los 9.986 millones de euros.