Más de cuatro de cada diez empresarios españoles aseguran encontrar serias dificultades para incrementar el tamaño de sus compañías y de sus plantillas debido a la sobrerregulación laboral existente en nuestro país. Concretamente, son el 74% de las compañías entrevistadas por el Círculo de Empresarios las que consideran la elevada burocracia un verdadero obstáculo para aumentar el tamaño de sus negocios y por ende, de sus plantillas.
El Gobierno tendrá en su poder la decisión final sobre las inversiones que se realicen desde las entidades gestoras y que se ordenen por la Comisión de Control Especial. Concretamente, se reservará una mayoría simple en los órganos que decidirán sobre el futuro de las inversiones de este dinero.
El fondo público de pensiones que arma el Gobierno será principalmente un dinamizador de la contratación de planes de pensiones por parte de los autónomos, que tendrán más flexibilidad que los trabajadores de las empresas que decidan abrir un plan promovido por el vehículo articulado por el Gobierno. Concretamente, los autónomos podrán adherirse a los planes sectoriales que deseen promovidos por los diferentes gremios profesionales indistintamente para comenzar a beneficiarse de las ventajas en términos de reducción de costes respecto al sistema individual -un 92% de los planes tiene comisiones más elevadas del 0,5%-. Mientras que las compañías, con ciertas excepciones, deberán acoplarse a los fondos sectoriales de su rama, preferentemente.
El Gobierno aún trabaja en los elementos definitorios del texto legal que conformará el armazón del nuevo fondo público de pensiones. Aun con cuentagotas, algunos aspectos relevantes del nuevo instrumento destinado a fomentar el ahorro privado en el ámbito de la empresa con planes de pensiones de empleo. Ente ellos, los funcionarios de los diferentes niveles de la Administración General del Estado que cuentan con un plan de pensiones colectivo podrá elegir entre seguir con su gestora o asegurada privada con sus actuales condiciones o, por contra, podrán trasladar sus planes de ahorro al fondo público.
El mercado laboral parece mostrar resiliencia tras el paso del verano y aún arroja cifras de empleo que apuntan a una fuerte recuperación de puestos de trabajo perdidos durante durante los peores meses de la pandemia. Tanto es así, que para finales de este mes, la Seguridad Social espera contar en sus listas con 19.651.324 afiliados, lo que supondrá superar en casi 12.500 ocupados los niveles previos a la pandemia, incluso si descontamos de esta bolsa a los empleados que aún se encuentran afectados por un Erte en nuestro país.
Las empresas y los trabajadores españoles aportarán con sus cotizaciones a la Seguridad Social en 2022 hasta un 18,4% más del volumen de contribuciones registrado en el año de la llegada de Pedro Sánchez al palacio de La Moncloa. Concretamente, para el próximo ejercicio se prevé una recaudación por la vía de las cotizaciones sociales de hasta 136.345 millones de euros, con un crecimiento sobre el ejercicio anterior de un 7,5% -el total de cotizaciones crecerá el 9,6% hasta los 168.142 millones-.
La mejora de la situación económica en España en los últimos meses ha permitido al Gobierno ir replegando las ayudas otorgadas a empresas y trabajadores durante la pandemia con el objetivo de conservar en esos meses los puestos de trabajo y la actividad empresarial. Así, ante una expectativa de crecimiento del 6,5% para este año y del 7% para 2022, el Gobierno prevé en consonancia una menor necesidad de aprovisionar fondos para algunas de estas ayudas extraordinarias concedidas por el impacto de la crisis sanitaria. Entre ellas, se encuentra la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, donde el Gobierno recorta en un 89,5% el dinero para esta partida, que pasará de los 713 millones de euros de este año a 75 millones para el ejercicio próximo.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, puso cifras a la compensación económica que recibirán los pensionistas en febrero del próximo año por el desvío de la inflación de este año en comparación con la subida aplicada por el Gobierno a principios de 2021. Concretamente, el Ejecutivo aplicó entonces un actualización del 0,9% y según las últimas estimaciones confirmadas hoy por el ministro Escrivá, el IPC medio anual a mes de noviembre será del 2,3%. Es precisamente es 1,4% de desfase el que deberá compensar la Seguridad Social para que el colectivo de pensionistas y jubilados conserven el poder adquisitivo de este año 2021, y el Gobierno calcula que el coste de esta paguilla ascenderá a 1.900 millones de euros.
El Estado acudirá al rescate de la Seguridad Social con una inyección en 2022 de hasta 43.000 millones de euros destinados a pagar pensiones contributivas y los denominados gastos impropios del Sistema, en consonancia con el mandato del Pacto de Toledo insertado en las medidas incluidas en el primer paquete de la reforma.
El cruce de datos de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria que ordenó el Ejecutivo de cara a preparar la reforma del Reta para que los autónomos coticen en el futuro en base a sus ingresos reales deja cifras llamativas, principalmente en el análisis de aquellos trabajadores que se beneficiar de la tarifa plana -la cuota superreducida para incentivar el emprendimiento en nuestro país-. Un 20% de los 498.090 autónomos en esta situación obtiene unos rendimiento netos superiores a 24.350 euros al año.