Ya sabemos que 2020 marcará historia en muchos aspectos de la vida y que, en poco tiempo, los niños estudiarán en los colegios todo lo que durante este año ocurrió: el planeta entero afectado por una pandemia, una crisis sanitaria mundial y una crisis económica de la que parece que tardaremos mucho en levantar cabeza.
La pirámide de Maslow o escala de las necesidades humanas es una teoría psicológica ideada por el norteamericano Abraham Maslow en los años 40 del siglo pasado. En esencia, es una representación gráfica en forma de pirámide que agrupa las principales necesidades de las personas en una gradación de menor a mayor, situando las más básicas en los niveles inferiores y las más sofisticadas en los superiores. Así, necesidades fisiológicas como respirar o alimentarse se sitúan en base de la pirámide, mientras que en un segundo piso están las relacionadas con seguridad en sus vertientes familiar, laboral, económica o de salud. A medida que se van satisfaciendo las cuestiones más elementales, el individuo va ascendiendo en la pirámide, hasta llegar al cuarto nivel (reconocimiento, confianza, éxito) y, finalmente, a la cumbre o autorrealización personal.
Los sindicatos de docentes Aspepc·Sps y CGT Ensenyament, que han convocado huelga en la enseñanza pública este viernes y el próximo jueves, han criticado la "falta de medidas sanitarias" en los centros educativos ante la pandemia de coronavirus.
La incertidumbre política con la que arrancó la última legislatura venía a definir un contexto político de extrema dificultad, antesala inequívoca de perturbaciones sociales y económicas. En aquel momento, nadie podía suponer que la mayor crisis sanitaria y, por consiguiente, económica de la última centuria se cerniría inclementemente sobre todas las economías, afectando en mayor medida a aquellas que tenían menores márgenes fiscales y una propensión manifiesta a los desequilibrios económicos y presupuestarios. España.
La crisis sanitaria provocada por el COVID19 ha generado una crisis social y económica a nivel global cuyos devastadores efectos apenas estamos empezando a conocer en Europa. Las pequeñas y medianas empresas y los pequeños ahorradores están siendo los más golpeados y, por lo tanto, aquellos sobre los que se deben centrar todos los esfuerzos de recuperación. Evitar la destrucción de empleos y salvaguardar el tejido empresarial solo será posible si ofrecemos mejores opciones de financiación que permitan a las empresas acceder a la liquidez necesaria para sobrevivir.
Casado, García Egea y compañía podrán tomarlo como una bravuconada o una bufonada más del vicepresidente segundo del Gobierno. Pero Pablo Iglesias no amenaza en vano. Y cuando esta semana afirmó en sede parlamentaria que el PP no volverá a formar parte del Consejo de Ministros, puede que al final no lo consiga, pero estaba desvelando sus verdaderas intenciones y para lo que está trabajando desde el Ejecutivo y en la calle.
Un ministro hace unas declaraciones públicas en que afirma que se deben adoptar medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación como medio para contribuir a equilibrar los costes del sistema de pensiones de la Seguridad Social y la titular de otra cartera le contradice haciendo otras declaraciones, igualmente públicas, en las que afirma que la pronta jubilación de los mayores brinda más oportunidades a los jóvenes en el mercado de trabajo.
Hay un refrán que algunos atribuyen a San Ignacio de Loyola que dice: "En tiempos de turbación (o tribulación), no hacer mudanza", que llevado a la actual situación podría significar: "Vamos a esperar a que vuelva todo a la normalidad que conocemos antes de hacer cualquier cambio". Y así es como hemos entrado en un septiembre turbulento por un virus que ha dejado a toda la sociedad sin apenas movimiento.
Lideramos el número de contagios en Europa y el segundo país donde más crecen en el mundo, superados solo por Uganda. No contratamos suficientes rastreadores hasta que nos vimos desbordados por los positivos en coronavirus ni sanitarios hasta que los centros de atención primaria se saturaron.
UGT ha reclamado este viernes la aprobación urgente de un subsidio extraordinario de 430 euros mensuales para los cerca de 550.000 parados que agotaron su prestación durante la crisis sanitaria o que, habiéndose quedado en el desempleo, no tenían derecho a prestación.
Madrid está alarmado. Las luces de alarma han saltado y las sirenas han empezado a sonar. Los contagios están descontrolados y la situación sanitaria empeora por momentos. Cualquier parámetro que se utilice señala a la capital de España como el foco de la pandemia en Europa. Lo sensato sería que su presidenta Díaz Ayuso pidiera el Estado de Alarma al Gobierno de Pedro Sánchez para salvar vidas, pero no lo hará porque eso supone una humillación para ella y una catástrofe económica.
De la misma manera que en las escuelas se estudia la reconversión industrial de España en los años 80, sin duda en el futuro la reconversión de la banca, una de las más duras que se han visto en Europa, dará material de sobra para los libros de texto. Un breve vistazo a los registros de entidades del Banco de España lo evidencia con toda su crudeza: 2019 terminó con 52 bancos en activo en España; en 2008, eran 66 bancos y 46 cajas de ahorros las entidades que estaban en activo en el país.
Como los habitantes de esa ciudad alegre y confiada que nos describía el ingenio de Jacinto Benavente, así la sociedad española asiste hoy impávida a la tragedia de un Gobierno desnortado y desbordado y a la incapacidad y al egoísmo de una clase política mediocre sin querer entender ni atender a las cifras reales de la mayor catástrofe sanitaria y económica de nuestra reciente historia y a sus consecuencias.
Sánchez está cada vez más sólo y comienza a ser consciente de ello. No puede contar con sus socios de Podemos ni de ERC. Los primeros, porque andan perdidos en procesos judiciales. Su líder, Pablo Iglesias, lleva un mes sumergido en el silencio, deambulando de un lado para otro en busca del anonimato, porque ahora es mejor estar desaparecido. Los catalanes de Oriol Junqueras, porque hasta después de la celebración de las elecciones autonómicas no quieren ni oír hablar de un pacto con "españoles". La única alternativa es Ciudadanos. Pero el partido que dirige Inés Arrimadas es insuficiente, diez escaños dan para muy poco.
La crisis sanitaria aún no resuelta hasta que surja y generalice una vacuna eficaz que dejó a la mayor parte de los españoles confinados en sus casas durante más de tres meses, ha supuesto la ruptura de dinámicas tan importantes como la educativa. Volver al curso normal en los diferentes grados de enseñanza está siendo una tarea compleja por los rebrotes masivos que se están produciendo a las puertas del comienzo del Curso Académico 2021-2022.
La actual crisis sanitaria derivada de la Covid-19 ha sacudido al mundo. Hemos tenido que adaptarnos a los cambios al mismo tiempo que sucedían. Cambios que nos han dejado nuevas formas de trabajar y de relacionarnos, en lo profesional y en lo social. Muy pocos sectores han logrado evitar el impacto económico de esta crisis, y la construcción no ha sido uno de ellos. Vivimos en un contexto de incertidumbre, en el más amplio sentido de la palabra.
El 72% de los trabajadores por cuenta propia se plantea cerrar o reducir su plantilla en caso de que haya un nuevo confinamiento, según se desprende de la nueva edición del barómetro Situación Autónomos realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Según la entidad, el pesimismo en las perspectivas económicas por los últimos acontecimientos impuestos por los nuevos cierres de sectores económicos por indicación del Ministerio de Sanidad y los nuevos contagios de Covid en España se reflejan en las respuestas de este quinto barómetro.
A pesar de la paulatina recuperación de la actividad económica a medida que se levantan las restricciones impuestas durante la crisis sanitaria el golpe asestado por la pandemia para algunos sectores, de proporciones desmesuradas, amenaza con llevarse por delante una buena porción del tejido productivo en nuestro país. Sin duda, los sectores asociados al turismo, como los transportes, el comercio o la hostelería están siendo los más castigados en nuestro país. En este último el impacto se aprecia en el ritmo de la facturación, que según datos de la Cámara de Comercio se ha desplomado un 87% en los últimos meses del año.
Una crisis global sanitaria y económica como la actual obliga a una respuesta coordinada a nivel internacional, algo que está ocurriendo. Pero dentro de Europa requiere algo más: profundizar en la integración fiscal y monetaria. La respuesta del Banco Central Europeo desde el inicio de la pandemia y el reciente acuerdo del Consejo Europeo suponen sin duda un paso de gigante en el proyecto común europeo.
Sin duda, 2020 es un año que difícilmente vamos a olvidar. Una pandemia mundial, que nos ha mantenido encerrados en casa durante meses, ha paralizado la economía de la gran mayoría de países y, lo peor y más dramático, ha terminado con la vida de muchas personas.
La clase política actual "es una clase política mediocre. En una situación de tormenta perfecta como en la que nos encontramos hay que dejar al margen las ideologías y atender al interés general. Una de las características de las democracias avanzadas es conseguir acuerdos transversales". Estas palabras las pronunciaba el que fuera secretario de Estado de Seguridad en los gobiernos de Felipe González, Rafael Vera, durante su participación en el foro de The Experience Club de Click Radio TV. Y lo hacía apenas 24 horas después de conocer las declaraciones de Pedro Sánchez al Corriere della Sera en las que confesaba que nunca había pensado en la posibilidad de un acuerdo con el Partido Popular.
Una de las lecciones que deja la pandemia y el periodo de confinamiento de la ciudadanía es la crucial importancia de contar con mecanismos telemáticos de relación con el cliente y que posibiliten la distribución de los productos. En este sentido, parece evidente que la digitalización en las pymes supone un paso crucial para ponerse a la altura de grandes distribuidores, al menos en el medio, y mantener una oferta permanente de bienes o servicios que no se vea afectada por situaciones de excepcionalidad como la que actualmente atravesamos.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, es consciente del esfuerzo realizado por las Administraciones Públicas durante la pandemia, aprueba la actuación del Ejecutivo, pero advierte de que el mes de septiembre arrojará más sombra sobre el panorama laboral de nuestro país.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha considerado que quizás se pecó de arrogancia ante el coronavirus creyendo que no iba a pasar, que no iba a llegar a Europa ni Estados Unidos, pero todo el mundo llegó tarde: "Pensábamos que podíamos con todo y no es así".
La recuperación del mercado laboral pierde fuelle en junio tras la buena respuesta del pasado mes, y da síntomas de la debilidad de la temporada veraniega que afrontan los agentes económicos. Según los últimos datos de empleo ofrecidos por el Gobierno en el mes de junio el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.624.337 personas, lo que representa un aumento de 68.208 cotizantes respecto a la media de mayo tan solo un 0,37% más, mientras que en el mismo periodo el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en 5.107 personas. Ambas cifras, dibujan una senda menos peligrosa que la observada en los meses anteriores, si bien supone el peor dato de afiliación en un mes de junio en cinco años y el primer incremento de parados en este periodo desde 2008.
Hinojos (Huelva) es un pueblo en guerra por la última ocurrencia de su alcalde, el socialista Miguel Ángel Curiel, que ha propuesto que una de las plazas de esta localidad de 4.000 habitantes lleve el nombre del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
El teletrabajo es una realidad del mercado laboral que ha llegado a nuestro país para quedarse. Pero parece no ser la solución para todos los problemas que acarrearán empresas y trabajadores tras la pandemia hasta poder recuperar su labor tal y como se desarrollaba antes de la crisis sanitaria. Pero algo puede haber cambiado para siempre: habrá empleados que nunca volverán a la oficina tras la implantación oficial del teletrabajo, que en pocas semanas ya estará regulado de manera oficial a través de un real decreto-ley, ya avanzado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Pues bien, según Adecco, un 77% de los trabajadores españoles prefiere combinar el teletrabajo y la asistencia a la oficina, y no permanecer fuera del establecimiento laboral definitivamente.
La Administración Pública está sufriendo en estos momentos los efectos del cuello de botella que ha generado el estallido de la pandemia y la gran afluencia de ciudadanos que solicitan las ayudas aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis económica. La Seguridad Social no se ha librado tampoco del atasco en sus oficinas, que según denuncian fuentes de CSIF ya retrasa pagos de ayudas hasta tres meses debido a estos factores, a lo que suma la dificultad de liberar el trabajo acumulado a una plantilla mermada que en los últimos diez años ha perdido un 21% de su plantilla.
Vivimos tiempos inciertos y, además, cambiantes a una velocidad desconocida. Como desconocido es el futuro que nos aguarda. Desde hace unos meses, nuestro entorno ya no es el mismo. Estamos inmersos en una crisis transversal, que afecta al ámbito sanitario, pero también al económico y al social. Las hipótesis de partida han cambiado para toda la sociedad y, por tanto, también para nuestra profesión.
Dada la crisis por coronavirus, hemos podido ver a muchos chilenos evadir controles sanitarios, salir en horarios de toque de queda, entre otras cosas, transgrediendo los límites impuestos por las autoridades y poniendo en riesgo sus vidas y la de quienes los rodean, denotando una total falta de empatía e imposibilidad de seguir normas.
