crisis sanitaria

La clase política actual "es una clase política mediocre. En una situación de tormenta perfecta como en la que nos encontramos hay que dejar al margen las ideologías y atender al interés general. Una de las características de las democracias avanzadas es conseguir acuerdos transversales". Estas palabras las pronunciaba el que fuera secretario de Estado de Seguridad en los gobiernos de Felipe González, Rafael Vera, durante su participación en el foro de The Experience Club de Click Radio TV. Y lo hacía apenas 24 horas después de conocer las declaraciones de Pedro Sánchez al Corriere della Sera en las que confesaba que nunca había pensado en la posibilidad de un acuerdo con el Partido Popular.

Una de las lecciones que deja la pandemia y el periodo de confinamiento de la ciudadanía es la crucial importancia de contar con mecanismos telemáticos de relación con el cliente y que posibiliten la distribución de los productos. En este sentido, parece evidente que la digitalización en las pymes supone un paso crucial para ponerse a la altura de grandes distribuidores, al menos en el medio, y mantener una oferta permanente de bienes o servicios que no se vea afectada por situaciones de excepcionalidad como la que actualmente atravesamos.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, es consciente del esfuerzo realizado por las Administraciones Públicas durante la pandemia, aprueba la actuación del Ejecutivo, pero advierte de que el mes de septiembre arrojará más sombra sobre el panorama laboral de nuestro país.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha considerado que quizás se pecó de arrogancia ante el coronavirus creyendo que no iba a pasar, que no iba a llegar a Europa ni Estados Unidos, pero todo el mundo llegó tarde: "Pensábamos que podíamos con todo y no es así".

La recuperación del mercado laboral pierde fuelle en junio tras la buena respuesta del pasado mes, y da síntomas de la debilidad de la temporada veraniega que afrontan los agentes económicos. Según los últimos datos de empleo ofrecidos por el Gobierno en el mes de junio el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.624.337 personas, lo que representa un aumento de 68.208 cotizantes respecto a la media de mayo tan solo un 0,37% más, mientras que en el mismo periodo el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en 5.107 personas. Ambas cifras, dibujan una senda menos peligrosa que la observada en los meses anteriores, si bien supone el peor dato de afiliación en un mes de junio en cinco años y el primer incremento de parados en este periodo desde 2008.

Hinojos (Huelva) es un pueblo en guerra por la última ocurrencia de su alcalde, el socialista Miguel Ángel Curiel, que ha propuesto que una de las plazas de esta localidad de 4.000 habitantes lleve el nombre del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

El teletrabajo es una realidad del mercado laboral que ha llegado a nuestro país para quedarse. Pero parece no ser la solución para todos los problemas que acarrearán empresas y trabajadores tras la pandemia hasta poder recuperar su labor tal y como se desarrollaba antes de la crisis sanitaria. Pero algo puede haber cambiado para siempre: habrá empleados que nunca volverán a la oficina tras la implantación oficial del teletrabajo, que en pocas semanas ya estará regulado de manera oficial a través de un real decreto-ley, ya avanzado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Pues bien, según Adecco, un 77% de los trabajadores españoles prefiere combinar el teletrabajo y la asistencia a la oficina, y no permanecer fuera del establecimiento laboral definitivamente.

La Administración Pública está sufriendo en estos momentos los efectos del cuello de botella que ha generado el estallido de la pandemia y la gran afluencia de ciudadanos que solicitan las ayudas aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis económica. La Seguridad Social no se ha librado tampoco del atasco en sus oficinas, que según denuncian fuentes de CSIF ya retrasa pagos de ayudas hasta tres meses debido a estos factores, a lo que suma la dificultad de liberar el trabajo acumulado a una plantilla mermada que en los últimos diez años ha perdido un 21% de su plantilla.

Vivimos tiempos inciertos y, además, cambiantes a una velocidad desconocida. Como desconocido es el futuro que nos aguarda. Desde hace unos meses, nuestro entorno ya no es el mismo. Estamos inmersos en una crisis transversal, que afecta al ámbito sanitario, pero también al económico y al social. Las hipótesis de partida han cambiado para toda la sociedad y, por tanto, también para nuestra profesión.

Dada la crisis por coronavirus, hemos podido ver a muchos chilenos evadir controles sanitarios, salir en horarios de toque de queda, entre otras cosas, transgrediendo los límites impuestos por las autoridades y poniendo en riesgo sus vidas y la de quienes los rodean, denotando una total falta de empatía e imposibilidad de seguir normas.

Los trabajadores autónomos están resistiendo el vendaval que ha provocado la pandemia en el mercado laboral español con un menor volumen de pérdida de afiliación que el resto de regímenes de cotizantes a la Seguridad Social, concretamente, tres veces menos. Esto se traduce que el colectivo de trabajadores por cuenta propia reflejó a finales del mes de mayo una caída ocupados respecto al mismo mes del pasado año, incluyendo por lo tanto el efecto de la crisis sanitaria, del 1,74%, lo que supone en el Reta se encuentran hoy inscritos 56.948 trabajadores menos que hace un año. Sin embargo, el golpe para el colectivo de los asalariados es exactamente tres veces mayor, con una pérdida del 5,21% en comparación con el número de registros de hace un año, lo que supone 776.083 cotizantes menos.

El sentido común y la capacitación son elementos claves para contener a los equipos fracturados por esta repentina llegada del formato laboral.

Las pymes son sin duda las grandes perjudicadas de la crisis sanitaria que ha instalado en nuestro país una recesión sin precedentes en 2020, con una caída de la economía de entre el 9% y el 15% según las últimas proyecciones del Banco de España. En este sentido, el colectivo de pequeños y medianos empresarios ha solicitado en el Congreso de los Diputados en el marco de la Comisión de Recostrucción que se liberen ayudas por valor de 150.000 millones de euros procedentes de hasta tres vías de financiación para impulsar el tejido productivo en la vuelta a la normalidad. El secretario general de PIMEC, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y vicepresidente y portavoz de la Plataforma Pymes, Antoni Cañete, compareció en la Cámara Baja en el marco de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica y aseguró que las consecuencias de la pandemia de COVID-19 para autónomos y pymes es demoledor en tanto que "un 20% de los cuales no volverá a levantar su persiana", según datos de PIMEC. Así, siendo la pyme un factor clave y estratégico para la reconstrucción del país pide Cañete que "cuiden y salven a los que pagan impuestos. "Sin ellos será imposible financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales", asegura el presidente de la PMcM quien aboga por lograr un crecimiento sólido, justo y sostenible basado en tres ejes fundamentales: innovación y conocimiento, productividad y competitividad y, finalmente, voz y representación real.

Donald Trump “desgasta los espacios democráticos con cada decisión, además de culpar a todos de sus incontables errores”. Estas palabras de Felipe Sahagún dirigidas al presidente norteamericano podrían ser perfectamente recuperables para definir y describir a Pedro Sánchez y al gobierno de su persona, que ahora desde su ala podemita recupera el cuento del golpe de estado, con un doble objetivo, desviar la atención del personal para disipar sus gravísimas deficiencias y mentiras en la gestión de la pandemia, por un lado, y para tensionar, por otro, en el Parlamento y en la calle buscando recuperar las dos Españas de Machado y el enfrentamiento.

Hasta la fecha se han registrado más de 8 mil detenidos por incumplir la cuarentena o el toque de queda. Y son esas cifras, más las constantes vulneraciones a las restricciones sanitarias, las que hicieron que el Ejecutivo fijara urgencia de discusión inmediata al proyecto que modifica el Código Penal para sanciona la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria en caso de epidemia o pandemia.

El mes de mayo ha dado un respiro al mercado laboral con la primera creación de empleo desde el inicio de la pandemia. Y no solo por los 187.814 empleos recuperados entre el día 1 y 31 del pasado mes sino por los datos ofrecidos por los ERTE donde según los datos ofrecidos por el SEPE, hasta 457.909 han salido de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, lo que supone un 12,5% de total de trabajadores afectados por esta situación desde el comienzo de la pandemia.

El mes de mayo ha dado un respiro para el mercado laboral al tiempo que se mitigan el impacto de la pandemia y de la crisis sanitaria del COVID-19. España creó entre los días 1 de mayo y 31 de mayo un total de 187.814 empleos, situándose el número total de ocupados en nuestro país en en 18.584.176, si bien el efecto devastador que ha tenido esta crisis para el mercado laboral español aún se puede aprecia en los 26.573 parados más inscritos en las oficinas del SEPE, lo que deja el saldo total de demandantes de empleo en 3.857.776 personas.

La digitalización no solo va a ser la palanca de la recuperación de Europa y el vector decisivo de la competitividad de nuestra economía, sino que ya es el aliado imprescindible para gestionar la actual crisis sanitaria y prevenir y limitar el alcance de las futuras.

En un escenario de recesión global por el impacto económico del Covid-19, el grupo farmacéutico catalán se sitúa, por primera vez, como preferida para los analistas que elaboran el Eco10 de cara al próximo trimestre. Los expertos destacan su carácter defensivo, los bajos múltiplos que los que cotiza respecto a sus pares, la fortaleza de sus márgenes y su relevante papel en la crisis sanitaria.

En este Gobierno lo que se manejan bien son los números imaginarios, que como es sabido se emplean en física cuántica, y eso le servirá a la larga para encontrar cuántos. Cuántos han fallecido y cuántos han enfermado, cuántos se han arruinado y cuántos van al comedor social. Puede que no lo sepan, pero lo que es seguro es que no quieren que lo sepamos. Si el dato incomoda, acabemos con el dato.

El golpe para la Seguridad Social asestado por la crisis sanitaria del coronavirus muestras unas dimensiones desproporcionadas con el paso de las semanas. Tanto es así que el déficit presupuestario del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país triplicará este año el registrado en el pasado ejercicio, pasando de los 17.500 millones de euros de 2019 hasta los 60.000 millones de desfase previsto para este año en el mejor de los escenarios, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) arrojadas en la evaluación realizada del nuevo Plan de Estabilidad Presupuestaria 2020 publicado por el Gobierno recientemente y en el que se plasma el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía.

Parafraseando al poeta Benedetti, cuando hace unos meses teníamos todas las respuestas sobre cómo atraer y fidelizar el talento, y habíamos ido entretejiendo el «engagement» de nuestros colaboradores, a base de un laborioso restablecimiento de la confianza, tras la dura crisis económica del 2007, el COVID-19 nos cambió todas las preguntas.

Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por lo que conocemos coloquialmente como COVID-19, desde el pasado 14 de marzo y tras la promulgación del ya famoso Real Decreto 463/2020, se declaró el estado de alarma.

La innovación, que tanto impacto tiene en el desempeño de las organizaciones, en la capacidad de producción, en el crecimiento de los países y en la competitividad de las empresas, está jugando igualmente un papel determinante en la actual lucha contra los efectos de la pandemia de Covid-19 en todo el mundo.

Si hay un aspecto prioritario en la gestión de una crisis sanitaria, es sin duda ofrecer un servicio de salud integrado, eficiente y responsable.

Hace dos semanas, la compañía de infraestructuras gasistas Redexis daba a conocer la noticia de que, a través de su Fundación, donaba 50.000 euros a la Comunidad de Madrid con el objetivo de comprar medicamentos y material de protección para el personal sanitario y para los pacientes afectados por la Covid-19 en los hospitales de la región.

Los obstáculos legales que se encuentran las empresas a la hora de gestionar con la administración los requisitos necesarios para llevar a cabo el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) está detrás de las quejas y denuncias de los empresarios que se encuentran dificultades para realizar esta suspensión a ciertos trabajadores de la compañía antes de abordar decisiones más drásticas sobre sus negocios.

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha reconocido este domingo que si pudiera volver a atrás y supiera cuál iba a ser la evolución de la crisis sanitaria del coronavirus le habría gustado actuar "antes", pero ha defendido en todo caso la gestión del Gobierno frente a la pandemia, contra la que actuó, ha dicho, de manera "muy estricta" desde el principio.

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La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha aplaudido el compromiso del Gobierno de España de desarrollar un protocolo de seguridad para los centros docentes, tal como reclamaba esta comunidad.