Madrid.
El Gobierno se rearmará una vez mitigados los efectos colaterales de la pandemia para frenar el fraude que rodea a los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores y contener así el crecimiento de una partida que ya es la segunda más importante dentro de la Seguridad Social, después de las propias pensiones. Para el próximo año, el desembolso previsto para la cobertura de las bajas laborales, ascenderá hasta los 10.818 millones de euros, lo que supone un punto porcentual del PIB, lo que supone un 8,3% más que en el pasado 2020, cuando la factura ascendió hasta los 9.986 millones de euros.
Tal y como se desprende del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, esta de incapacidad temporal será la segunda partida que más pese de las Cuentas de la Seguridad Social: un 6,2% contra el 85,6% que supone el gasto de las pensiones contributivas.
Cabe recordar que, como efecto de la pandemia, se han multiplicado por tres el número de bajas laborales que se producen en España en un año. Más de tres millones de trabajadores se dieron de baja en algún momento del 2020 (3.006.856), mientras que a cierre de 2019 se contabilizaban en los registros 709.285 procedimientos de incapacidad temporal en nuestro país.
Más recursos para la inspección
Ahora, de cara al próximo año y con el objetivo de frenar el crecimiento injustificado de esta factura, el Gobierno prepara un rearme de las Administraciones para atender con mayor precisión las evaluaciones de las bajas laborales.
De entrada, la Seguridad Social destinará 315 millones de euros a reforzar el análisis y el control de la incapacidad temporal en el marco de los convenios de colaboración que tiene suscritos con las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Navarra, y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) -se distribuirá entre las comunidades autónomas y el Ingesa en proporción al número de asegurados con derecho a la prestación en el sistema-.
El Estado dotará con 315 millones la mejora para los controles del INSS sobre las bajas
El objetivo de estos convenios es establecer acuerdos de colaboración y coordinación entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas, a través de las respectivas consejerías de Salud, para estudiar el comportamiento de la prestación de incapacidad en cada comunidad y para establecer los controles oportunos sobre dicha prestación de forma coordinada. Además, se incluye la posibilidad de que esta cuantía sea destinada a la mejora de los procesos de control y gestión de las bajas y a la creación de unidades médicas especializadas en las patologías más prevalentes.
Según informa el Ministerio de Inclusión, como novedad, entre los objetivos de los convenios suscritos con las diferentes regiones se plantea el empleo de herramientas predictivas en los reconocimientos médicos a realizar por los servicios públicos de salud y el refuerzo de medios materiales, informáticos y humanos, incluida la incentivación de estos últimos.
"En definitiva, se trata de propiciar un óptimo funcionamiento de la dinámica de la prestación y garantizar la finalidad protectora de la misma, conjuntamente con el control necesario para evitar posibles fraudes", subraya el Departamento que dirige José Luis Escrivá. Las comunidades y el Ingesa se comprometen a destinar el crédito recibido a las actuaciones antes mencionadas, así como a justificarlas mediante las oportunas memorias técnicas y financieras.
Uso de la tecnología
Además, el Ministerio de Trabajo se apoyará en la tecnología de análisis masivo de datos -conocida como big data- para detectar casos de fraude laboral en materia de contratación. Sobre todo, Trabajo pondrá el foco en los falsos autónomos y la sucesión de contratos temporales. De esta forma, una herramienta informática analizará millones de contratos y los datos de los trabajadores para crear alertas sobre posibles asuntos de fraude laboral. Además, el Ministerio reforzará la Inspección y los controles a las empresas. Trabajo lanzará así una ofensiva legal contra aquellas empresas que cometan irregularidades en la contratación de sus trabajadores.
Para conseguir el objetivo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que el Gobierno reforzará los efectivos de la Inspección de Trabajo para afrontar con garantías la lucha contra el fraude en diferentes planos y para garantizar, en definitiva, la legalidad en el ámbito laboral. "Nos centraremos en el uso de la contratación temporal concatenada por un mismo trabajador o puesto, el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas y la identificación de relaciones extralaborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo, como los falsos autónomos o falsos cooperativistas", manifestó.
