Jefa de Normas y Tributos

El Gobierno va a imponer a través de la Ley por el Derecho a la Vivienda un índice de aplicación nacional para limitar la subida de los precios del alquiler en la actualización de los contratos, independientemente de que se trate o no de una zona tensionada. Para el ello, el Ejecutivo se escuda en la sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de marzo de 2022, que aclaró que el Estado es el único que tiene competencias para limitar los precios del alquiler, y no las CCAA, puesto que los contratos se rigen por la norma de materia civil, y sobre esta solo es competente el Estado con el objetivo de homogeneizar la situación a nivel nacional.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aprobado los últimos trámites legislativos que obligan a los contribuyentes a informar a la Agencia Tributaria de los seguros de vida-ahorro o invalidez que tengan con entidades aseguradoras que se encuentren en el extranjero. Los ciudadanos tendrán la obligación de informar de estos productos cuando el valor supere los 50.000 euros.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha informado este martes que ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Comunidad de Madrid y la Xunta de Galicia contra el impuesto a las Grandes Fortunas aprobado el pasado diciembre por el Ejecutivo. El Constitucional ya admitió a trámite también el pasado mes de marzo el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía. Al igual que hizo con el recurso andaluz, en este caso el Tribunal de Garantías también ha denegado adoptar la suspensión cautelar del impuesto solicitada por Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia da la razón a una funcionaria de carrera de la Xunta de Galicia que quedó excluida de un proceso de vacantes de la Administración por no presentar junto a la solicitud la documentación que acreditaba el mérito por conciliación familiar que le sumaba 0,5 puntos en la puntuación. La sentencia señala que la empleada aportó la documentación en la reclamación sobre las listas provisionales y después, al recurrir la reposición, y recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo al respecto avala la posibilidad de subsanación de acreditación de méritos en los procesos selectivos.

Las reducciones en el IRPF a las rentas más bajas, hasta los 21.000 euros brutos al año, que anunció el Gobierno el pasado septiembre y entraron en vigor a 1 de enero de este año se transformarán en un regalo envenenado para todos aquellos contribuyentes que aunque ganen menos del obligado para presentar la declaración de la Renta, tengan que hacerlo para declarar alguna pérdida patrimonial o porque hayan recibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Estos contribuyentes podrían afrontar pagos a Hacienda de entre unos 300 euros y hasta casi unos 600 euros (en función de la comunidad autónoma en la que residan) por lo retenido de menos en sus rendimientos de trabajo a lo largo del año por esta medida aprobada.

Fin al último escollo para constituir sociedades mercantiles de manera exclusivamente digital. El Senado, tras su paso por el Congreso, tramita un proyecto de ley presentado por el Gobierno para digitalizar la creación de empresas, tal y como exige la regulación europea. Esta futura norma modificará la Ley del Notariado para permitir que se puedan constituir sociedades sin que se requiera la presencia física del fundador o de su representante ante el notario. Una vez se apruebe la norma, este paso y cualquier modificación posterior en la sociedad podrá realizarse por videoconferencia con un notario.

Los tribunales comienzan a aplicar la nueva doctrina fijada por el Tribunal Supremo el pasado 15 de febrero en materia de usura en las tarjetas revolving y fijan la anulación de los intereses por periodos y no en toda la vida del préstamo. Concretamente, el Alto Tribunal estableció hace dos meses que el interés de una tarjeta de pago aplazado se considera usurario si supera en seis puntos porcentuales el tipo medio al que se comercializaban las tarjetas en la fecha examinada y que publica mensualmente el Banco de España en su página web.

Los asociaciones de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación profesional mayoritaria de jueces españoles, apoya una posible huelga para defender una subida de sus salarios. Este diario ya apuntó que jueces y fiscales apuntaban la posibilidad de paros ante la parálisis de Justicia de adecuar los sueldos. La asociación inició el pasado 3 de abril un proceso de consulta entre todos los asociados para conocer su opinión sobre la posible convocatoria de una huelga y el resultado fue del 70,31% de votos a favor.

El Consejo Asesor Institucional de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) critica la actuación del Gobierno para evitar la marcha de Ferrovial a Países Bajos. En un comunicado, el consejo ha puesto en relieve su preocupación por la "inaceptable reacción del Poder Ejecutivo" ante el propósito de Ferrovial de "ejercitar la libertad de establecimiento en el mercado interior de la Unión Europea, proclamada por el artículo 49 de su Tratado de Funcionamiento como uno de los pilares sobre los que se asienta la construcción de un espacio jurídico común y compartido en el Viejo Continente".

Las presiones del Gobierno para que Ferrovial frene su marcha a los Países Bajos mediante la amenaza de un alto coste fiscal coincide de pleno con el impulso por parte del propio Ejecutivo de una nueva ley para fomentar la libertad de establecimiento en la Unión Europea de las sociedades mercantiles. El Consejo de Ministros aprobó el pasado febrero el Anteproyecto de Ley de Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles, ahora en tramitación parlamentaria, que tiene como objetivo "la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento", según expone la Administración en la Memoria de Análisis del Impacto Normativo (MAIN) de la nueva norma.