El Gobierno va a imponer a través de la Ley por el Derecho a la Vivienda un índice de aplicación nacional para limitar la subida de los precios del alquiler en la actualización de los contratos, independientemente de que se trate o no de una zona tensionada. Para el ello, el Ejecutivo se escuda en la sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de marzo de 2022, que aclaró que el Estado es el único que tiene competencias para limitar los precios del alquiler, y no las CCAA, puesto que los contratos se rigen por la norma de materia civil, y sobre esta solo es competente el Estado con el objetivo de homogeneizar la situación a nivel nacional.