El Consejo Asesor Institucional de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) critica la actuación del Gobierno para evitar la marcha de Ferrovial a Países Bajos. En un comunicado, el consejo ha puesto en relieve su preocupación por la "inaceptable reacción del Poder Ejecutivo" ante el propósito de Ferrovial de "ejercitar la libertad de establecimiento en el mercado interior de la Unión Europea, proclamada por el artículo 49 de su Tratado de Funcionamiento como uno de los pilares sobre los que se asienta la construcción de un espacio jurídico común y compartido en el Viejo Continente".
Los asesores fiscales consideran que las "declaraciones, misivas y comunicaciones intimidatorias" realizadas por miembros del Gobierno tratando de influir en los accionistas de la sociedad, quienes deben adoptar una decisión soberana en su Junta General de Accionistas, cercenan la libertad de empresa que, como derecho constitucional, reconoce el artículo 38 de la Constitución.
"Casan mal con el principio de cooperación leal exigido a los Estados miembros por el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea las veladas amenazas consistentes en que, de ejercitar aquella libertad fundamental, la compañía puede enfrentarse a actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con el fin de privarle, al margen de toda otra consideración, del régimen de neutralidad fiscal establecido en el Derecho derivado de la Unión", apuntan.
Asimismo, el comunicado añade que el Ejecutivo pone con estas "veladas amenazas" en entredicho la independencia de criterio y el compromiso de la Agencia Tributaria de actuar al servicio objetivo de los intereses generales, como así le exige el indicado artículo 103.1 de la Constitución.
Polémica carta
El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en una carta remitida a Ferrovial este lunes, señaló que la compañía carecía de motivos económicos que justifiquen la marcha. Estas palabras se velaron como un castigo fiscal para la empresa, puesto que la Ley del Impuesto de Sociedades en materia de fusiones señala que no se aplicará el régimen de neutralidad fiscal cuando "la operación no se efectúe por motivos económicos válidos". Lo que significa que si la Agencia Tributaria no acepta los argumentos que dé Ferrovial para su marcha podría considerar que sale del país para eludir impuestos y requerirle que pague el 25% de las plusvalías latentes de los activos que traspase en la fusión.
