Las presiones del Gobierno para que Ferrovial frene su marcha a los Países Bajos mediante la amenaza de un alto coste fiscal coincide de pleno con el impulso por parte del propio Ejecutivo de una nueva ley para fomentar la libertad de establecimiento en la Unión Europea de las sociedades mercantiles. El Consejo de Ministros aprobó el pasado febrero el Anteproyecto de Ley de Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles, ahora en tramitación parlamentaria, que tiene como objetivo "la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento", según expone la Administración en la Memoria de Análisis del Impacto Normativo (MAIN) de la nueva norma.
De hecho, el Ejecutivo razona que las reestructuraciones y otras formas de cambio empresarial, como las transformaciones, las fusiones y las escisiones transfronterizas, "forman parte del ciclo de vida de la empresa y constituyen una vía natural para su crecimiento, para su adaptación a un entorno cambiante y para la búsqueda de oportunidades en nuevos mercados".
La norma traspone la Directiva europea 2019/2021, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas. A pesar de que el objetivo busca simplificar la regulación para impulsar estas operaciones y con ellas el mercado interior y la competitividad entre empresas, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en una carta remitida a Ferrovial, señaló que la compañía carecía de motivos económicos que justifiquen la marcha. Estas palabras se velaron como un castigo fiscal para la empresa, puesto que la Ley del Impuesto de Sociedades en materia de fusiones señala que no se aplicará el régimen de neutralidad fiscal cuando "la operación no se efectúe por motivos económicos válidos". Lo que significa que si la Agencia Tributaria no acepta los argumentos que dé Ferrovial para su marcha podría considerar que sale del país para eludir impuestos y requerirle que pague el 25% de las plusvalías latentes de los activos que traspase en la fusión.
Efecto económico "favorable"
Los objetivos para sacar adelante la futura ley, según el propio Gobierno, es que estas operaciones transfronterizas suponen un "efecto favorable" para la economía, ya que permiten que las decisiones sobre ellas se adopten de "manera justa, objetiva y no discriminatoria". Asimismo, la norma también protege las fusiones dentro de Europa al establecer que no podrán declararse nulas una vez realizadas "en aras de la seguridad jurídica", sin perjuicio de la normativa penal o de otra índole que impongan medidas sancionadoras después de que la operación haya surtido efectos.
Liquidación concursal
La futura ley vetará fusiones de compañías en liquidación concursal. Aunque Europa deja a los países decidir respecto a las firmas en concurso de acreedores o sometidas a planes de reestructuración, el Ejecutivo las incluye en la norma al considerar que dichas modificaciones pueden constituir "una importante herramienta de reestructuración" y solo excluye de estas operaciones a las que están en liquidación concursal.
