Las entidades de pago tendrán que comunicar a la Agencia Tributaria los datos de los comerciantes extranjeros que reciben transferencias desde España por la compra de productos a través de Internet con el objetivo de vigilar si eluden sus obligaciones de repercusión e ingreso del IVA. Esta obligación entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024.
El Senado, tras su paso por el Congreso, tramita un proyecto de ley para la transposición de varias directivas europeas, entre ellas, la Directiva (UE) 2021/1883, de 20 de octubre de 2021, por el que se ampliará de uno a tres años la vigencia de todas las autorizaciones de residencia reguladas para profesionales altamente cualificados que vengan a trabajar a España. Además, una vez pasados los tres años, y mientras el trabajador mantenga el contrato, se podrá renovar el permiso por otros dos años más pudiendo obtener la residencia de larga duración a los cinco años cuando se cumplan los requisitos previstos para ello, según recoge el texto, cuya aprobación será inminente y se espera para final de este mes o inicios de mayo.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y las agrupaciones de periodistas de CCOO y UGT urgen a las Cortes a sacar adelante el Proyecto de Ley Orgánica de Protección del Secreto Profesional del Periodismo antes de las elecciones generales. La futura norma lleva cuatro meses estancada en el Congreso.
Las empresas pueden solicitar el nombramiento de un experto para recabar ofertas de adquisición de una unidad productiva (UP), aunque no estén en insolvencia. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander, ante la solicitud de una empresa que señala estar en estado de insolvencia probable (es decir, que presupone que si no consigue un plan de reestructuración en dos años no tendrá capacidad para cumplir con sus obligaciones de pago), nombró al experto para realizar tareas de delimitación del perímetro de la unidad productiva, valoración y recabar y valorar ofertas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aceptado la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de León español sobre si se puede revisar por segunda vez si existe o no abusividad en las cláusulas de un crédito a pesar de que ya se haya ordenado por la vía judicial la ejecución de dicho préstamo. El juzgado plantea esta cuestión en el caso de un ciudadano español que tiene una deuda de 5.517 euros por una tarjeta de pago aplazado, más conocida como revolving, al que la compañía que adquirió la deuda, Investcapital, le reclama el importe impagado.
La Agencia Tributaria amenaza a Ferrovial con un millonario castigo fiscal para frenar su marcha a Países Bajos. Hacienda podrá quedarse con hasta el 25% de las plusvalías latentes que la compañía española traspase a la nueva matriz radicada en Ámsterdam (Ferrovial International). Una factura que las fuentes consultadas tachan de "considerable" y sobre la que aseguran que acabará en los tribunales.
La nueva Ley de Función Pública, actualmente en trámite parlamentario, reduce de 15 a 10 años la excedencia voluntaria de los funcionarios por agrupación familiar.
El Parlamento Europeo modifica el reglamento para integrar en los vehículos un sistema avanzado de advertencia de distracción del conductor (ADDW, por sus siglas en inglés) que reconoce el nivel de atención visual del conductor y le avisa si se distrae.
Los expertos en laboral avecinan una alta litigiosidad por parte de las empresas ante la incapacidad de sacar adelante los obligados planes de igualdad por el vacío legal que deja la normativa. Las compañías ya han comenzado a llevar a los tribunales estas barreras para aprobar los programas, puesto que no tenerlos les acarrea inspecciones de trabajo y sanciones.
Los servicios judiciales han ahorrado 19 millones de euros desde la puesta en marcha del expediente judicial electrónico en diciembre de 2020.