El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)aprueba el informe sobre el anteproyecto de ley que regula el procedimiento para la determinación de la edad, que se enfoca especialmente en menores extranjeros no acompañados.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)aprueba el informe sobre el anteproyecto de ley que regula el procedimiento para la determinación de la edad, que se enfoca especialmente en menores extranjeros no acompañados.
El Gobierno se arroga en la futura Ley de Función Pública la potestad para realizar modificaciones en los cuerpos y escalas de los funcionarios durante un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva norma. Según explican los inspectores de Hacienda, este paréntesis temporal que pretende hacer el Ejecutivo en la ley podría permitirle decidir "el ascenso de categoría" de un determinado cuerpo de funcionarios (sin la formación necesaria) o incluso que se desglosasen partes de un cuerpo y hacer a "algunos" de sus funcionarios de una mayor categoría.
La Asociación de Fiscales (AF) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) han anunciado que preparan un calendario de "medidas de presión" contra el Ministerio de Justicia con el objetivo de mejorar las condiciones profesionales de la carrera fiscal. El anuncio, llega el mismo día en el que mantuvieron una reunión con la Administración que encabeza Pilar Llop que tacharon de "desalentadora". Precisamente, el pasado 31 de marzo, los jueces, representados por sus respectivas asociaciones, también señalaron que aunque rechazan ponerse en huelga, llevarán a cabo medidas de presión.
El Gobierno aprobó este martes la nueva norma que obliga a declarar a los particulares y compañías que residan en España los criptoactivos que tienen en el extranjero, una obligación que ya recogía la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal de junio de 2021 y que llega con retraso por la dilación del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el desarrollo de la regulación y los formularios.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho a la Defensa desoyendo las dos principales recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De un lado, el órgano criticó que el Ejecutivo diera a la norma rango de orgánica, puesto que no estaba justificado, y de otro cuestionó que el texto dejaba sin desarrollar el contenido del derecho a la defensa.
Bruselas ultima una nueva directiva europea para la internacionalización y modernización de las herramientas y procesos digitales en el Derecho de Sociedades que obliga a la interconexión de todos los registros mercantiles a nivel de la Unión Europea y también a que se vinculen con otros registros como el de insolvencias de sociedades. El objetivo del Parlamento Europeo es facilitar el acceso de la información mercantil tanto a grupos empresariales, compañías y consumidores para favorecer la internacionalización de las empresas, y especialmente de las pymes sobre las que hace fuerte hincapié, así como estimular el comercio transfronterizo, los flujos de inversión y la competitividad.
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha modificado su Reglamento de Procedimiento para optimizar la duración de los procedimientos judiciales.
La abogada general de la UE avala que los Estados puedan vetar la inversión extrajera de terceros países, aunque tengan sociedades dentro de la UE, si es para tomar el control de una compañía estratégica.
La Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 9 de marzo, adecua la regulación a la nueva economía de los criptoactivos. El texto otorga al Banco de España las competencias para la supervisión, la inspección y la sanción en materia de activos digitales y con el objetivo de adaptar el reglamento de criptoactivos desarrollado por el Parlamento Europeo, fija una serie de sanciones para las compañías proveedoras o que permiten operar con estos activos que pueden suponer el triple del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas como resultado de la infracción o también, hasta el 20% de la cifra de negocio.