Bruselas ultima una nueva directiva europea para la internacionalización y modernización de las herramientas y procesos digitales en el Derecho de Sociedades que obliga a la interconexión de todos los registros mercantiles a nivel de la Unión Europea y también a que se vinculen con otros registros como el de insolvencias de sociedades. El objetivo del Parlamento Europeo es facilitar el acceso de la información mercantil tanto a grupos empresariales, compañías y consumidores para favorecer la internacionalización de las empresas, y especialmente de las pymes sobre las que hace fuerte hincapié, así como estimular el comercio transfronterizo, los flujos de inversión y la competitividad.
Entre los logros que busca la nueva norma está el "principio de una sola vez", es decir, que no se pedirá a las compañías que presenten información que ya han depositado en los registros mercantiles nacionales, lo que conllevará a una reducción de los trámites y también de los plazos para conseguir llevar a cabo operaciones transfronterizas, así como la creación de filiales o sucursales en terceros países de la UE. El Parlamento estima que esta reducción de la carga administrativa para las empresas les supondrá unos ahorros anuales de 437 millones de euros al año. No obstante, como la norma también trata de unificar las normativas nacionales a la hora de la información a presentar en los registros, también prevé que el ahorro de la menor carga, no sea tal, ya que la presentación de información por parte de las compañías suponga un coste de 311 millones de euros. "En conjunto, se espera que el ahorro recurrente para las empresas supere con creces los costes puntuales relacionados con la presentación de datos adicionales", justifica el texto, que se ha sometido a consulta pública hasta el próximo 29 de mayo.
Esta nueva norma, a su par, según reconoce Bruselas, supondrá unos menores ingresos para algunos registros que cobran por los extractos de sociedades para uso transfronterizo que calculan en 7,9 millones; así como otras pérdidas de 9,5 millones de euros para las autoridades encargadas de expedir apostillas. La norma matiza que pese a estos inconvenientes, la futura directiva reducirá la carga administrativa global, la inseguridad jurídica, recursos humanos y tiempo.
Nuevas obligaciones
Con esta nueva norma, los distintos registros mercantiles europeos deberán tener la información disponible online de cara a 2030, en un formato comparable entre las distintas empresas y también multilingüe. La información se podrá utilizar para fines empresariales, administrativos y judiciales. Las empresas deberán aportar los documentos en formato digital por defecto, aunque en algunos casos se permitirá el físico. La norma afectará a 16 millones de sociedades limitadas y 2 millones de firmas personalistas.
Los registros mercantiles deberán publicar cualquier modificación de documentos e información de una sociedad, como un nombramiento, en 15 días hábiles. En España, la obligación está en 10 días. Sin embargo, limita a cinco días el tiempo para publicar la información de las compañías que necesiten un control de legalidad, plazo que se ve insuficiente desde algunos registros de España por ejemplo en periodos donde las empresas presentan cuentas, ya que se acumulan muchos documentos en un periodo muy breve de tiempo.
