El Gobierno afronta la posibilidad de que la Comisión Europea abra un procedimiento de infracción contra el Reino de España por el nuevo gravamen a la banca y a las energéticas que aprobó el pasado 28 de diciembre. La Dirección General de Fiscalidad de la UE ha admitido una denuncia de un abogado contra este tributo, lo que significa que considera que puede haber indicios de que esta tasa choque contra el derecho europeo.
Los expertos en fiscalidad consultados por este diario señalan que uno de los puntos más polémicos del gravamen que podría ser contrario al derecho de la UE es que prohíbe a las compañías afectadas que traspasen el coste del tributo a los clientes. En el caso de la banca, esto va en contra de las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), que exige que las entidades financieras trasladen a los clientes cualquier coste para proteger su rentabilidad.
Precisamente, este punto fue uno de los avisos que dio el Banco Central Europeo (BCE) al Ejecutivo en su informe sobre el gravamen a la banca el pasado otoño.
El hecho de que la Comisión Europea pudiera abrir un procedimiento contra España por el tributo tendría incidencia en los tribunales españoles, ya que, según los fiscalistas consultados, los juzgados habitualmente paralizan los casos a la espera de que se pronuncie Europa. La banca ya trabaja en dos vías para impugnar el gravamen. De un lado, una vez hagan la liquidación anticipada de la tasa en los primeros 20 días naturales de febrero, prevén recurrirla ante la Delegación Central de Grandes Contribuyentes que tiene la competencia del gravamen. De ahí, si no les dan la razón, actuarán ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y, después, si corren la misma suerte, continuarán ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a la espera de que plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Este proceso podría alargarse hasta una década.
La otra vía, según las fuentes financieras, es impugnar la orden ministerial con los modelos de liquidación del gravamen que salió publicada en el BOE el pasado viernes. Este recurso se plantearía directamente en la Audiencia Nacional, que si lo considera, podría elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que consideran una de las vías más rápidas para llegar a Europa.
Caso similar
En España ya hubo un sonado antecedente similar con el Modelo 720 (declaración de bienes en el extranjero) que Europa tumbó tras la demanda interpuesta ante la Comisión por el abogado Alejandro del Campo, apoyado en la batalla por el abogado Esaú Alarcón. La Comisión inició en 2015 un procedimiento de infracción contra España, llevándola ante el TJUE, al considerar que su normativa estaba en el límite de lo aceptable. El Modelo 720 exigía a los ciudadanos informar sobre sus bienes en el extranjero y la normativa establecía elevadas multas, de hasta el 150%, por presentarlo fuera de plazo ante la Agencia Tributaria. El TJUE anuló las sanciones en una sentencia de enero de 2022, abriendo la puerta a que los contribuyentes recuperaran el dinero de estas multas.
