El aviso del Banco Central Europeo (BCE) sobre el impacto negativo que podría tener sobre la estabilidad financiera el impuesto temporal que el Gobierno aplicará a la banca no cambiará la hoja de ruta del Ejecutivo. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, minimizó ayer el informe precisamente en los pasillos del Congreso donde la proposición del ley del gravamen fue sometida a un nuevo debate aunque este viernes, otros miembros del Gobierno, incluida la vicepresidenta primera Nadia Calviño, se han abierto a introducir cambios durante su tramitación parlamentaria.
El dictamen del BCE activa muchas alertas. El regulador europeo cree que el impuestazo frenaría la transmisión de la política monetaria a la economía, advierte que restaría capacidad a la banca española para "absorber los posibles efectos negativos de una contracción económica" e insta a las autoridades españolas a permitir que los bancos repercutan su coste en los clientes. Sin embargo, la lectura de Montero destaca que el BCE no plantea la paralización del gravamen a las entidades financieras.
En defensa de su plan, la ministra indicó que antes de poner en marcha la propuesta, el Ejecutivo evaluó el margen de los bancos para poder abordar esta "prestación patrimonial" e insistió en el carácter temporal de dos años.
"El BCE plantea las consideraciones generales a las que estamos acostumbrados", indicó Montero. En esta línea se ha pronunciado también el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al señalar que el dictamen parece un "copia pega" de otros informes en otros contextos económicos.
Sobre la posibilidad de trasladar a los clientes los costes derivados de este incremento, la ministra recordó que el planteamiento del gravamen impide esta opción. En esto ha abundado hoy el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Félix Bolaños.
En declaraciones a TVE, ha señalado que el Gobierno no quiere "que se repercuta en el cliente porque si no, finalmente, acabarían pagando otra vez los de siempre. Lo que queremos es que durante un tiempo corto se grave a las grandes energéticas y entidades a consecuencia de los beneficios extraordinarios que están teniendo" por la subida de los precios de la energía y los tipos de interés respectivamente.
La diferencia entre las declaraciones de ayer de Montero y las de hoy de Bolaños está en que el segundo sí se abre a posibles cambios tras la voz del BCE: "Es un informe que vamos a estudiar, con todo detalle, vamos a ver en qué medida se podría mejorar el diseño del impuesto que hemos hecho". Y esta postura la ha confirmado la vicepresidenta Calviño.
En declaraciones a los medios de comunicación en la Embajada de España en Londres, la también ministra de Asuntos Económicos ha subrayado que "las cuestiones que suscita el BCE ya las habíamos analizado a la hora de diseñar el gravamen y ahora está atravesando el trámite parlamentario, en el que se podrán introducir todas las mejoras que considere adecuadas el Poder Legislativo de nuestro país".
Tampoco ha sorprendido a Calviño la valoración del BCE, ya que lo que hace es señalar cuáles son los asuntos a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones al imponer este tipo de gravámenes, "tanto en España como en cualquier otro país que lo pueda estar considerando".
La opinión del BCE no es vinculante
El regulador europeo, cuya opinión no es vinculante, sobre el impuesto que gravará los beneficios extraordinarios de la gran banca y las energéticas, considera que la propuesta impositiva del Gobierno español "no tiene en cuenta el ciclo económico completo, no incluye los gastos operativos ni el coste del riesgo crediticio".
Tampoco ve clara que su aplicación sea solo para unas pocas entidades porque podría "distorsionar la competencia" en el sistema bancario, tanto en España como en el conjunto de la UE. El impuesto, tal cual está planteado, propone un tipo impositivo del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran aquellas entidades financieras que en 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones de euros. Bajo este sistema entidades como ING o Deutsche Bank quedan excluidas.
Las dudas sobre el impuesto no son nuevas. Desde que se anunciara el 12 de julio la medida con la que el Gobierno espera recaudar 7.000 millones de euros en dos años -incluyendo el impuesto a energéticas-, la batalla no ha parado. Tampoco es la primera opinión que vierte el BCE sobre el impuesto. El Congreso solicitó formalmente al organismo un estudio que le está llevando más tiempo del estimado debido a la complejidad del asunto.
Ya en su primera valoración, el BCE se mostró en desacuerdo con el plan, principalmente por gravar impuestos sin tomar en consideración las provisiones: "Creo que en términos de incentivos, tal vez no sea del todo correcto [...] poner un impuesto sobre los ingresos brutos podría ser un poco engañoso y tal vez un incentivo incorrecto", declaró hace dos semanas el presidente del Consejo de Supervisión del organismo, Andrea Enria, unas palabras que dieron a la banca alas para confiar en que el Gobierno amoldara su plan a la visión europea pero que a tenor de las declaraciones del Gobierno, parece inamovible.
