El nuevo impuesto del Gobierno situará en desventaja a la gran banca, que será la que corra con la factura de 3.000 millones de euros en dos años, frente a entidades medianas, pequeñas, extranjeras y las competitivas fintech. La proposición de ley registrada ayer en el Congreso por el PSOE y Unidas Podemos establece que el nuevo tributo, bautizado como "prestaciones patrimoniales de carácter público y no tributario", aplicará un tipo del 4,8% sobre los ingresos de entidades financieras que recaudaron 800 millones de euros o más en un ejercicio prepandemia, tomando como referencia el año 2019.
La tasa no se cargará sobre beneficio sino sobre una rúbrica especial que integrará márgenes e ingresos netos por intereses y comisiones (ingresos y comisiones cobradas menos las pagadas). Y en la práctica, supone que tendrán que pagar 1.500 millones al año en 2022 y en 2023 apenas una decena de bancos: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja Banco y, previsiblemente, también Abanca, Kutxabank y el Grupo Cooperativo Cajamar.
Algunas entidades, como Sabadell, habían pedido "neutralidad" impositiva, sin exclusiones, ya que reduce la munición y capacidad competitiva frente a aquellas firmas exoneradas precisamente cuando algunos neobancos y fintech están captando clientes y ampliando sus cuotas de mercado.
Al gravar la partida de ingresos netos y, según apunta el director de Accuracy, Alberto Valle, el Gobierno se asegura "un recaudación correlacionada con la evolución del negocio y que no puede reducirse vía provisiones u otros elementos contables". Para el experto "el principal perjudicado es el accionista", dado que, "al tener que pagar un impuesto adicional, hay menos caja disponible al final del ejercicio, lo que supones un menor dividendo y una menor recompra de acciones".
El detalle del nuevo gravamen era un secreto hasta ayer, cuando el PSOE y Unidas Podemos registraron la proposición de ley en el Congreso, y cuya tramitación quieren completar este año para que el tributo se aplique a partir del próximo 1 de enero contra las cuentas de los ejercicios 2022 y 2023.
La norma regulará la tasa 'ad hoc' para la gran banca y un segundo tributo con cargo al sector energético con los que el Gobierno prevé costear medidas sociales y paliativas ante la desbocada inflación y en favor de colectivos vulnerables. En la práctica, su coste lo soportarán casi 20 grandes corporaciones españolas (no aplicará, en ningún caso, sobre compañías extranjeras ni a sus negocios en el exterior).
La tasa a las energéticas
En el caso de las energéticas (eléctricas, gasistas y petroleras), quedarán exentas aquellas corporaciones que no alcancen los 1.000 millones en sus cifras de negocio y otras compañías que tengan negocios energéticos pero cuya facturación sea minoritaria y, por tanto, no suponga el 50% de su ventas. La intención del Gobierno es recaudar a su cargo 4.000 millones de euros en el trienio o 2.000 millones al año aplicando un tipo del 1,2%.
En ambos casos, el abono de las citadas "prestaciones patrimoniales de carácter público" se efectuarán en el mes de septiembre de 2023 y 2024, pero habrá un desembolso a cuenta en cada ejercicio que se materializará en febrero por la mitad de la cuantía a entregar. Este adelanto será de un 50% del tipo del 1,2% y del 4,8%, es decir, la mitad del importe neto gravado. Las cuantías no será gastos deducibles a efectos del impuesto de sociedades y tampoco se podrán trasladar a los clientes.
El tributo a estas "corporaciones estratégicas" es la respuesta gubernamental a la inflación y la crisis económica, explicó el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, después de que el partido registrase la propuesta en las Cortes. El diputado socalista defendió que los beneficios de las empresas gravadas sean aportados a la "solidaridad común", y aseguró que el gravamen "no pondrá en riesgo la viabilidad" de ninguna corporación.
Unidas Podemos celebró la creación de ambos tributos, cuya creación lleva reivindicando desde que se conformó el Gobierno de coalición. Su diputado Pablo Echenique, aseguró que la propuesta es una "buena noticia para el conjunto del país". No obstante, sí mostró su decepción porque la proposición de ley no incluya el nuevo delito propuesto por Unidas Podemos por el que se condenaría con penas de hasta diez años de prisión a aquellas corporaciones que se saltaran las condiciones del impuesto.
Multas del 150% por trasladar la tasa al cliente
La proposición de ley prohíbe expresamente que banca y energéticas trasladen estos costes al consumidor final bajo el riesgo de infracciones consideradas "muy graves".
El organismo encargado de supervisar que los precios no se trasladen a los clientes será la CNMC y, en el caso del sector financiero, contará también con el apoyo técnico del Banco de España. En concreto, la norma fija una sanción en caso de infracción equivalente al 150% del importe repercutido y trasladado al cliente. La coalición considera que esta medida disuadirá a las empresas de trasladar los costes y espera no tener que aplicar procedimientos sancionadores.
En el caso específico de la banca, el director de Accuracy, Alberto Valle, ve "muy complicado" controlar la no repercusión del gravamen a los clientes. "En un entorno de subidas de tipos de interés pero a su vez de gran liquidez en el mercado, con no subir la remuneración a los depósitos a los clientes ya se estaría repercutiendo el impuesto a los ahorradores. ¿Cómo puedes saber cuál es la motivación de no subir ahora esas remuneraciones?. Además el Estado recaudará más si se repercute vía precios, porque se ensanchan los márgenes, con lo que hay pocos incentivos para controlarlo si no es evidente", plantea.
