El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendía con el anuncio de un impuesto extraordinario a la banca para recaudar 3.000 millones de euros en el bienio 2022 y 2023, junto a otro tributo a las eléctricas, con los que ayudará a los más vulnerables a encarar la desbocada inflación y cierra además las heridas abiertas con el socio de coalición Unidas Podemos para poder completar la legislatura atendiendo así una petición expresa formulada por la propia la vicepresidenta Yolanda Díaz. La complejidad de un tributo así planteó dudas sobre cómo abordar el diseño en Hacienda y Economía. Y será el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, un técnico y profundo conocedor de la economía y banca, quien sugiera una formulación que convence, según indican a elEconomista.es varias fuentes. Un portavoz del ministerio lo desmintió, sin embargo, ayer de forma tajante.
El ministro recaló en el gabinete de Moncloa tras haber presidido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), pero había iniciado su trayectoria en el Banco de España, fue asesor del Instituto Monetario Europeo, jefe de la división de política Monetaria del Banco Central Europeo (BCE), Economista jefe del BBVA y director para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea.
Será en el Banco Internacional de Pagos de Basilea donde encuentra, precisamente, la figura inspiradora en la denominada Financial Activity Tax (FAT), un tributo ideado en 2010 para que las entidades pagasen por los rescates y que ya invocó el socio de coalición Unidas Podemos en 2018 cuando reclamó poner una tasa que llamó de solidaridad a la banca. Dicha tasa tendría un efecto similar al IVA.
El proyecto puesto sobre la mesa y que fuentes oficiales han reconocido estos días estar en estudio, junto a otras alternativas, se aplicaría sobre los ingresos por intereses y comisiones, en línea con esa idea. Su formulación sería similar al gravamen del 8% sobre primas de seguros, aunque para la banca Hacienda baraja un recargo del 5%.
La figura ha caído mal en la banca y podría tropezar con el BCE, que entre sus cometidos tiene preservar la estabilidad financiera. Una misión que le capacita para pronunciarse sobre normas en desarrollo que influyan en el sector financiero y que utilizó para rechazar en 2019 la tasa del 5% adicional con que Lituania quería gravar a su banca para asumir gastos públicos. El BCE juzgó indeseable tributos con fines presupuestarios y expuso que cualquier tributo así debía ir precedido de un "análisis exhaustivo" de las potenciales consecuencias para el sector financiero.
Su formulación llega precisamente cuando el BCE y el Banco de España reclaman prudencia a las entidades ante el freno en el crecimiento de la economía y el eventual escenario recesivo que puede derivarse de la situación creada por la combinación de la pandemia, la guerra de Rusia y una inflación desbocada que el BCE buscará matar subiendo tipos. El giro en la política monetaria mejorará los márgenes en la banca, que es lo que aduce el Gobierno para pedirle contribuir a costear los gastos sociales, pero también podría traducirse en morosidad.
La propia banca ha reconocido en la Encuesta de Préstamos Bancarios que realiza el BCE y divulgó ayer el Banco de España que endureció las condiciones de acceso al crédito en el segundo trimestre del año y habrá una "prolongación de la contracción de la oferta de crédito y una disminución de la demanda" en el tercero por los riesgos percibidos, vinculados al deterioro de las perspectivas económicas, la inflación y el potencial auge de la morosidad. Si el impuesto pasase factura adicional porque las entidades limitan la financiación llegaría en el peor momento, cuando la economía necesita gas para remontar la crisis.
En la financiación ha comenzado además a pasar factura el encarecimiento de los precios por la escalada del euríbor en anticipación de la subida de tipos que iniciará precisamente esta semana el BCE y los expertos esperan que acabe llevando el tipo oficial al 1,50% a finales de 2023. Esta situación hace que a la banca le cueste además acopiar recursos para prestar también a mayor coste en los mercados mayoristas como revelan en esa encuesta al BCE en la que participan 12 bancos españoles.
Aquí podría además salirle un competidor si el Tesoro decidiese fomentar, como hizo en el pasado, la inversión de particulares en la deuda pública ahora que el BCE limitará la compra de bonos de los Estados, al poder ofrecer rentabilidades difíciles de encontrar en depósitos bancarios.
Podemos pide cárcel
Desde la óptica puramente recaudatoria, algunos expertos indican que si se detrae resultado (y el tributo podría comerse más del 30% del beneficio generado en España) puede caer la recaudación vía impuesto de sociedades al menguar la base imponible o ante la posibilidad para las entidades de reducir la factura con desgravación de activos fiscales diferidos (DTAs) acumulados por pérdidas y provisiones efectuadas, sobre todo, en los ejercicios de las altos saneamientos de balances y ajustes de plantillas.
Sánchez dijo que será un tributo extraordinario y temporal y que afectará a entidades con ingresos superiores a los 1.000 millones. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales por Podemos, partido inductor de gravar a la banca para financiar costes sociales, abogó ayer por modificar el Código Penal para meter en la cárcel a los directivos de bancos y eléctricas si repercuten la tasa en los precios aplicados a sus clientes.
La vicepresidenta primera y de Economía, Nadia Calviño, ha convocado precisamente el viernes a los máximos responsables del Banco de España, de entidades como BBVA, Santander, CaixaBank y Sabadell, y de las patronales (AEB, CECA y Unacc) para explicarles el impuesto y detallarlo. Fuentes financieras esperan que lo presente cerrado, sin margen para promover cambios.
