BBVA camufló las facturas que pagó a las empresas del grupo Cenyt, del excomisario José Manuel Villarejo. La Fiscalía Anticorrupción confirma en un escrito de noviembre de 2019 que el 63% de las facturas fueron emitidas como facturas financieras "sin un pedido previo y sin que se siguieran los cauces normados y automatizados en los sistemas", según consta en el sumario de la pieza 9 del caso Tándem al que ha tenido acceso este diario. El 37% de las facturas fueron registradas como "logísticas, dado que fueron regularizadas por el Área de Compras, figurando como un pedido previo", asevera el informe del Ministerio Público. Entre los conceptos con los que el banco contabilizó las facturas por el espionaje de Villarejo constaban "quebrantos diversos y otros", "partidas pendientes", "vigilancia ordinaria" o "FP auto de seguridad".

Los directivos que rodean al actual presidente de BBVA, Carlos Torres, están cada vez más señalados en la trama de espionaje. El actual asesor de presidencia del banco, Juan Asúa, imputado en el caso, tuvo un papel clave en la contratación de las empresas del excomisario Villarejo.

BBVA acusa directamente en su informe forensic de la contratación del comisario José Manuel Villarejo a diferentes directivos de la entidad, entre los que no figura su expresidente Francisco González. Según el documento aportado a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elEconomista, el banco sostiene que "las personas que habrían verificado la prestación de los servicios ofrecidos por Cenyt (firma del expolicía) entre 2004 y 2017, según las evidencias obtenidas serían Ángel Cano, Julio Corrochano, Antonio Béjar, Manuel Castro, Ignacio Pérez Caballero e Inés Díaz Ochagavia".

El excomisario de policía, José Manuel Villarejo, esgrimió el 26 de febrero de 2005 lo que llamo 'Proyecto FG', un plan para "boicotear" las acciones previstas contra BBVA por parte de Sacyr, "provocar el abandono del plan de acoso" contra el entonces presidente del banco, Francisco González (FG) y, con ello, colaborar en su "valoración personal y de reconocimiento" en la junta de accionistas de ese año. Bajo estas premisas, el objetivo del expolicía era contactar con accionistas de Sacyr para poder convencerlos de que actuaran a favor de FG, según se desprende de la información del caso que tiene este diario, que forma parte del sumario.

El fiscal Anticorrupción del caso Ausbanc, José Perals, ha asegurado este miércoles en el juicio contra, entre otros, el presidente de la asociación, Luis Pineda, que el procedimiento no comenzó con una denuncia anónima, como asegura el acusado, sino con una denuncia del Ministerio Público tras practicar "una serie de diligencias" durante nueve meses. Sin embargo, el primer tomo del sumario del caso señala que una denuncia anónima ante la Unidad contra Delitos económicos y Financieros (Udef) puso a las autoridades en la pista. La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante el Juzgado Decano Central de Instrucción el 13 de noviembre de 2015, nueve meses después de que la Udef recibiera el 2 de febrero de 2015 una "denuncia anónima" sobre Ausbanc.