El presidente de honor de BBVA, Francisco González, ordenó al excomisario de policía José Villarejo, controlar los movimientos de una serie de personalidades para frenar el asalto de Sacyr, con la ayuda del entonces Gobierno socialista, al banco, del que por entonces era su máximo responsable, según se desprende de la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional sobre el caso Tándem, que investiga las presuntas actividades delictivas de Villarejo.
Debido a la trascendencia, el tribunal ha decidido abrir una pieza separada por los contratos realizados por BBVA con el comisario, que actualmente se encuentra en prisión preventiva por esta causa.
El banquero reclamó al inspector pinchar miles de llamadas telefónicas de, entre otros, el jefe de la Oficina Económica del Ejecutivo y antiguo directivo de BBVA, Miguel Sebastián; el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero; el antiguo accionista de esta constructora, Juan Abelló; al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato; al que fuera copresidente del banco, Emilio Ybarra; y al exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos Arenillas.
Estas intervenciones se remontan al año 2004, meses después de que el PSOE ganara las elecciones generales con José Luis Rodríguez Zapatero al frente. En la documentación, según ha podido saber este periódico, se refleja cómo los pinchazos a Miguel Sebastián provocaron la avería de dos de sus teléfonos, llegando a tener que cambiarlos.
Además de estas investigaciones, el equipo de Villarejo tuvo que hacer un seguimiento de miembros destacados del Congreso de los Diputados y de La Moncloa.
Plan de asalto al banco
Francisco González se sirvió del trabajo del policía para desmontar la operación iniciada por Sacyr para tomar el control de BBVA, lo que hubiera supuesto su salida de la presidencia. La constructora anunció la intención de comprar el 3% de la entidad con el fin de entrar en el consejo de administración y tomar su gestión.
La división en el órgano ejecutivo de Sacyr, la oposición del Banco de España (entonces gobernado por Jaime Caruana), la tibieza de la CNMV y los movimientos de Francisco González frenaron la intentona de Sacyr. Por ejemplo, el Banco de España exigió una participación superior al 5% para que la constructora pudiera acceder al consejo de administración del banco, un porcentaje difícil de conseguir por las tensiones en el seno de Sacyr.
Entre las instrucciones que recibió Villarejo, a través del responsable del Servicio de Seguridad del banco, Julio Corrochano, era conocer de primera mano los apoyos que iba a tener el presidente de la constructora, Luis del Rivero, a su operación de derribo. Además, el objetivo era ofrecer asesoramiento a aquellos accionistas y consejeros de esta compañía contrarios al asalto al banco, para que mantuvieran su posición frente a los intereses del empresario murciano.
Justificación de los contratos
González, que ha dejado la presidencia ejecutiva la semana pasada, siempre ha hecho gala de su resistencia a esta operación porque, a su juicio, se opuso a los intereses del Gobierno del turno. Es más, en sus últimas declaraciones ha defendido los contratos con Villarejo, que no solo se circunscriben al caso de Sacyr. "Hasta donde sé, se han hecho las cosas como hay que hacerlas", señaló en un reportaje de despedida publicado por El País el pasado 30 de diciembre, un día antes de dejar su cargo.
En este mismo diario, el banquero señaló que, "este tema para mí no tiene relevancia, lo hace el departamento de seguridad con normas muy estrictas". Además, señala, sin desmentir los contratos con Villarejo, que se enteró de los mismos hace unos meses, aunque reconoce que "sabía que el banco llevaba a cabo trabajos de inteligencia para defenderse".
Fuentes del banco no quisieron realizar ninguna declaración a este diario sobre las investigaciones de la Audiencia Nacional y de los pinchazos telefónicos. En un comunicado oficial, BBVA sí ha querido puntualizar que de "ser ciertas las informaciones sobre el Grupo Cenyt (firma de Villarejo) revestirían una indudable gravedad".
Al hilo, la entidad confirma que en junio de 2018 inició una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por dicha empresa y solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible. "Ambas actuaciones están en curso en la actualidad", destaca la nota.
En definitiva, BBVA asegura que si en las investigaciones se acreditara la existencia de irregularidades, el banco "tomará las medidas internas que procedan y llevará a cabo las acciones judiciales pertinentes, y como siempre, colaborará con la justicia".
Según publicó ayer El Confidencial, BBVA pagó a Villarejo algo más de medio millón de euros por los trabajos con respecto al asalto de Sacyr. Hace unos meses, algunos medios informaron que, en cinco años, el inspector de policía había recibido del banco unos cinco millones de euros para investigar a Ausbanc, asociación encabezada por Luis Pineda que, presuntamente, chantajeaba a las entidades para retirarse de casos judiciales y evitar la publicación de informaciones negativas. Pineda, a día de hoy, permanece en prisión por supuestos delitos de extorsión.
Complica la jubilación 'dorada'
El 'caso Villarejo' está complicando los primeros días de la jubilación de Francisco González. El banquero dejó la pasada semana la presidencia ejecutiva de BBVA después de más de dos decenios al frente de la entidad. El ejecutivo gallego se está viendo envuelto en medio de las investigaciones que está desarrollando la Audiencia Nacional por los pagos que realizó el banco al excomisario de policía y que están saliendo a la luz en la actualidad.
González decidió en septiembre anunciar su salida anticipada de BBVA, pocas semanas antes de que se desvelara que había contratado a Villarejo para investigar a Ausbanc. Ahora, se conoce que también le encargó trabajos para frustrar el plan de asalto de Sacyr al banco.
El hasta ahora presidente, que mantendrá un cargo honorífico en la entidad, tiene derecho a percibir el fondo de pensiones acumulado, por importe de 79 millones de euros, una vez que ha dejado todas las funciones ejecutivas.
La jubilación de González estaba prevista para finales de 2019 ,cuando iba a cumplir los 75 años, edad fijada por los estatutos de la entidad. Sin embargo, él mismo ha decidido anticipar su marcha. En las explicaciones dadas, ha destacado que este adelanto obedece a que el banco está preparado para la renovación de la cúpula, al contar con un equipo "fabuloso".
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