BBVA acusa directamente en su informe forensic de la contratación del comisario José Manuel Villarejo a diferentes directivos de la entidad, entre los que no figura su expresidente Francisco González. Según el documento aportado a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elEconomista, el banco sostiene que "las personas que habrían verificado la prestación de los servicios ofrecidos por Cenyt (firma del expolicía) entre 2004 y 2017, según las evidencias obtenidas serían Ángel Cano, Julio Corrochano, Antonio Béjar, Manuel Castro, Ignacio Pérez Caballero e Inés Díaz Ochagavia".
Todos ellos están imputados en la causa judicial que investiga la trama de espionaje encargada supuestamente por el grupo financiero. Destacan en esta lista el que fuera consejero delegado, Ángel Cano, y el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, y el exdirector de riesgos, Antonio Béjar, que ha sido el único que ha colaborado hasta el momento con la Audiencia Nacional con la aportación de testimonio, datos e información.
El informe, para el que han trabajado PWC, Garrigues y Uría Menéndez, indica en las conclusiones que dieron autorización para el pago de las facturas a Cenyt por una suma de 10,2 millones Cano, Javier Malagón, Corrochano, Béjar, Ricardo Gómez, Beatriz Aguiriano, Ignacio Pérez Caballero e Inés Díaz Ochagavia.
El escrito de BBVA señala que los centros de coste es donde se registraron las facturas emitidas y hace un desglose de las mismas: "partida de varios no clasificados"; "pendientes"; "quebrantos diversos y otros"; "quebrantos" y "FP Auto Seguridad"; además de "protección corporativa", "Junta General de accionistas (Financial Holding)", y "Quebrantos diversos y otros". Las facturas, prosigue el forensic, "fueron contabilizadas en diferentes cuentas contables asociadas a dichas partidas.
