La declaración judicial de BBVA por el 'caso Villarejo' ha sido intensa y larga, además de accidentada. Los representantes legales del banco han acudido esta mañana a la Audiencia Nacional a primera hora y han salido casi a las 18:00. La comparecencia proseguirá el próximo día 29.
La comparecencia, en la que el banco ha aportado algunos datos novedosos sobre la presunta trama de espionaje a políticos y empresarios, ha sufrido un receso de unas cuatro horas porque el magistrado Manuel García Castellón ha tenido que tomar declaración a varios investigados por otra causa, la relativa a los disturbios de Cataluña.
BBVA, que ha tenido que esperar a la tercera citación para dar explicaciones por los contratos a empresas de Villarejo entre 2004 y 2017 (las otras dos anteriores fueron pospuestas), continuará declarando otro día, ya que no ha habido tiempo a que la Fiscalía haya podido hacer todas sus preguntas, por lo que los abogados de la entidad tendrán que volver a acudir a la Audiencia Nacional el próximo día 29 a culminar el interrogatorio.
Según fuentes jurídicas, el banco ha tenido que responder a cuestiones de tipo personal de los posibles directivos y exdirectivos implicados como a las corporativas, que hacen referencia al propio grupo financiero. Esta comparecencia contrasta, por ejemplo, con la de su expresidente, Francisco González, del lunes, en las que los temas que se trataron solo tenían que ver con asuntos de tipo individual.
BBVA, que está imputado por descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y corrupción en los negocios desde verano, había señalado que colaboraría con la Justicia y, según está transcurriendo la jornada, todo parece indicar que ha contribuido. En los últimos meses habría entregado al juez algunas informaciones relevantes descubiertas en su investigación interna, que continúa abierta después de año y medio.
Niega responsabilidad
A través de un comunicado, la entidad señaló, tras la declaración, que su abogado respondió a todas las preguntas planteadas por el juez y los fiscales, y que defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para el grupo.
Insistió en que "el proceso judicial sigue sujeto a secreto de sumario, lo que limita la información que la entidad puede difundir públicamente sobre este caso, dada la exigencia de no interferir en la investigación judicial".
En la nota el presidente de BBVA, Carlos Torres, recordó que "nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos colaborando con la Justicia, como hemos hecho hasta ahora". "Somos un banco con fuertes valores y principios", hizo hincapié.
La entidad pagó, al menos, 10 millones de euros al comisario desde 2004 para abortar el asalto de Sacyr, para que le diera datos sobre los empresarios Fernando Martin y Luis Portillo, y sobre la asociación Ausbanc.
