La petición de imputación de Francisco González (FG) por parte de la Fiscalía Anticorrupción abre un futuro incierto para el expresidente de BBVA durante más de dos décadas. De momento sólo se trata de una mera solicitud por parte del Ministerio Fiscal por distintos delitos (cohecho y revelación de secretos), pero de prosperar y acabar en condena el banquero se enfrentaría con hasta 9 años de prisión, además de probables multas económicas.
El cerco judicial se empieza a cerrar para FG tras año y medio de investigación por parte de la Audiencia Nacional y de la propia entidad para esclarecer las supuestas escuchas ilegales practicadas a empresarios y políticos desde 2004 a 2017. La petición de la Fiscalía, en principio, se circunscribe a una de las piezas, la que hace referencia a las interceptaciones de las comunicaciones por el caso Sacyr, que es el que dio comienzo a este tipo de prácticas.
Las escuchas encargadas a Villarejo para investigar a los clientes morosos, como los constructores Fernando Martín y Luis del Portillo, y a la asociación Ausbanc se han quedado, por ahora, fuera de la solicitud del Ministerio Fiscal.
El delito de cohecho está tipificado con penas de cárcel de entre tres y seis años, mientras que el delito de revelación de secretos está castigado con prisión entre uno y dos ejercicios.
Según los informes del excomisario analizados por la Audiencia Nacional, de los que este periódico ha venido desvelando desde principios de 2019, FG era el urdidor de esta trama y el que supervisaba todos los pasos se daban en el espionaje. Así lo revelaba el exdirector de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano, que era el que mantenía el contacto directo con el exinspector de la Policía. Hay que tener en cuenta que Sacyr a finales de 2004 planteó un órdago al banco con su pretensión de tomar su control con ayuda del entonces gobierno socialista, para lo que era imprescindible el cese inmediato de FG.
El movimiento de la Fiscalía hizo reaccionar al banquero. A través de un comunicado, ha querido "reafirmar la plena disposición a colaborar con la Justicia", tal y como ya expresó en un nota el pasado mes de julio, cuando el juez apuntó a que la cúpula consistió los encargos por beneficio personal y empresarial.
Reacción del banquero
El 30 de julio FG señaló que "en mayo de 2018, nada más tener conocimiento a través de lo publicado en un medio de comunicación de la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al ex comisario Sr. Villarejo, por parte del banco, impulsé una investigación interna en BBVA", y agregó que "desde que se abrió? la pieza BBVA, he estado máximamente interesado en colaborar con la justicia, con la mayor transparencia y objetividad".
Además, de prosperar todas las acusaciones FG podría llegar a perder una parte del sueldo que tiene retenido. Es la partida variable que está sujeta a la cláusula de las malas prácticas, según la nueva regulación bancaria. De hecho, BBVA en algún momento ha llegado a insinuar en que adoptaría una decisión sobre este punto a una imputación.
El banquero dejó el banco a finales del año pasado, días antes de que saliera a la luz pública el caso de las escuchas ilegales, aunque mantuvo la presidencia de honor. Renunció a este último cargo horas antes de que se celebrara la junta de accionistas de la entidad, en marzo, por presión de algunos accionistas, molestos con la presencia de FG en la estructura del banco.
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