BBVA ha despedido a Antonio Béjar, el que fue responsable de Inmobiliario del grupo entre 2008 y 2014, y posteriormente, presidente de Distrito Castellana Norte (firma participada por el banco), hasta este pasado mes de julio. Antonio Béjar está imputado por cohecho activo y revelación de secretos en el caso que investiga los espionajes encargados por el banco al excomisario de Policía, José Manuel Villarejo. El ya exdirectivo de la entidad fue el único de los ocho empleados y exempleados de BBVA encausados que mostró su predisposición a colaborar con la Justicia.
Fuentes del banco desligan que su marcha del grupo está relacionada con dicha colaboración con el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ya que la entidad es la primera interesada en esclarecer los hechos sucedidos y es la primera que ha demostrado que está aportando información a la causa a través del informe forensic. Las mismas fuentes señalan que su cese está vinculado precisamente "al procedimiento interno de la investigación". Este análisis se inició en la primavera de 2018 y concluyó este verano, aunque BBVA no descarta abrir nuevas líneas de investigación en el futuro.
De esta manera, la salida de Béjar se debe a su posible papel en los contratos que el banco firmó con Villarejo y que desencadenaron masivas escuchas telefónicas a políticos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y relevantes empresarios como el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, entre 2004 y 2017. En este sentido, el ya exdirectivo de BBVA admitió al juez que desde el área que dirigía se firmaron contratos con Cenyt (firma del excomisario), aunque para recuperar saldos morosos. En ningún momento reconoció que supiera de la existencia de este tipo de prácticas ilegales para conseguir el objetivo de los encargos.
Concretamente, Béjar pidió que se investigara al exconstructor Fernando Martín y al expresidente de Colonial, Luis Portillo, con el fin de recuperar 80 millones que debía el primero y otros 60 millones que adeudaba el segundo. Según el expresidente de Distrito Castellana Norte, desde el banco se consideraba que el grupo Cenyt era la compañía de inspectores que tenía la entidad azul y su colaboración continua con BBVA no extrañaba a nadie porque eran parte del paisaje de la entidad.
La salida de Béjar es la segunda marcha de gran relevancia en la cúpula del banco. Este verano, aunque sin una relación directa con el caso, el que fuera responsable del área jurídica y control interno, Eduardo Arbizu, fue cesado de sus funciones. El exdirectivo fue sustituido por Ana Fernández Manrique, que desde entonces es directora de regulación y control interno. El cese definitivo del expresidente de Distrito Castellana Norte se produce dos semanas antes de que los abogados de BBVA comparezcan ante el magistrado de la Audiencia Nacional para dar sus explicaciones como consecuencia de la imputación del grupo en la trama por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.
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