El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado a BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios por los presuntos encargos de espionaje al excomisario José Manuel Villarejo.
El juez ha tomado esta decisión después de analizar el informe aportado por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó el pasado miércoles la imputación del banco, según informan fuentes jurídicas. Asimismo, García Castellón ha rechazado la petición de BBVA de personarse como afectado en la causa, tal y como solicitó el Ministerio Público.
Anticorrupción señaló en su informe que los "pagos presuntamente ilícitos" realizados a la empresa Cenyt, del excomisario José Manuel Villarejo, "afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo temporal".
Según la Fiscalía, "alguno" de los directivos investigados "habría percibido dádivas del entorno del grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones", lo que supondría un delito de corrupción en los negocios. Entre los directivos y exdirectivos del banco imputados están el exconsejero delegado, Ángel Cano; el exjefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano; el responsable de Control y Datos en Finanzas, Javier Malagón Navas; la directora de Seguridad Corporativa, Inés Díaz Ochagavía; el jefe de equipo de Seguridad, Nazario Campo; el consejero de la filial turca Garanti, Ricardo Gómez Barredo; el presidente de Distrito Castellana Norte (firma participada por BBVA), Antonio Béjar; y el director de Red de Banca Cormercial, Ignacio Pérez Caballero.
El Ministerio Público señaló que las contrataciones a Villarejo habrían tenido por objetivo el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o investigación de naturaleza patrimonial y "carácter ilícito". Estas labores realizadas por Villarejo serían incompatibles con la condición de funcionario policial en activo que tenía (delito de cohecho activo). Además, en el desarrollo de la prestación de servicios contratados, habría implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria, lo que constituirían múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
BBVA aporta documentos
El Ministerio Público llegó a esta conclusión tras el análisis de la documentación, tanto en papel como digital, que se incautó en los registros practicados en noviembre de 2017 en los distintos domicilios del excomisario de policía. Villarejo tenía guardados cientos de documentos y pendrive con información de varias de sus investigaciones. Además, Anticorrupción también basó su investigación en la documentación aportada por BBVA y que acreditaría la contratación de las firmas del exinspector.
