El excomisario José Manuel Villarejo desmiente de forma tajante al expresidente de BBVA, Francisco González (FG), sobre quién ordenó desde el banco algunos de los trabajos de espionaje. En los papeles que están en manos de la Audiencia Nacional, que investiga el caso de las escuchas ilegales, el expolicía relata que fue el ya exmáximo responsable del grupo financiero el que tuvo la iniciativa de investigar, al menos, al constructor Fernando Martín en 2009.
González en todo momento se ha intentado desligar de estas conductas presuntamente ilícitas. Así, en la carta de renuncia de su cargo honorífico del banco del 14 de febrero sostuvo que en los últimos 22 años ha trabajado "siempre con unos principios de ética y de rigor", negando así su implicación en los acontecimientos. En febrero, su sucesor Carlos Torres avanzó que le había trasladado que "no sabía nada" y que "tenía la conciencia muy tranquila".
Sin embargo, Villarejo sostiene que "por iniciativa del presidente" (González) se puso a trabajar para averiguar los fondos de Fernando Martín, en cualquier parte del mundo a petición del Departamento Jurídico de España y Portugal, que siguió los "consejos de Kol" (Julio Corrochano, entonces jefe de seguridad del banco).
El contrato, por el que el expolicía podría haber cobrado entre 4 y 11 millones, se cerró en un encuentro posterior a una cita que mantuvo y que grabó, tal y como publicó este periódico, con el jefe de dicho departamento, José Manuel García Crespo. En esta cita, Villarejo explicó de las herramientas que utilizaba en sus trabajos, como pinchazos telefónicos, y que había que ser extremadamente cuidadosos porque Martín contaba con unos sistemas de comunicaciones potentes, capaces de detectar móviles. En el encuentro también estuvieron dos abogados de Simmons & Simmons, que estaban siendo intermediarios de la entidad.
Segundo encargo
BBVA se puso en las manos Villarejo por segunda vez para investigar al constructor, después de haberle encargado los trabajos para tumbar la operación de asalto de Sacyr en 2004 y 2005, que derivó en escuchas masivas a políticos y empresarios, entre los que destacan la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; el exjefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián; y el expresidente de la constructora, Luis del Rivero. En 2012, el banco volvió a reclamar sus servicios para indagar sobre la asociación Ausbanc. La contratación del expolicía para el caso de Fernando Martín se produjo después de que la empresa de detectives Kroll, según Villarejo, fracasara en sus indagaciones sobre el patrimonio del empresario, que había dejado una deuda de entre 80 millones a la entidad tras haber declarado la suspensión de pagos de Martinsa Fadesa. La entidad no financió a la compañía, el constructor había pedido a modo personal 125 millones al banco para completar la financiación que necesitaba.
El objetivo era que el equipo de inspectores de Villarejo investigara al constructor, a su esposa e hijos y a sus socios más cercanos para conocer si había ocultado dinero en el extranjero y evitar la recuperación de la deuda impagada sin necesidad de acudir a la vía judicial, sino a través de presiones.
Cuestión personal
La implicación de González tiene su razón de ser no sólo por ser entonces el presidente del banco, sino porque como reconoció el director del Departamento Jurídico a Villarejo el "tema había dolido" y se trataba de una cuestión personal. Cabe recordar que años antes Martín había formado parte del núcleo duro de grandes accionistas que había conformado González bajo su presidencia tras el intento de Sacyr de controlar el banco.
La orden directa del expresidente del banco se produce en vísperas de que el juez de la Audiencia Nacional pueda imputarle, tras haberse admitido las denuncias de Del Rivero y de Sebatián, a falta de aún conocer el futuro de la demanda interpuesta del exvicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, y después de que el banco haya remitido ya buena parte de la documentación de la investigación interna que el grupo financiero a encargado a Garrigues, Uría y PwC.
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