Las competencias de la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero han salido ampliadas en el penúltimo trámite antes de que su regulación llegue al Consejo de Estado. La última versión del anteproyecto de ley que regula la creación de este organismo, llamado a erradicar décadas de alta litigiosidad entre usuarios y entidades financieras, extiende su espectro a cualquier entidad que comercialice productos o servicios financieros aunque no esté vigilada por los supervisores financieros, y le capacita para dirimir sobre controversias tanto económicas como no económicas.