El nuevo curso político dio ayer su pistoletazo de salida con la celebración del Consejo de Ministros, en el que se aprobó la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las afectadas por los incendios e inundaciones que se vienen sucediendo desde el pasado 24 de junio –han sido 121 emergencias, de las cuales 114 corresponden a incendios y 7 a inundaciones–. Una vez declaradas zonas de emergencia, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil establece las medidas en materia de recuperación, y es a través de un Real Decreto (RD) por el que se regulan las cuantías, que por ahora se han activado las mínimas que establece la normativa. Así, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que serán los propios ministerios los que concretarán lo que se destinará a cada partida, "ya que se abren a incrementarlas a través de otro RD".

El nuevo curso político ha dado hoy su pistoletazo de salida con la celebración del El Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las afectadas por los incendios e inundaciones que se vienen sucediendo desde el pasado 24 de junio.

Los ataques cibernéticos afectan de la misma manera a las grandes corporaciones, organismos públicos como a las pequeñas y medianas empresas, ya que los ciberdelincuentes no distinguen el tamaño de la empresa a la hora de acceder de manera ilegal a los datos de las compañías. Lo que si tienen en cuenta son las trabas para acceder a ellos, y en este ámbito, las compañías de reducido tamaño son las que menos preparadas se encuentran, y pueden tardar en detectar que están siendo hackeadas hasta 204 días –según datos de IBM Security–, lo que hace que se convierten en el blanco "fácil" para los ciberdelincuentes. Así, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) señala que la debilidad de estas empresas se encuentra en la escasez de recursos que destinan en esta materia, ya que se escudan en que son demasiado pequeñas para que les ataquen, pero los datos muestran lo contrario. En España, más del 60% de los ciberataques se dirigen a pequeñas y medianas empresas. En este sentido, Lazarus Technology, proveedor global de ciberseguridad, advierte de que el 80% de estas empresas carece de sistemas preventivos sólidos, lo que expone sus datos, operaciones y reputación a riesgos críticos.

De cara al próximo curso político, que ya se encuentra a la vuelta de la esquina y que dará el pistoletazo de salida este martes con la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa –y en el que se espera que se declaren zonas catastróficas las afectadas por los incendios–, las patronales de autónomos ya presionan al Gobierno para que comience a trabajar en reformas que liberen la fiscalidad de los trabajadores por cuenta propia o mejoren las condiciones actuales cuando ponen fin a su actividad. En este sentido, en el punto de mira se encuentra la prestación por cese de actividad, ya que en el mes de julio –últimos datos disponibles– el 61% de solicitudes para acceder al paro por parte de los autónomos fueron desfavorables, lo que significa que las solicitudes fueron rechazadas. Del total de 8.866 peticiones que recibió el ministerio liderado por Elma Saiz, 5.405 se catalogaron como "desfavorables", lo que impidió a un gran número de autónomos no acceder a esta prestación que se creó bajo la premisa de "proteger a los autónomos que se ven obligados a cerrar su negocio por causas no voluntarias, como pérdidas económicas significativas, deudas, o motivos de fuerza mayor".