Madrid 
El nuevo curso político comienza hoy con la celebración del primer Consejo de Ministros tras el periodo de vacaciones de verano. En él, se espera que los ministros aprueben la declaración de zonas de emergencia las afectadas por los incendios que se han llevado por delante en apenas unas semanas más de 350.000 hectáreas, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).
Esta cifra, unida a los incendios que ya se habían declarado a lo largo del ejercicio y que suman más de 411.000 hectáreas quemadas en 252 incendios en lo que va de 2025, firman así el que ha sido el peor año en la historia de España, superando en 104.760 las hectáreas que se quemaron en el año 2022, el que había sido el peor año hasta la fecha. Para poner en magnitud la cifra, del 1.015.024 hectáreas quemadas este año en la Unión Europea, el 39,6% pertenecen a España.
Se trata de una petición que han reclamado desde las últimas semanas algunos ayuntamientos y gobiernos regionales han reclamado al Ejecutivo la declaración de zona de emergencia para que se pongan en marcha las medidas que se destinarán para tratar de minimizar los efectos y se comience a trabajar cuando antes en una vuelta a la normalidad.
El Gobierno de Castilla y León y algunos ayuntamientos de Ourense han sido los primeros en realizar esta petición al Ejecutivo, ya que han sido las zonas que más han sufrido el fuego –de las 358.034 hectáreas que han ardido en todo el país, el 43,6%, unas 156.00, pertenecen a Galicia y el 41,7%n 149.000 aproximadamente, a Castilla y León.
Una vez se apruebe en el Consejo de Ministros, el Gobierno tendrá que presentar una batería de medidas destinadas a las áreas afectadas. Y es que, la ley establece que una vez se declara una zona catastrófica, "es el Estado el encargado de la reparación tanto de los desperfectos materiales que se hayan causado por el desastre natural, así como del responsable de las ayudas que se pondrán a disposición tanto de las empresas como de los ciudadanos afectados".
Entre las medidas, se pondrán en marcha ayudas económicas directas, compensación a administraciones locales, ayudas a personas físicas, jurídicas o empresas; o líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) –estas últimas se utilizaron con la Dana y con la pandemia de la Covid-19–. Las ayudas que se destinarán a personas físicas que se hayan visto damnificadas podrían superar los 18.000 euros por solicitante –en los casos más graves– y las destinadas a personas jurídicas podrían rondar los 9.200 euros por firma. Además, en caso de destrucción de la vivienda, para la nueva construcción de podrían destinar hasta 15.120 euros por hogar. Se trata de las cifras que se concretaron en el último incendio con una magnitud similar al de este verano, en el año 2022.
Además, hay regiones, como Castilla y León, que ya están trabajando en sus propias medidas con el objetivo de reactivar cuando antes la normalidad. En la región castellanoleonesa, los agricultores y ganaderos podrán acceder a una ayuda directa de 5.500 euros, afirmó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
Así, para proteger la viabilidad de las explotaciones el Gobierno de Catilla y León compensará, con una indemnización, las hectáreas quemadas. Se destinarán 18 euros por hectárea quemada de pasto; 130 euros por hectárea de cultivo herbáceo, y 240 euros de cultivo leñoso.
Y es que, agricultores y ganaderos son unos de los grandes golpeados por los incendios. Desde COAG estiman que las pérdidas para el sector de más de 600 millones de euros; y desde Agroseguro señalan la pérdida de 19.100 las hectáreas de cultivo por el fuego.
Propuestas de Feijóo
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo presentó ayer un plan integral con 50 medidas frente a los incendios forestales que remitirá a las Cortes Generales. Entre ellas, se destacan un registro nacional de pirómanos en el que se incluyan a personas condenadas en sentencia firme por provocar incendios, quienes deberán portar pulseras telemáticas de localización –esto se debe a que, según cifras del Ministerio del Interior, en los últimos dos meses y medio se han detenido a 41 personas y otras 127 están siendo investigadas por iniciar fuegos–.
Feijóo también incluyó entre sus propuestas la profesionalización de los trabajadores de Protección Civil; un incremento de las ayudas y sin impuestos destinadas a la prevención y extinción de incendios; y más apoyo a la ganadería y el mundo rural. El líder de la oposición señaló que las medidas responden a tres objetivos: atención ágil a los afectados, recuperación de entornos y empleos destruidos, y garantías para que "una tragedia de estas dimensiones no vuelva a ocurrir".
Otras propuestas más concretas pasan por facilitar un alojamiento digno a los damnificados o un mayor refuerzo de seguridad en las zonas temporalmente evacuadas para evitar robos, la creación de oficinas móviles de atención a los perjudicados, ayudas a la alimentación y otros recursos al ganado y a la reposición de reses y el refuerzo de la cobertura de las redes de telefonía.
Desde el punto de vista local y autonómico, el Partido Popular propone la exención temporal de tasas e impuestos para las localidades y empresas afectadas, programas excepcionales de empleo para limpieza de montes, reparación y reconstrucción de viviendas; incentivos rápidos a la reapertura de negocios a autónomos y pymes; excepción de regulación autonómica para garantizar el pago de la PAC el próximo; activación del Mecanismo RED para las industrias o empresas especialmente afectadas, como vía de apoyo y flexibilidad.
Además, plantean ayudas del 100% a las corporaciones locales para sufragar los gastos derivados de la reconstrucción, presentar una Adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia de los Fondos NextGen con un nuevo componente Incendios y la activación del mecanismo RESTORE para flexibilizar el uso de fondos estructurales y dirigirlos a las personas y empresas afectadas.