Madrid
De cara al próximo curso político, que ya se encuentra a la vuelta de la esquina y que dará el pistoletazo de salida este martes con la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa –y en el que se espera que se declaren zonas catastróficas las afectadas por los incendios–, las patronales de autónomos ya presionan al Gobierno para que comience a trabajar en reformas que liberen la fiscalidad de los trabajadores por cuenta propia o mejoren las condiciones actuales cuando ponen fin a su actividad. En este sentido, en el punto de mira se encuentra la prestación por cese de actividad, ya que en el mes de julio –últimos datos disponibles– el 61% de solicitudes para acceder al paro por parte de los autónomos fueron desfavorables, lo que significa que las solicitudes fueron rechazadas. Del total de 8.866 peticiones que recibió el ministerio liderado por Elma Saiz, 5.405 se catalogaron como "desfavorables", lo que impidió a un gran número de autónomos no acceder a esta prestación que se creó bajo la premisa de "proteger a los autónomos que se ven obligados a cerrar su negocio por causas no voluntarias, como pérdidas económicas significativas, deudas, o motivos de fuerza mayor".
Así, desde UPTA (Unión Profesional de Trabajadores Autónomos), señalaron –a través de un comunicado en el que reflejaban sus cinco prioridades para el próximo ejercicio–, la necesidad de una reforma en esta prestación "ya que no responde adecuadamente a las necesidades del colectivo". Además, desde la patronal también reclaman al Gobierno la creación de un subsidio para los autónomos mayores de 52 años. En muchos casos, los más sénior agotan las prestaciones que se ponen a su disposición a lo largo de su carrera laboral y, al llegar a los 52 años, se encuentran desamparados por el sistema, lo que da lugar a una situación de desprotección social en una franja de edad cada vez más vulnerable a la hora de encontrar trabajo.
Otra medida clave, y que se encuentra en el punto de mira desde hace meses por la negativa de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) a negociar, es la reforma del sistema de cotización de los autónomos. El nuevo sistema nació fruto del acuerdo entre el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, junto a las principales asociaciones de autónomos. Esta reforma conllevaba empezar a cotizar por los ingresos reales a través de los tramos propuestos por el ministerio. Esas bases han quedado obsoletas, y este año deben fijarse las que se utilizarán para los próximos tres años (2026, 2027 y 2028). La primera mesa para negociar las nuevas cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se celebró el pasado mes de junio, pero ATA no asistió a la reunión, ya que piden esperar a tener más información y consideran necesario haber regularizado al menos dos años antes de sentarse a negociar nuevas cuotas, proponiendo prorrogar las cotizaciones de 2025 a 2026 para tener un año más de margen.
Así, las patronales señalan que el modelo de cotización basado en ingresos reales requiere una segunda fase de desarrollo para ajustarse mejor a las distintas realidades profesionales y, desde UPTA, exigen al Gobierno reactivar las negociaciones para tratar de llevar a un acuerdo. En los primeros cuatro meses del año, 14 autónomos murieron en horario laboral y se registraron un total de 8.923 accidentes de trabajo con baja entre las personas trabajadoras autónomas, de los cuales 8.280 ocurrieron durante la jornada laboral y 643 fueron accidentes in itinere. Del total de accidentes, 179 fueron catalogados como graves. Con estos datos sobre la mesa, la prevención de riesgos laborales se postula como una prioridad en el colectivo y las patronales exigen un nuevo marco "que responda a las particularidades del trabajo por cuenta propia y refuerce la seguridad de quienes ejercen en sectores de mayor exposición".
Desde hace años, las patronales también vienen exigiendo una revisión de la política fiscal y una reforma de los impuestos a los que tienen que hacer frente los trabajadores por cuenta propia, siempre con el objetivo de aliviar la carga fiscal a la que se lleva sometiendo durante años al colectivo de trabajadores por cuenta propia. Así, señalan que, a pesar de que un gran número de autónomos han visto incrementada su facturación, el 80% sigue "asfixiado por la carga fiscal a la que se ven sometidos".