Los hospitales satélites catalanes, en el aire

Durante el verano, la Generalitat de Cataluña descartó la construcción de un macrohospital en la Fira de Barcelona, al estilo del que hubo en Ifema, por "problemas de gobernanza". En su lugar la Consejería de Salud comandada por Alba Vergés optó por levantar cinco anexos junto a centros sanitarios en funcionamiento, para luchar contra la segunda oleada del Covid. En un principio, estas infraestructuras deberían estar operativas para comienzos de años. En concreto para el día 1 de enero de 2021. Pero, se comenta, que va a ser complicado cumplir el plazo. Por lo visto las obras, que parten de un presupuesto conjunto de cerca de 70 millones, van "muy justas" y será difícil que "los hospitales satélite se puedan inaugurar en la fecha prevista". Como era previsible el equipo de Vergés da la callada por respuesta. Pero fuentes cercanas a la Generalitat aseguran que son muchos en el entorno del Govern los que consideran que fue prematuro desterrar la construcción del macrohospital. "Entonces se renunció por la falta de personal sanitario para operar el centro. Pero con el paso de los meses se está comprobando que Vergés cometió un error, que puede dejar a la región indefensa ante una segunda oleada de la pandemia", aseguran fuentes cercanas al Gobierno catalán.

¿Presiones del PSOE para aislar a Iglesias?

Como era previsible, la posible imputación de Pablo Iglesias por el Tribunal Supremo ha vuelto a crear tensiones en el Ejecutivo de coalición. Desde Podemos aparentan tranquilidad. Pero la realidad es diferente. De hecho, la inquietud no se queda en el Consejo de Ministros. Muy al contrario, se rumorea que desde Ferraz se presiona al presidente Pedro Sánchez para que obligue al vicepresidente segundo del Gobierno a “mantener un perfil bajo, ante las altas posibilidades de que el Supremo le acabe imputando”. Por lo que se comenta, en las filas socialistas sentaron muy mal las críticas a la Monarquía por parte de Iglesias y consideran que “otra salida de tono”, ahora que tiene que defenderse ante su público, sería muy peligrosa. “Pagamos y seguiremos pagando el error que supuso vetar a Felipe VI en el acto del Consejo General del Poder Judicial en Barcelona, y no podemos permitirnos comentarios polémicos de Iglesias contra la Justicia”, dice un veterano político socialista. Se comenta que esta opinión es compartida por buena parte del Gobierno y por Ferraz.

La opacidad de los asesores de Montero

En los tiempos en los que Irene Montero era solo una diputada de Podemos cargó desde su escaño en el Congreso contra el exceso de asesores “elegidos a dedo” con los que contaban los ministros o los presidentes regionales. Pero dicen que replica ahora lo que tanto criticó en el pasado. Lo demuestra la existencia en el Ministerio de Igualdad de 16 asesores, “todos ellos nombrados a dedo”, aseguran desde la oposición, que suponen un coste cercano al millón de euros al año para las arcas públicas. También se sabe que Noelia Vera y Amanda Meyer son dos componentes de ese nutrido equipo de expertos de Montero y lo que cobran. Pero en cuanto al resto, el desconocimiento es la nota dominante, salvo por las informaciones aparecidas en medios de comunicación. Se rumorea que acudir al portal de transparencia o al BOE o la página del Ministerio de Igualdad en busca de datos sobre los asesores de Montero es una labor estéril. Esa opacidad llama poderosamente la atención. Más aún si se tiene en cuenta que la propia ministra aseguró el pasado mes que “el currículo de sus asesores ha sido publicado varias veces en el BOE” y que su elección se ha realizado siguiendo los criterios de transparencia, como en el resto de ministerios. “La llegada de Podemos al poder ha demostrado que forman parte de esa casta que tanto criticaban en el pasado”, dicen en un partido de la oposición.

Las CCAA, hartas de los retrasos de Sanidad

elEconomista publicó el pasado 28 de septiembre que la compra de material sanitario por 2.500 millones para hacer frente a la segunda ola del coronavirus estaba atascada en el Ministerio de Sanidad. Y eso a pesar de que la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas, y el ministro del ramo, Salvador Illa, anunciaron que las adjudicaciones se harían en agosto para que las comunidades autónomas pudieran recibir los equipos durante el pasado mes de septiembre. Pues bien, se rumorea que este retraso ha hartado a los gobiernos regionales. Es más, cuentan que en algunas administraciones autonómicas están buscando sus propias vías de suministro ante la demora que acumula Sanidad con el lote que anunció en agosto. No obstante, las CCAA no son las únicas que se han cansado de los incumplimientos de Sanidad. De hecho, se comenta que existen al menos dos Ministerios que tampoco están dispuestos a esperar a Sanidad y han tramitado licitaciones en las últimas semanas para adquirir equipos con los que proteger a sus plantillas. “Es intolerable que tras medio año de pandemia, el equipo de Illa siga teniendo retrasos en las compras del material médico”, indican desde un Gobierno regional.

Aluvión de asesores en el ‘Govern’ en funciones

Poco antes de su inhabilitación, Quim Torra impulsó el nombramiento de más altos cargos en la Generalitat, lo que generó las lógicas críticas de la oposición. Dichas quejas no parecen haber afectado en nada al actual Govern en funciones. Así lo indica el hecho de que se sigan nombrando asesores y cargos de confianza casi cada día. Cuentan que es la Consejería de Presidencia, que dirige Meritxell Budó, la que más engorda la nómina de asesores con personas de confianza provenientes de Junts per Catalunya. Pero el resto de departamentos ahora comandados por Pere Aragonès tampoco se quedan atrás y todos ellos siguen incorporando personal en mayor o menor proporción. En concreto, se comenta que el Govern ha realizado más de 30 nombramientos en solo 20 días. Este incremento es realmente llamativo ya que la legislatura actual carece de recorrido. Es más, hasta tiene fecha de caducidad (el 14 de febrero es cuando probablemente se celebrarán la elecciones autonómicas). “Los actuales nombramientos son intolerables. Todo apunta a que son favores que había que devolver a ciertas personas, que había que colocar en la Generalitat como fuera antes de los comicios”, dicen desde una formación no independentista del Parlament de Cataluña.

Las dificultades de RTVE en Cataluña

Uno de los grandes objetivos que Rosa María Mateo tenía de cara a la nueva temporada de RTVE era convertir la cadena en la "bestia negra de TV3" en Cataluña. Con esa idea, la administradora provisional del ente público y el director de Información y Actualidad, Enric Hernández, potenciaron la programación en catalán, reformaron los informativos territoriales e idearon programas específicos matinales para competir con TV3. Pues bien, el resultado de ese esfuerzo solo puede ser calificado como desastroso. Sirva como ejemplo que la gran apuesta de TVE Cataluña para competir con TV3, el matinal Cafè d'idees que se emite de lunes a viernes de 8.00 a 10.00 horas en La 2, es seguido por unos 7.000 espectadores. Mientras, que Els matins de TV3 congrega a más casi 150.000 al otro lado de la pantalla. Ni siquiera la entrevista realizada a Carles Puigdemont la pasada semana en Café d'idees logró mejorar la cuota, al tener el espacio una medida de poco más de 1.000 espectadores. Algo similar ocurre con los informativos territoriales, que han adelantado su emisión y reducido su duración para rivalizar con los de TV3. De nuevo, el resultado ha sido desastroso pasando de una cuota de pantalla del 5% el pasado año a poco más del 1% actual. "Las cifras de audiencia son ridículas", se quejan desde TVE en Cataluña.

Colau se afana en proteger a Castells

Las informaciones que apuntan a que Pedro Sánchez reformará el Ejecutivo si consigue aprobar los Presupuestos suenan cada vez con más fuerza. Lo mismo ocurre con las quinielas que ya circulan y en las que se detallan los nombres de los ministros prescindibles para Sánchez. Uno de esos nombres que aparece en casi todas las apuestas como damnificado en una próxima remodelación del Ejecutivo es Manuel Castells. Su trabajo no convence en el ala socialista del Gobierno, ni en el mundo académico. Con todo, el ministro de Universidades aún cuenta con una importante aliada: Ada Colau. Según cuentan, la alcaldesa de Barcelona no va a poner nada fácil el cese de su hombre de confianza en el Consejo de Ministros. Tanto es así que, según desvelan en Podemos, la primera edil ya ha hablado en repetidas ocasiones con Pablo Iglesias para que maniobre y evite el despido de Castells. Incluso se comenta que ambos han pactado un sustituto por si finalmente no pudieran impedir el relevo en la cartera de Universidades. A pesar de esos esfuerzos, fuentes de Moncloa comentan que Colau tendrá difícil lograr sus objetivos, ya que la intención de Sánchez es reducir el número de Ministerios, lo que llevaría a integrar Universidades en Educación o Cultura.

La ley catalana de alquiler, ¿blindada tres meses?

Ayer arrancó el plazo de tres meses que el Gobierno tiene para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional y parar la nueva ley del alquileres residenciales de Cataluña. Esta normativa impulsada por el consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, y aprobada por el Parlament a primeros de mes, habilitaba al Govern para intervenir los precios de los arrendamientos. Es decir, es claramente inconstitucional porque vulnera competencias del Estado y arremete de forma evidente contra la propiedad privada. Por si fuera poco, su aprobación fue vista desde Madrid como un nuevo pulso que Quim Torra echaba a Pedro Sánchez. A pesar de ello, y de que el Gobierno central es el único que tiene potestad para acudir al Constitucional, todo indica que la normativa estará blindada durante los tres meses que dura el plazo para impugnarla. Al menos eso es lo que se deja entrever en Moncloa, donde se resisten a dar una fecha clara sobre cuándo interpondrán el recurso. “La idea es apurar al máximo los plazos establecidos”, reconocen desde el entorno del Gobierno. ¿Motivo? “No debemos interferir en la negociación de los Presupuestos con los independentistas”, añaden.

La difícil mudanza de Simón a Sanidad

Al inicio de la pandemia, Fernando Simón tenía su despacho en Moncloa. Pero tras la desescalada, acordó su traslado al Ministerio de Sanidad para poder trabajar junto a Salvador Illa, y así evitar los continuos desplazamientos en su moto que tenía que hacer desde Moncloa para reunirse con el ministro de Sanidad. Pues bien, cuentan que la mudanza del director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias no es nada fácil. El motivo ha sido la escasez de espacio y, sobre todo, de despachos que sufre del Ministerio, que está ubicado en el Paseo del Prado (Madrid). Las estrecheces en la sede eran importantes antes del aterrizaje de Simon, ya que además de Sanidad, el inmueble alberga el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón y la Vicepresidencia de Pablo Iglesias. Por ello, la llegada de Simón y su equipo ha supuesto otro quebradero de cabeza cuya solución es, como poco, llamativa. “Se han tirado tabiques y se ha utilizado un pequeño trastero para que Simón pueda tener un despacho, aunque pequeño”, dicen desde el Ministerio. Las mismas fuentes añaden que, a pesar de las estrecheces, Simón está conforme. “Estaba cansado de cruzar Madrid en moto varias veces al día”, dicen en su entorno.

¿Junqueras en la calle antes de final de año?

La pasada semana el Gobierno hizo dos anuncios de calado que afectan directamente a la situación de los presos y fugados del 1-O: la reforma del delito de sedición y el inicio de la tramitación de indultos. Poco más se sabe de la estrategia que seguirá el Ejecutivo con ambas medidas. Pero desde el entorno del propio presidente del Gobierno se asegura que hay una cosa clara: “Pedro Sánchez tiene prisa, tanto en la reforma como en los indultos”. Según las fuentes, el objetivo del presidente es que Oriol Junqueras y el resto de presos del procés estén en la calle a finales de año. “La salida de prisión de todos ellos favorece la negociación de los Presupuestos con ERC, perjudica a Carles Puigdemont y propicia los intereses electorales de Miquel Iceta”, dicen en el entono del Ejecutivo. Por si fuera poco, se comenta que la inhabilitación de Quim Torra por el Supremo acelerará aún más la implantación de ambas medidas. El fallo del Alto Tribunal hace que cobre aún más fuerza la posibilidad de unas elecciones en Cataluña a finales de enero o principios de marzo. “Sánchez quiere a Junqueras fuera de la cárcel meses antes de las votaciones, ese apartado de su hoja de ruta es indiscutible”, desvelan en el entorno de Moncloa.