Iglesias irrita a la Policía que vigila su domicilio

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tardaron en reaccionar ante una entrevista de Pablo Iglesias realizada la pasada semana en la que el vicepresidente del Gobierno afirmó que los agentes no son fundamentales en la lucha contra el virus. El malestar por esas palabras fue tal que provocó un duro comunicado conjunto de Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército en el que ensalzaban su trabajo durante la pandemia. Además la Policía ha remitido una queja al Ministerio de Interior en los mismos términos. Aunque el enfado con Iglesias se antoja general, cuentan que son los policías que vigilan su chalé en Galapagar los que están más irritados. "Es intolerable que nos critique constantemente cuando velamos por su seguridad y la de su familia durante las 24 horas del día", explica un agente de la Policía Nacional. Por lo que se comenta, el resto de policías encargados de patrullar la vivienda de Iglesias y de su pareja, la ministra de Igualdad Irene Montero, comparten el mismo malestar. No obstante, ninguno de ellos espera cambio alguno en la familia a la que protegen. "Alguien como Iglesias, que escribió hace unos años que la Policía son matones al servicio de los ricos, no puede cambiar. Es evidente que una persona así no está a la altura del cargo que ostenta", añaden en el Cuerpo Nacional de Policía.

El caos administrativo llega a la universidad

El colapso que sufre la Administración del Estado no se concentra solo en las oficinas del Sepe o en las de la Seguridad Social, lo que generan retrasos en los cobros de Ertes o en la tramitación de la jubilación. Muy al contrario, el propio Ejecutivo reconoce que también alcanza al ámbito universitario. Lo demuestra el hecho de que existan en la actualidad más de 32.000 títulos universitarios sin tramitar. Por lo que se comenta, los retrasos en casos como la homologación de títulos extranjeros a españoles alcanzan ya los dos años. La demora evidencia que el caos de la administración también llega a los organismos educativos. En concreto, a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y a la Subdirección General de Títulos, que dependen directamente del Ministerio de Universidades que comanda Manuel Castells. En dicho Ministerio dicen ser conscientes de los retrasos que existen con la tramitación de los títulos y lo achacan a la paulatina pérdida de personal de la Subdirección General. “Sería deseable que el Ministerio aportara alguna solución para reducir unos retrasos que están generando importantes perjuicios en muchos universitarios”, dicen desde una asociación de estudiantes de formación superior.

Colau, inflexible con su nueva tasa de residuos

La tasa de residuos que el Ayuntamiento de Barcelona implantó en febrero está generando un tremendo malestar entre los vecinos de la ciudad. Así lo comentan en el propio Consistorio, donde “no dejan de recibir protestas” por todos los canales posibles. Según dicen desde el entorno de Ada Colau, son los comerciantes los protagonistas de las quejas más airadas. Un malestar que a pocos extraña, si se tiene en cuenta que la tasa se suma a la ya elevada presión fiscal que padecen y que ahoga muchos negocios. Por si fuera poco, el tributo despierta serias sospechas de que implique una doble tributación, porque ya existe uno similar que se paga a través del Área Metropolitana de Barcelona. A pesar de estas dudas, y de la crisis histórica que la ciudad padece por el Covid, pocos confían en que la alcaldesa tenga intención alguna de dar marcha atrás. “En el pasado ya ha demostrado que las protestas le son indiferentes. No obstante, nosotros seguiremos quejándonos y denunciando la doble tributación”, dicen desde una asociación de comerciantes.

El PSOE busca diputados ‘rebeldes’ de Ciudadanos

Se comenta que varios diputados socialistas de la Asamblea de Madrid han hablando con sus homólogos de Ciudadanos para tantear si existe posibilidad de que algunos de ellos se salte la disciplina de partido y apoye una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Parece que estas conversaciones han sido informales y han tenido lugar en los pasillos de la Asamblea madrileña. Por lo que se comenta en el PSOE madrileño, el objetivo que se busca es encontrar a esos tres diputados naranjas para que salgan las cuentas en la votación del Legislativo autonómico. Fuentes cercanas al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, desvelan que hasta el momento estos intentos han resultado infructuosos. Es más, comentan que algunos diputados de Ciudadanos no solo se niegan a ser protagonistas de esta maniobra que la izquierda impulsa contra el PP, sino que se “enfadan bastante” cuando se les comenta la mera posibilidad de romper la disciplina de partido. Las mismas fuentes añaden que el grueso de estas conversaciones tuvieron lugar la pasada semana. Pero no se descarta que vuelvan a producirse intentos en la misma línea, a pesar de la reunión amistosa y los acuerdos alcanzados por la presidenta madrileña con Pedro Sánchez.

La nueva purga que se prepara en Podemos

El próximo 15 de octubre es una fecha clave para Pablo Iglesias, ya que es el día que ha elegido para que Podemos complete el registro de toda su militancia activa. El proceso comenzó hace poco más de una semana con la remodelación de los Círculos y con la introducción de cuotas para todos aquellos que quieran ser afiliados de base y, por tanto, tener derecho a voto. Es cierto que solo se piden tres euros al mes, pero muchos desvelan que esa cuota es la clave para que Iglesias sepa en qué regiones tiene voces críticas o no. “La Ejecutiva sabe que ese pago lo asumirán las direcciones locales para mantener el control de su militancia en primarias y consultas”, dicen desde uno de los Círculos de Podemos. Las mismas fuentes añaden que el pago se convierte entonces en una maniobra de Iglesias que dará pie a otra purga en la formación. “Se está vendiendo como la transformación de los extintos círculos asamblearios en un modelo de partido más tradicional, pero la realidad es que en pocos meses solo quedarán en Podemos los "pablistas”, añaden en un federación regional.

Junqueras-Iglesias: la foto que Sánchez veta

La implicación de Pablo Iglesias para lograr que los Presupuestos sean apoyados por los partidos de la moción de censura le llevó a reunirse esta semana con representantes de ERC y EH Bildu. En concreto, se vio con el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, y con la de los abertzales, Mertxe Aizpurua. Pero cuentan que la interlocución que Iglesias buscaba en el caso de ERC no era la de Rufián sino la del presidente de la formación, Oriol Junqueras. Por lo que se dice en el Ejecutivo, el vicepresidente del Gobierno pidió permiso a Moncloa para desplazarse a la cárcel de Lledoners para encontrarse con Junqueras y lograr su apoyo de ERC para los Presupuestos. Pues bien, se comenta que Iglesias recibió un sonoro "no" a su petición de verse con el líder de ERC. Dicen que fue la vicepresidenta Carmen Calvo la que le trasladó personalmente la prohibición expresa de Pedro Sánchez. Por lo que se rumorea, el argumento que Moncloa utilizó para prohibir la visita a la cárcel fue que "ese tipo de acciones no se pueden hacer cuando se forma parte del Gobierno". Se dice que Iglesias aceptó de mala gana la orden de Sánchez. De ahí que, según comentan en el Ejecutivo, Carmen Calvo se ha convertido en la supervisora de los encuentros de Iglesias. "Parece su sombra", añaden desde Moncloa.

Sigue el descontrol con las ‘embajadas’ catalanas

Quim Torra no ceja en su empeño de extender su ofensiva diplomática por el mundo. Lo demuestra su anuncio de abrir otras tres embajadas catalanas, en Australia, Japón y Senegal. Estos organismos dependen de la Consejería de Acción Exterior que comanda Bernat Solé y cuentan con un presupuesto conjunto de 7,5 millones. Pero nada más se sabe de ellas, ya que la opacidad es la norma habitual en la diplomacia catalana. Así lo denuncian los partidos de la oposición, que urgen al Govern a que los responsables de las embajadas comparezcan en el Parlament para dar cuenta de sus gastos. “No solo eso. Queremos saber qué es lo que hacen, porque no se conoce nada de la agenda que manejan y de cuáles son sus funciones más allá de vender el secesionismo hasta en las antípodas”, dicen en la oposición. Pero las críticas a la Consejería de Solé no se ciñen solo al ámbito político. El Tribunal de Cuentas y una investigación judicial también han reflejado la nula transparencia que existe respecto a estas delegaciones que, por otro lado, han demostrado ser de nula utilidad, incluso para el Govern. “Nadie fuera de España sabe qué es el procés. En Bruselas ni les cogen el teléfono. A pesar de eso, se sigue gastando el dinero de los ciudadanos en estas embajadas”, aseguran en la oposición.

Caótica gestión de RTVE en Cataluña

No es la primera vez que la administradora provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha sido objeto de críticas por la opacidad con la que gestiona el ente público. Lejos de aminorar, las quejas han vuelto a redoblarse en los últimos días ante la presentación de la nueva temporada de RTVE en Cataluña, que incluye más programación en catalán para rivalizar con TV3. Pues bien, trabajadores y sindicatos critican la nula transparencia respecto a los nuevos contratos que RTVE ha firmado con empresas externas para incrementar la producción de programas en catalán. Por lo visto, Mateo ha obviado rendir cuentas con nadie, aunque existe un órgano de control (la mesa de producción, en la que participan directivos y sindicatos) donde se negocian los planes de la empresa. Dicen que la opacidad de Mateo propició que en agosto saltara la polémica, al anunciarse un casting falso a nombre de RTVE para elegir presentador para un programa en Cataluña. Al final resultó que era una productora externa, que iba a trabajar con RTVE, la que realizó la campaña sin los debidos permisos. “Los controles son nulos y Mateo no hace nada por remediarlo. Así que lo más probable es que se repitan problemas similares en el futuro”, dicen fuentes sindicales.

El varapalo de Quim Torra a Artur Mas

Es conocido que la marcha de Carles Puigdemont del PDeCat ha generado dos bandos enfrentados dentro del seno de Junts per Catalunya. Por un lado están los seguidores de la radicalidad de Puigdemont, como Quim Torra y, por otro, los que abogan por un independentismo más moderado, como es el caso de Artur Mas. Pues bien, se comenta que el enfrentamiento entre los dos bandos se ha incrementado tras una de las recientes decisiones de Torra. Se trata de la destitución de Àngels Chacón (del PDeCat), que era consejera de Empresa hasta primeros de mes. Por lo que se comenta en la formación independentista, Chacón era una de las protegidas de Mas en la Generalitat, por lo que el expresident se ha tomado su despido como una afrenta de Torra hacia su persona. “Mas no ha sentido nunca simpatía alguna por Torra, pero la salida de Chacón le ha enfadado mucho y ha convertido a Torra en su gran enemigo”, dicen desde el PDeCat. Poco se sabe sobre la venganza que, dicen, Mas preparara contra el actual president. Pero desde su entorno se comenta que ya nadie descarta que se plantee presentarse en las listas del PDeCat. “De momento, solo iba a apoyar a la formación en mítines. Pero el varapalo que ha recibido puede que le haga cambiar de opinión”, asseguran.

¿Un agosto inútil en el sector jurídico?

Cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo anunció que por primera vez en décadas agosto sería hábil en el ámbito judicial, surgieron muchas voces contrarias a la medida. Entonces se criticó que convertir el mes pasado en laboral judicialmente hablando no solucionaría el colapso en los tribunales, que era el objetivo que Campo perseguía. Pues bien, una vez concluido el verano, el tono de la polémica vuelve a incrementarse. La causa es un mensaje del Ministerio de Justicia en redes sociales, felicitándose por la “razonable actividad” del pasado mes, “con más de 110.000 escritos iniciadores de demandas y más de 436.000 de trámite”. Son precisamente estos datos lo que han enervado a los magistrados, ya que los consideran “hinchados”. Por lo visto, la mayoría de los documentos presentados son escritos ya preparados, que siempre se mandan para evitar que se agoten plazos en los procesos judiciales, pero que no los resuelven. “Descontando este tipo de escritos, la actividad ha sido ridícula y la medida un fracaso, además de generar contratiempos en la profesión”, dicen desde un despacho de abogados. “Por mucho que diga Campo, agosto sigue siendo un mes inútil para el mundo jurídico”, añade.