Pablo Iglesias ‘margina’ los servicios sociales

El cargo actual de Pablo Iglesias en el Ejecutivo es el de vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pero todo apunta a que su interés se centra exclusivamente en la Vicepresidencia. Así lo demuestra la marginación y abandono al que tiene sometidos a los consejeros de Servicios Sociales de las comunidades autónomas. Es más, la última reunión que Iglesias celebró con el Consejo Territorial de esta materia data del 18 de junio. Desde entonces, y a pesar de la situación de emergencia que hay en todas las autonomías por la pandemia, nada de nada. Como era previsible este clamoroso olvido de una de las responsabilidades del líder de Podemos, genera un importante malestar en los consejeros autonómicos del ramo, que no han dudado en hacer llegar a Moncloa su situación. “Es intolerable que se inhiba de sus obligaciones cuando los rebrotes convierten en crítica la situación, por ejemplo, en las residencias”, dicen desde una consejería regional, donde ponen a Salvador Illa como el ejemplo que Iglesias debería imitar. “El ministro de Sanidad se ha reunido con el Consejo Territorial de su ramo 14 veces desde el fin del estado de alarma frente a una del supuesto responsable de Derechos Sociales”, añaden.

La Prensa, descontenta con el trato de Delgado

El lunes la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dio a conocer en rueda de prensa la Memoria correspondiente a la actividad del Ministerio Fiscal del pasado ejercicio. Era la primera vez que protagonizaba este encuentro con los medios y se dice que el estreno de Delgado con los periodistas distó de ser óptimo. No por el acto en sí mismo, que transcurrió dentro de la normalidad, sino porque se retrasó la entrega de la Memoria a los medios hasta el mismo momento en el que Delgado comenzó a hablar. Es norma no escrita que el Ministerio Fiscal adelante el documento en los días previos a la rueda de prensa del Fiscal, con la condición de no publicar nada hasta después de la presentación. Pero este año no ha sido así, lo que ha generado un importante malestar en la profesión. “La Memoria tiene casi 2.000 páginas y es importante tenerla antes para preparar preguntar de cara a la rueda de prensa”, explica un periodista especializado. “Parece como si Delgado quisiera esconder algo”, añade. Una opinión que, se comenta, comparten muchos compañeros. Máxime tras recibir evasivas del Ministerio cuando se le preguntaba por qué no mandaban la Memoria. “Nos decían que era por el Covid. Pero justo durante el discurso se colgó en la web del Ministerio. Está claro que se podría haber hecho antes y no se ha querido”, se queja un redactor.

El afán de Irene Montero por hablar con Ana Botín

El acto que la pasada semana se celebró en la Casa América protagonizado por Pedro Sánchez sigue dando mucho que hablar. A él asistió buena parte del Ejecutivo y los empresarios más importantes del Ibex 35. Como es habitual en este tipo de eventos, los corrillos que se crearon antes y después de la intervención del presidente fueron vigilados con lupa. Una de las conversaciones que no pasó desapercibida fue la que protagonizaron la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la presidenta del Santander Ana Botín. Según cuentan los testigos, la charla entre ambas fue muy animada. Pero lo que más llamó la atención fue el interés de Montero por alargar su encuentro con Botín. De hecho, dicen que despachó a varios periodistas allí presentes que la interpelaron con la excusa de que “no tenía tiempo” para ellos. Por desgracia para los intereses de la titular de Igualdad, el encuentro terminó en cuanto apareció en escena Yolanda Díaz. Parece que ese momento fue el que aprovechó Botín para excusarse con Montero e iniciar otro corrillo con la ministra de Trabajo. Algunos de los allí presentes comentaron que este fin de la charla no satisfizo a Montero que parecía tener aún mucho que decir a la presidenta del Santander.

El total silencio ante el ‘caso Facturas’ del PSOE

El pasado martes ingresó en prisión el exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Luis Pérez Montoya, para cumplir la pena de 7 años y 10 meses a la que fue condenado por el caso Facturas, otro de los escándalos de corrupción que afectan al PSOE andaluz. Durante el proceso se demostró que Pérez Montoya y la exsecretaria del Patronato Provincial de Turismo, María Teresa González (en prisión desde junio), acordaron un plan para destinar los fondos públicos del patronato “a fines ajenos de los que le eran propios”, y acordaron con empresarios la elaboración de facturas “fraudulentas”. En círculos políticos y periodísticos ha sorprendido la escasa cobertura mediática dada al ingreso en la cárcel de Pérez Montoya. Tal silencio llama especialmente la atención considerando la gravedad de los delitos juzgados. De hecho quedó demostrado que el plan de Pérez Montoya y González sirvió para malversar más de 700.000 euros de dinero público entre 2009 y 2011. Ante la magnitud de los hechos, resulta especialmente clamoroso el silencio que han mostrado al respecto del caso Facturas, tanto la presidenta del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, como el resto de altos cargos socialistas en la automomía.