Universitarios, víctimas de la gestión del ‘Govern’

Los estudiantes catalanes ya alertaron en julio y agosto de los enormes problemas que tenían para ser aceptados por universidades situadas fuera de Cataluña. El motivo fue el retraso con el que la Generalitat publicó los resultados de las pruebas de acceso a la universidad (PAU). En concreto, la Consejería de Empresa y Conocimiento publicó los datos el 27 de julio, diez días más tarde de la fecha marcada por el Gobierno y tras finalizar por tres días el plazo de preinscripción en las universidades españolas. Entonces, el consejero Ramón Tremosa atribuyó a la “necesidad de proteger a los alumnos” la demora. Pero fuentes del Govern desvelan que “el colapso y la mala gestión de la pandemia” fue lo que originó el retraso que ha impedido a muchos alumnos acceder a centros situados fuera de Cataluña. A pesar de ello, Tremosa reconoce que el Govern desconoce el número de estudiantes que hay preinscritos en centros fuera de la región. “Es inadmisible que tras convertir a los alumnos en víctimas, la Generalitat muestre un total desinterés por seguir este caso”, dicen desde un sindicato estudiantil.

La tramitación express de la reforma educativa

El manejo de los tiempos que realiza este Gobierno es cuanto menos llamativo. Existen medidas que acumulan meses e incluso años de retraso, como el nombramiento de un presidente no interino en RTVE que sustituya a Rosa María Mateo, y otras que van a toda velocidad a pesar del coronavirus, las críticas y la falta de consenso. Es el caso de la Ley de Educación, impulsada por la ministra del ramo Isabel Celaá. De ahí que a esta reforma llamada a sustituir a la Lomce se la conozca como Ley Celaá. Pues bien, se comenta que el Ejecutivo pretende liquidar en solo cinco sesiones en el Congreso las más de 1.100 enmiendas que se han presentado. Además, dicen que tampoco se aceptarán nuevas comparecencia de representantes de la comunidad educativa, ya que ralentizarían la aprobación de la reforma. Ni qué decir tiene que las prisas que el Ejecutivo muestra con la Ley Celaá han generado las críticas de la oposición, que han tildado de "atropello" el método elegido para tramitar la norma. Con todo, desde el Ministerio de Educación se quiere dar una razón a este repentino acelerón que se ha dado a la reforma. "Se busca una rápida aprobación en el Congreso porque luego tendrá que ir al Senado y el objetivo es que la nueva normativa entre en vigor para el inicio del curso 2021-2022", dicen en el equipo de Celaá.

Seguridad Social: aún bajo mínimos de plantilla

Realizar cualquier trámite en las oficinas de la Seguridad Social se ha convertido en una tarea casi hercúlea. Así lo indican los conocidos retrasos en la tramitación de jubilaciones, o en las solicitudes del ingreso mínimo vital. Estos problemas son ya tan evidentes que han obligado al Ejecutivo a reconocer la existencia de un colapso en la administración, que arrancó en marzo por la mayor carga de trabajo a raíz de la pandemia del coronavirus. Pues bien, a pesar de los meses que han pasado desde entonces, todo indica que los problemas en la Seguridad Social persisten, y no tienen solución a corto plazo. Buena prueba de ello son los intentos del Ministerio comandando por José Luis Escrivá de reclutar personal en las bolsas de trabajo de las Subdelegaciones del Gobierno. Con todo, se rumorea que este recurso no está funcionando en varias provincias, porque carecen de candidatos que puedan echar una mano a la Seguridad Social. Ante esta situación, desde el entorno de Escrivá se indica que el siguiente paso será contratar desempleados inscritos en el Sepe.

Pelea en el 'Govern' por los fondos europeos

Al contrario que en los años de Quim Torra, la Generalitat sí que estará presente en la próxima reunión de presidentes autonómicos, que se celebrará el 26 de octubre y en la que se tratará del reparto de los fondos europeos. Ahora bien, en estos momentos no se sabe quién acudirá a dicha cita. Por lo que se comenta el puesto se lo disputan el actual presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés (de ERC) y el consejero de Empresa Ramon Tremosa, de JuntsXCat. Ambos se presentan como la persona idónea y no están dispuestos a ceder, lo que está generando un dura pugna en el seno del Govern. Así lo reconoció la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, cuando aseguró el martes “desconocer quién acudirá a la reunión”. Resulta evidente que la guerra en el independentismo entre el partido de Carles Puigdemont y el de Oriol Junqueras está detrás de este nuevo conflicto que tiene claros tintes electoralistas. Quizá por ello ya aparecen voces dentro del Parlament que critican que el Govern se pelee por un asiento sin tener en cuenta que el reparto de los fondos europeos no se realizará siguiendo criterios territoriales, sino en base a proyectos concretos. “Otras autonomías lo han entendido y ya están hablando con las empresas para elaborar planes. En cambio en Cataluña aún no se ha hecho nada, lo que frenará la llegada de ayudas”, aseguran en un partido constitucionalista.    

¿Se prepara Exteriores para nuevos aranceles?

España prosigue adelante con la tramitación parlamentaria de la tasa Google a pesar del escaso avance que a escala internacional presenta este impuesto a las multinacionales tecnológicas. Este empeño por ir en solitario sin esperar a que se implante un gravamen en la UE o en la OCDE puede avivar los conflictos comerciales con EEUU. Eso es justo lo que se temen en el entorno agrícola. Pero, dicen, que la preocupación también llega a Exteriores. De hecho, se comenta que el equipo de la ministra Arancha González Laya ya plantea contactos con las autoridades estadounidenses con el objetivo de descubrir qué represalias podría tomar Washington si España implantara la tasa Google. Según fuentes en Exteriores, el mayor temor que existe es a una nueva escalada arancelaria, que podría hacer que se duplicaran los impuestos que actualmente ya pagan algunos productos agrícolas nacionales. “Trump ya amenazó a Francia con llevar los aranceles al 100% si seguía adelante con la tasa Google. Nosotros no seremos una excepción”, sentencian desde Exteriores.