Las Empresas Municipales de Transporte (EMT) se han quedado fuera de los 800 millones de euros de ayuda que destinará el Gobierno de España para compensar la caída de ingresos provocada por el Covid-19. Así lo confirmó este miércoles el propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que explicó que los mencionados fondos se destinarán solo a cubrir el agujero generado en las entidades de transporte dependientes de los gobiernos autonómicos, entre las que no se encuentran las EMT.

La Generalitat Valenciana avanza en su proyecto para la construcción de una gigafactoría de baterías en la autonomía, anunciado en 2019. Fuentes del Gobierno valenciano indican a elEconomista que la iniciativa, que se enmarca en los planes de la Unión Europea para el desarrollo de entre 10 y 20 grandes fábricas de este tipo en el continente (para abaratar los costes y reducir la dependencia de la producción asiática), ya está sobre la mesa de diez firmas industriales interesadas en su desarrollo.

Nuevo contratiempo en Ford Almussafes. La factoría se ve obligada a detener su actividad al completo los próximos días 15 y 16 de junio por fallos en el suministro de varios de los componentes necesarios para el montaje de sus vehículos. El comité de empresa estima que dejará de producir alrededor de 3.000 automóviles con el paro en ambas jornadas, circunstancia que les servirá además para ajustar su oferta a la demanda, que se recupera de forma lenta.

El llamado 'Impuesto al Diésel' queda aparcado por el actual Ejecutivo de coalición, al menos tal y como lo planteó el primer Gobierno de Pedro Sánchez en 2019. La nueva hoja de ruta de la alianza entre PSOE y Unidas Podemos, unida a la grave crisis que padece el sector del automóvil por las consecuencias del covid-19, han motivado el replanteamiento de una medida que, en cualquier caso, terminará produciéndose a medio o largo plazo, pues se trata de una directriz de la Comisión Europea que España lleva años sin acatar.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) recién aprobado por el Gobierno de España para subvencionar a los colectivos más vulnerables no es una iniciativa nueva en la Comunitat Valenciana, donde existe una herramienta similar desde hace dos años. Fue una de las medidas estrella de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que en abril de 2018 remodeló y multiplicó la inversión pública en un mecanismo preexistente en la autonomía, ahora denominado Renta Valenciana de Inclusión (RVI). En la actualidad cuenta con 50.000 beneficiarios y un presupuesto anual de 229 millones de euros, circunstancia que ha llevado a la dirigente de Compromís a alertar al Ejecutivo central de "posibles duplicidades" y a solicitar la cogestión.