El líder de UGT-Ford y presidente del comité de empresa de la factoría valenciana analizar el difícil escenario que atraviesan plantas como la de Almussafes, ante los drásticos cambios que azotan al automóvil y la dureza de la pandemia.
El líder de UGT-Ford y presidente del comité de empresa de la factoría valenciana analizar el difícil escenario que atraviesan plantas como la de Almussafes, ante los drásticos cambios que azotan al automóvil y la dureza de la pandemia.
La factoría de Benimar es una excepción en su entorno empresarial. Se encuentra en el linde de Peñíscola con Benicarló, localidades costeras del norte de Castellón donde el turismo y la agricultura dominan la actividad económica. La marca, no obstante, tiene a sus espaldas más de 40 años de trayectoria industrial en el lugar. Forma parte del grupo francés Trigano, y emplea a 400 trabajadores entre tres sociedades (que producen autocaravanas, casas móviles y los muebles para equiparlas, y que suman un negocio conjunto de cerca de 170 millones). Fernando Ortiz, su director general, abre a elEconomista las puertas de esta peculiar fábrica, que lejos de menguar su actividad por la pandemia se prepara para elevar las ventas un 10% hasta las 4.400 autocaravanas.
El 'conseller' de Economía de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent, reconoce que la gestión de la pandemia ha sido su mayor reto desde que accedió al cargo en 2015. En los 5 meses transcurridos desde marzo su departamento ha tramitado ERTEs que afectan a más de 420.000 trabajadores, el grueso los primeros meses. Además, su conselleria impulsó, entre otras, las ayudas para autónomos que completaron el "gran vacío" que detectó en el decreto estatal. Y para compensar este esfuerzo público, el dirigente de Compromís no se esconde: aboga por la introducción de impuestos compensatorios, y entre ellos se atreve a proponer la tasa turística -rechazada por sus socios del PSPV- en medio de la grave crisis que afecta al sector en la Comunitat.
Toda crisis es una oportunidad, y entre las firmas que han sabido aprovechar la presente se encuentra la valenciana Esfera Ingeniería, especializada en la creación de instalaciones industriales críticas para la fabricación aséptica (sus creaciones sirven para elaborar productos con las máximas condiciones de higiene, tales como alimentos, cosméticos, químicos o fármacos -incluso soluciones inyectables-).
El cambio tecnológico en el que se halla inmersa la movilidad está abriendo las puertas de Europa a los fabricantes chinos de coches eléctricos, en cuya producción el gigante asiático aventaja sobremanera al Viejo Continente. Automovilísticas como Aiways, BYD, SAIC, Geely, Byton ya han lanzado sus vehículos en el mercado comunitario o están a punto de hacerlo. Pero España no se encuentra entre los países prioritarios para la distribución de sus coches, y así ocurre por un motivo principal: la pobre red de recarga del estado.
El Gobierno está a un paso de aprobar el rescate para el autobús urbano (EMT), que se quedó fuera de las ayudas de 800 millones de euros destinadas a compensar el déficit del transporte público por depender de los ayuntamientos.
La Agencia Tributaria solicitó este jueves al Ayuntamiento de Valencia licencia de obras para la construcción de su nueva sede en Valencia, un gran edificio en el que prevé concentrar a los 1.500 funcionarios de las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda de la ciudad, según confirmaron a elEconomista fuentes de la propia AEAT.
España puede tener una segunda oportunidad para captar una inversión con la que sueñan todos los países productores de automóviles: la creación en su territorio de una factoría de Tesla, la compañía que abandera la fabricación de vehículos 100% eléctricos. Alemania hizo valer su condición de líder europeo del sector para atraer la primera fábrica en el continente de la firma de Elon Musk, pero la enseña parece dispuesta a desarrollar una segunda infraestructura, y la consultora IBC & Partners pugna por que España sea esta vez la nación elegida y propone Valencia y Barcelona como posibles ubicaciones, según ha podido contrastar elEconomista.
La filial de ACS que impulsó el almacén de gas Castor, dos de sus directivos y tres aseguradoras se sentarán en el banquillo de los acusados por los seísmos que provocó la infraestructura. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs ha decretado la apertura de juicio por un "delito contra el medio ambiente" contra Escal UGS SL como persona jurídica -la sociedad del grupo de Florentino Pérez adjudicataria del proyecto-, contra dos de sus altos cargos, y también contra Chartis Europe, Lloyds y Zurich Insurance como "responsables civiles directos/subsidiarios".
Sin sorpresas en el Supremo. La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha desestimado los recursos presentados -entre ellos el de la Abogacía de la Generalitat Valenciana- contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que concluyó el pasado mes de octubre que la administración autonómica vetó de forma injustificada el proyecto de la alianza Intu-Eurofund Investment para la construcción de un macrocentro comercial y de ocio en la localidad de Paterna. Y lo que puede ser peor para las arcas valencianas: este nuevo pronunciamiento refuerza la defensa de la alianza empresarial en la causa paralela en la que reclama alrededor de 300 millones de indemnización al Ejecutivo de Ximo Puig (PSPV) y Mónica Oltra (Compromís) por haber paralizado su proyecto.