
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) recién aprobado por el Gobierno de España para subvencionar a los colectivos más vulnerables no es una iniciativa nueva en la Comunitat Valenciana, donde existe una herramienta similar desde hace dos años. Fue una de las medidas estrella de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que en abril de 2018 remodeló y multiplicó la inversión pública en un mecanismo preexistente en la autonomía, ahora denominado Renta Valenciana de Inclusión (RVI). En la actualidad cuenta con 50.000 beneficiarios y un presupuesto anual de 229 millones de euros, circunstancia que ha llevado a la dirigente de Compromís a alertar al Ejecutivo central de "posibles duplicidades" y a solicitar la cogestión.
El solapamiento entre ambas iniciativas parece evidente. La valenciana es "una prestación económica que permite cubrir necesidades básicas, como es el acceso a una vivienda o el pago del agua, la luz o el gas en una sola ayuda".
"Las personas destinatarias tienen el acceso directo, en el mismo trámite y sin tener que gestionar nada más, a otros tipos de ayudas, como las becas de educación infantil, ayudas de libros de texto, gastos de matrícula de educación, becas de comedor escolar, sanidad universal y prestación farmacéutica y ortoprotésica", según precisa el departamento de Oltra.
Por ello, la vicepresidenta valenciana ha advertido en dos ocasiones al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el socialista José Luis Escrivá, de la necesidad de coordinar ambos mecanismos. En una primera carta, remitida el pasado 19 de mayo, Oltra trasladó al Gobierno su "preocupación" y le propuso "una serie de modificaciones".
Planteó la suscripción de un convenio entre la Comunitat Valenciana y el Estado para "la gestión unificada del IMV y de la Renta Valenciana de Inclusión, de manera que ambas prestaciones se tramiten de manera paralela y adaptadas a la circunstancia personal de cada solicitante".
"Dobles prestaciones"
En otra comunicación formal tras conocer el contenido del Real Decreto del Gobierno de España, la vicepresidenta volvió a proponer "una serie de mejoras al texto legal para evitar posibles duplicidades en la percepción de las prestaciones". "La aplicación, conforme está previsto, generará que aquellas personas que sean beneficiarias de las rentas de ingresos mínimos de las comunidades perciban dobles prestaciones en los meses que se retrotraiga", advirtió.
El objetivo, según expuso la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, "es evitar que un mismo valenciano o valenciana cobren el importe de la prestación estatal y autonómica a la vez un mismo mes, con los perjuicios que supondrían luego para la persona usuaria tener que devolver las cuantías que cobró de forma indebida".
La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, recurrió al euskera para reclamar la cogestión
La concesión a País Vasco y Navarra para la cogestión del Ingreso Mínimo Vital provocó el enfado de la vicepresidenta valenciana, que recurrió al euskera para pedir el mismo trato. "Nahitaezko gutxieneko diru sarrera kudeatu nahi dugu; queremos gestionar el ingreso mínimo vital", manifestó la dirigente en la rueda de prensa del Gobierno valenciano.
Por contra, el ministro Escrivá le replicó que "quitando el País Vasco y Navarra, en el resto de España los esquemas de renta mínima tienen resultados bastantes limitados y dispares", por lo que "las comunidades autónomas no están en condiciones" para gestionar la ayuda "muy rápidamente".