Redactor de Macro en elEconomista

El número de perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI) creció un 58% en la última década. La prestación, diseñada como una red de protección a las personas en situación de pobreza o exclusión social, fue recibida por 667.412 personas según los últimos datos publicados por el ministerio de Derechos Sociales. La cifra es muy superior a la alcanzada en 2009 -año del estallido de la crisis financiera- cuando 422.207 accedieron a la ayuda de competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

El laberinto parlamentario al que se enfrenta el Ejecutivo reaviva la posibilidad de una nueva prórroga presupuestaria -la segunda consecutiva- que obligará a Moncloa a retomar el límite de gasto no financiero vigente desde 2023, fijado en los 173.065 millones de euros, 22.288 millones inferior al planteado para 2025 y que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 16 de julio. El golpe político sería evidente, pero la maniobra volvería a aliarse con la salud de las cuentas públicas en un año en que el que Bruselas comenzará a examinar con lupa la deriva del gasto de cada Estado.

El Gobierno defiende su veto a la opa de Ganz-MaVag sobre Talgo, "por motivo de protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España". El Ejecutivo insiste en que la operación "conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público", pero no da detalles de los motivos que le habrían llevado a no autorizar la entrada del capital de la empresa húngara en la española. "La información contenida en el expediente ha sido declarada como clasificada", afirman fuentes del ministerio de Economía.

El acuerdo de financiación para Cataluña al que han llegado PSC y ERC es más perjudicial para las comunidades autónomas que menos población tienen como son el caso de Extremadura o Castilla-La Mancha. Según reza el acuerdo “Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe debido a un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios”, por lo que, para ellos, no se corresponde “a un modelo de solidaridad entre territorios”.

Ferraz trata de aplacar una nueva rebelión entre los barones socialistas. El acuerdo sobre el concierto fiscal para Cataluña rasga la frágil unidad que Sánchez mantenía en buena parte de sus sedes autonómicas. Un rechazo liderado por el presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page estallaba pocas horas después de que ERC revelara los términos del preacuerdo. "A estas horas de la noche, el atronador silencio ante el grave atentado a la igualdad anunciado por ERC me tiene perplejo. O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles", ha asegurado a través de su perfil en la red social X, en clara referencia al resto de líderes socialistas, que siguen guardando silencio. De hecho, solo un alto cargo del ejecutivo castellanomanchego ha compartido públicamente las declaraciones de Page, el presidente del parlamento regional, Pablo Bellido.

Puigdemont está decidido a dificultar aún más la labor de Gobierno a Pedro Sánchez. Frustradas sus aspiraciones de convertirse en presidente de la Generalitat y liberado de sus compromisos con el PSOE tras la aprobación de la ley de amnistía, el líder de Junts ha ordenado a los suyos pasarse a la oposición. Esa es la indicación que ha dado a su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. De ahora en adelante, los posconvergentes se desmarcan del bloque de gobierno, que incluye otras formaciones independentistas como ERC y Bildu, y exigirán onerosas contraprestaciones a cambio de sus votos.

El enorme peso de Madrid sobre el total de los ingresos tributarios -del 44,3%- hace inviable el traslado del consorcio fiscal -que se negocia para Cataluña- al resto de comunidades autónomas. La idea fue planteada hace semanas por el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, en un intento de minimizar la presión política que su propuesta despertó sobre el Gobierno. Más de 120.500 millones de euros, de los 272.000 millones totales, procedieron en 2023 de la delegación que la Agencia Tributaria mantiene en torno a la capital de España.

El rechazo del Congreso de los Diputados a la senda fiscal obligará al presidente del Gobierno a repensar su estrategia para conseguir impulsar unos presupuestos. Los de Pedro Sánchez tiene dos opciones, por un lado pueden reformular unos nuevos objetivos de estabilidad que cuente con el aval -esta vez sí- de Junts.

El Partido Popular resucita la idea de la moción de censura contra Pedro Sánchez, tras el inesperado fracaso -el pasado martes- de la senda fiscal en el Congreso de los Diputados. El grupo parlamentario popular podría proponer esta posibilidad durante las próximas semanas aprovechando que el Gobierno no cuenta hoy con los apoyos necesarios como para elaborar unos presupuestos. Para lograrlo, Núñez Feijóo podría explorar un acuerdo con Junts, imprescindible -junto a Vox- para tumbar a Sánchez y abrir las puertas de la Moncloa al jefe de la oposición. El popular ya intentó acercarse a los de Carles Puigdemont -e incluso a ERC- en el debate investidura del gallego el pasado mes de septiembre, aunque no logró su apoyo.