Redactor de Macro en elEconomista

El Gobierno central se verá forzado a asumir un ajuste extraordinario de unos 3.000 millones de euros como consecuencia del mayor déficit en el que incurrirán las CCAA -del 0,3%- en 2024, dos décimas por encima de lo previsto en los límites que marca la senda fiscal trazada por el Gobierno para cumplir con el 3% comprometido con Bruselas. El descuadre de las cuentas autonómicas procederá de un retroceso de los ingresos, pero -sobre todo- de un incremento del gasto mayor del estipulado. “Se advierte que el gasto computable crecería en todas por encima de la tasa de referencia del 2,6% fijada para 2024”, estima la AIReF, que apunta a que las variaciones calculadas oscilaran -según la región- entre el 4% de País Vasco y el 11%, que alcanzarán regiones como Baleares, Cantabria o Navarra. Las medidas permanentes de gasto adoptadas o previstas por las autonomías aumentarán en 1.300 millones de euros el gasto del subsector en 2024, 500 millones más de lo esperado por la autoridad fiscal en su anterior informe.

Pedro Sánchez cerró el pasado miércoles un baldío periodo de sesiones en el Congreso, en el que la parálisis política no ha dejado de cerrar ventanas parlamentarias para el presidente del Gobierno. El jefe del Ejecutivo tan solo ha logrado impulsar dos grandes reformas económicas en todo este tiempo: la ley de Paridad y la reforma del subsidio de desempleo, que debió corregir tras un primer fracaso en la Cámara Baja. Es más, esa sequía parlamentaria le ha obligado a exprimir las pocas iniciativas que ha conseguido aprobar. PSOE y Sumar colaron una enmienda en la Ley de Paridad para arrebatar la capacidad de veto fiscal al Senado, en una maniobra poco ortodoxa que el Partido Popular recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Economía

El Gobierno eleva el potencial de crecimiento de la economía española durante los próximos cuatro años. El Consejo de Ministros aprueba el cuadro macroeconómico sobre el que se levantarán los próximos presupuestos, y en el que se espera un alza del PIB del 2,4% este 2024, cuatro décimas por encima de los previsto anteriormente. Un impulso que continuará durante los próximos años. Economía dibuja un escenario en el que el PIB crecerá al 2,2% en 2025, y en el entorno del 2% hasta 2027.

El Gobierno permitirá a las CCAA un déficit del 0,1% durante los próximos tres años -hasta 2027- dos décimas más de margen a lo establecido en el plan de estabilidad pactado con Bruselas. El ministerio de Hacienda ha comunicado a los consejeros autonómicos el reparto del esfuerzo fiscal incluido en el techo de gasto que regirá los próximos presupuestos, y que será aprobado mañana en Consejo de Ministros. La regla permitirá que las regiones redacten unas cuentas más expansivas a costa del Estado, que asumirá todo el recorte fiscal comprometido con Bruselas, y que llevará el déficit público al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027. Los Ayuntamiento deberán alcanzar el equilibrio presupuestario hasta 2027. "Espero que sea bien recibido por parte de las administraciones", ha asegurado María Jesús Montero, tras un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) protagonizado por un nuevo enfrentamiento a cuenta de la financiación singular propuesta para Cataluña.

El Gobierno diseña un apretado calendario de sesiones en el que está obligado a llevar al pleno del Congreso de los Diputados al menos seis grandes leyes en los cuatro meses que siguen al verano. La principal, el proyecto de Presupuestos para 2025, será uno de los primeros en abrir la recta final del año, pero no será el único. La jornada laboral, la ley del Suelo, la financiación autonómica, la reforma fiscal o el paquete de medidas de Vivienda, penden de la pericia de Sánchez para sostener la madeja de pactos cosidos en su investidura.

Juan Bravo (1974) lidera la apuesta económica del Partido Popular en uno de los arcos parlamentarios más divididos de la democracia. Confronta modelos y presenta a Feijóo como un presidente sólido, frente a "inseguridad" que genera el difícil equilibrio sobre el que se sostiene Sánchez, a quién acusa de levantar un muro que ahora limita las reforma que se propone impulsar.

Moncloa aprueba la mayor oferta pública de empleo (OPE) de la historia. El Gobierno convoca 40.146 plazas, tal y como adelantaron los sindicatos, que no obstante no apoyan la oferta al considerar que no cubre el déficit de personal que la administración arrastra desde el estallido de la crisis financiera de 2008. Un vacío en la plantilla que CCOO eleva a 65.000 efectivos. La medida tampoco convence a CSIF, el sindicato de funcionarios promete un "otoño caliente" pese a que -desde su entrada en el Ejecutivo- Pedro Sánchez ha multiplicado por más de tres el número de plazas creadas con respecto a la etapa de Mariano Rajoy. La organización que lidera Miguel Borra justifica su rechazo en que la OPE esconde un recorte de 8.134 plazas en el turno libre y la promoción interna con respecto al año pasado. Solo UGT ha dado el visto bueno a la medida.

La izquierda francesa trata de reagrupar filas tras la contundente victoria -con el 33,1% de los votos- de la extrema derecha. Nuevo Frente Popular (NFP) -segundo con el 28% de los apoyos- busca ahora seducir al resto de formaciones ubicadas al margen izquierdo de Marine Le Pen para construir un dique republicano que evite que Reagrupamiento Nacional (RN) se haga con más de 289 escaños en la Asamblea Nacional, es decir, la mayoría absoluta, el próximo domingo. La tarea no será sencilla. La alianza debe despertar de la conmoción al macronismo (Ensemble!), roto tras caer a la tercera posición y perder el apoyo cosechado durante los últimos años.

Un grupo de expertos reclama agilizar las licencias urbanísticas para aliviar la presión que la falta de oferta está generando sobre el mercado inmobiliario. El Consenso Económico y Empresarial de PwC insiste en la necesidad de minimizar la burocracia, acortando los plazos y los trámites, con la única intención de aumentar el volumen de suelo edificable. De esta manera, el panel de expertos, empresarios y directivos avala la línea maestra de la Ley del Suelo que el Gobierno registró hace semanas de la mano del PNV en el Congreso de los Diputados. El texto, que reedita el que el Ejecutivo se vio obligado a retirar por la falta de apoyos, aligera la ordenación territorial y urbanística, tal y como solicitaba el sector promotor. De hecho, este es uno de los punto que procuraron que no llegara a tramitarse. El socio de Pedro Sánchez en Moncloa, Sumar, adelantó días antes que votaría contra la reformo. "Esta Ley del Suelo es especulativa y no protege el territorio, evitar la nulidad de planes urbanísticos genera inseguridad jurídica y efectos perjudiciales para el interés público", justificó el portavoz de la formación, Íñigo Errejón.