Un grupo de expertos reclama agilizar las licencias urbanísticas para aliviar la presión que la falta de oferta está generando sobre el mercado inmobiliario. El Consenso Económico y Empresarial de PwC insiste en la necesidad de minimizar la burocracia, acortando los plazos y los trámites, con la única intención de aumentar el volumen de suelo edificable. De esta manera, el panel de expertos, empresarios y directivos avala la línea maestra de la Ley del Suelo que el Gobierno registró hace semanas de la mano del PNV en el Congreso de los Diputados. El texto, que reedita el que el Ejecutivo se vio obligado a retirar por la falta de apoyos, aligera la ordenación territorial y urbanística, tal y como solicitaba el sector promotor. De hecho, este es uno de los punto que procuraron que no llegara a tramitarse. El socio de Pedro Sánchez en Moncloa, Sumar, adelantó días antes que votaría contra la reformo. "Esta Ley del Suelo es especulativa y no protege el territorio, evitar la nulidad de planes urbanísticos genera inseguridad jurídica y efectos perjudiciales para el interés público", justificó el portavoz de la formación, Íñigo Errejón.
En plena batalla política por la legislación. El análisis de PwC recomienda políticas que ahonden en la colaboración público-privada. Un 72% de los 450 expertos coinciden en ello. Pero no es la única medida que ponen sobre la mesa. Un 64% apuesta por impulsar la oferta de alquiler social y el 62% por redactar una normativa que mejore la gestión de los procesos administrativos. La encuesta, no obstante, es consciente de que las recetan no serán efectivas en el corto plazo. Reconocen que la construcción es un proceso lento, "por encima de los dos años" y recetan la necesidad de que Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos se coordinen con los promotores privados, para estimular los trámites.
A pesar de avalar el espíritu de la Ley del Suelo, que espera a ser tramitada en el Congreso, el informe difundido por PwC carga contra la política de vivienda del Gobierno. Un 55% de los encuestados por la firma consideran que deberían revertirse los límites al precio del alquiler que recoge la norma del Gobierno y dotar de una mayor liberalización al mercado. No obstante, un 35% de ellos, se sitúan en el lado opuesto y piden a Moncloa mayor intervención, y centralizar toda la normativa del suelo. Lo cierto, es que sólo el 13% piensa que la legislación debería quedarse como hasta ahora.
Donde sí hay consenso, es en el efecto negativo que la vivienda de uso turístico ha provocado sobre la oferta de alquiler convencional. Casi la totalidad de los expertos -el 93%- señalan a este, como uno de los principales problemas en los centros de las capitales turísticas españolas. Un asunto, sobre el que la ministra de Vivienda también pretende legislar. Isabel Rodríguez prepara una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para empoderar más a las comunidades de vecinos y otorgarles un mayor derecho a veto sobre la apertura de vivienda turísticas en sus edificios. De hecho, más de la mitad de los cuestionados -el 51%- apuntan a que las inversiones extranjeras en el mercado inmobiliario son culpables de parte del encarecimiento de las viviendas. Hace meses, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el fin de las Golden Visa que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 euros en bienes inmuebles. "Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo", dijo el jefe del Ejecutivo. El anuncio fue sentenciado por el Consejo de Ministros del 9 de abril.
Por último, la encuesta aborda si la banca ha cerrado el grifo de los préstamos a los promotores para reforzar sus criterios de riesgos. La mayoría -un 58%- asegura que bastante. Si bien la banca sostiene que lo ha realizado aplicando criterios razonables frente a la época previa a la ultima gran crisis financiera. De hecho, este ha sido el principal argumento que ha esgrimido el sector financiero, para justificar el endurecimiento de las condiciones, no solo para los promotores, sino también para los propios clientes hipotecarios. Un informe realizado por Citi sitúa a la banca española como la menor expuesta a crédito inmobiliario comercial. La entidad calcula que este tipo de préstamos solo representa cerca del 4,5% del total del crédito.