El Gobierno diseña un apretado calendario de sesiones en el que está obligado a llevar al pleno del Congreso de los Diputados al menos seis grandes leyes en los cuatro meses que siguen al verano. La principal, el proyecto de Presupuestos para 2025, será uno de los primeros en abrir la recta final del año, pero no será el único. La jornada laboral, la ley del Suelo, la financiación autonómica, la reforma fiscal o el paquete de medidas de Vivienda, penden de la pericia de Sánchez para sostener la madeja de pactos cosidos en su investidura.
La deteriorada debilidad parlamentaria sobre la que se sostiene el Ejecutivo se pondrá a prueba en octubre, cuando Moncloa pretende presentar las cuentas ante la Cámara Baja. Para hacerlo antes debe pescar los apoyos necesarios entre la maraña de grupos parlamentarios esenciales para salvar al Ejecutivo de un tropiezo fatal, que bien podría precipitar un abrupto final de la legislatura, siempre que el presidente no oculte otro as bajo la manga, y la situación en Cataluña no se cruce en el camino de las cuentas. El socialista deberá ser quirúrgico en el reparto de concesiones, cumpliendo con el plan fiscal que debe ser avalado por Bruselas, y que integra un ajuste, que la AIReF cifra en 6.000 millones. Hacienda ya ha iniciado los contactos con los grupos para tener una radiografía antes de aprobar el techo de gasto sobre el que pivotarán las cuentas. El lunes Montero dispondrá de las peticiones de gasto de los ministerios, incluidos los cinco que en manos de Sumar, y tras ello, presentará el techo de gasto, ya sin la amenaza del veto del PP en el Senado. Los socios de coalición se las ingeniaron para incluir una enmienda en la Ley de Paridad, que arrebata a los Feijóo la posibilidad de bloquear la tramitación de las cuentas en la Cámara Alta.
No obstante, el punto de partida no es el mejor para Sánchez. La tormenta de reproches que el jefe del Ejecutivo recibió el pasado jueves, en el debate sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dio síntomas de lo que se le puede venir encima. El pacto con PP ha conseguido desestructurar el equilibrio que el presidente logró forzar en su investidura, y fortalecer durante el periodo de reflexión que se tomó en abril a raíz de la apertura de las diligencias judiciales contra su esposa. De aquel cierre de filas de la izquierda en torno al socialista, poco queda. Incluso el socio natural de Sánchez, Sumar, dejó solo al socialista el jueves en la votación sobre el cambio de cara del órgano de gobierno judicial. "El camino a la democratización del Estado no es con el PP del bloqueo", dijo Errejón, antes de anunciar la abstención de su grupo.
El paso de los meses, y los roles que las elecciones catalanas repartieron a ERC y Junts, amenazan romper la baraja por el lado nacionalista catalán. También Podemos ha tensado la cuerda por la orilla izquierda del arco parlamentario. La ruptura de los de Ione Belarra con Sumar dejó caer el primer intento de aprobar la ley del subsidio por desempleo, que Moncloa necesitaba atar para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos en su totalidad. Además, la formación -que en diciembre pasó al Grupo Mixto tras su desencuentro con Yolanda Díaz- amenazó hace una semana con retirar su apoyo a Sánchez tras la rúbrica del acuerdo con el PP en Bruselas para renovar el CGPJ.
La tónica podría empeorar, y no serán pocos los rompecabezas parlamentarios que los de Sánchez deben resolver antes de que concluya 2024. Iniciativas, como la ley del Suelo -registrada junto al PNV- o la que fija el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales, esperan su turno en el registro del Congreso de los Diputados. También la ley de industria y autonomía estratégica. A ellas, se añade la ambiciosa agenda iniciada por dos de sus ministerios:#Hacienda y Trabajo.
La financiación autonómica
Hace semanas, la titular de Hacienda se vio forzada a abrir el melón de la financiación autonómica antes de lo esperado. El 'traje a medida' propuesto para Cataluña -ofrecido a cambio de la investidura de Salvador Illa- aceleró la elaboración de la reforma, que Montero tenía previsto abordar de manera más pausada. El 18 de julio, CCAA y ministerio empezarán a debatir los cimientos del texto en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) marcado por las ampollas que las concesiones planteadas para seducir a ERC han levantado entre los gobiernos regionales de uno y otro signo político.
Llegar a un consenso, se aventura como una tarea casi imposible. La norma lleva diez años pendiente de ser renovada, una década en la que los desequilibrios se han ido acumulando sin encontrar solución. Entre ellos, se encuentra la infrafinanciación de cuatro autonomías -Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia- que llevan años reclamando un fondo de nivelación que compense su debilidad frente a las otras, que sigue sin concertarse por la falta de acuerdo.
También la dura competencia fiscal que las regiones han iniciado, y que provocó en 2022 la pérdida de más de 5.700 millones de euros en ingresos tributarios. Para compensarlo, Montero planea introducir un tipo mínimo en el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que buena parte de las CCAA tienen bonificado al 100%. Todo debe ser discutido en la mesa del CPFF, en uno de los momentos menos propicios para el acuerdo. La relación entre los barones populares y el ministerio de Hacienda zozobró el pasado mes de diciembre, cuando los gobiernos regionales del PP rechazaron el techo de gasto propuesto por Montero para elaborar los Presupuestos de 2024. La rebelión se consumó en el Senado, donde el Partido Popular se valió de su mayoría absoluta para bloquear la elaboración de las cuentas, a través de su veto al techo de gasto de 199.120 millones de euros, un 0,5% superior al integrado en los Presupuestos de 2023. Ante ello, Hacienda no descarta negociar la reforma de la financiación autonómica directamente con Génova, pese a que -todo indica- el pacto sobre el CGPJ podría ser el último que oposición y Gobierno firmen en lo que queda de legislatura. Génova ya ha avisado de que forzará una votación exclusiva sobre Cataluña en el pleno para que el Ejecutivo se retrate en el Congreso.
Jornada laboral a 37,5 horas
El próximo periodo de sesiones, integrará -además- la apuesta principal de Sumar para esta legislatura. Yolanda Díaz quiere aprobar la reducción de la jornada laboral "lo antes posible". Trabajo exprimirá el calendario para arrancar un acuerdo a los agentes sociales antes del verano y llevar un proyecto de ley al Congreso en septiembre. El borrador sobre el que se discute la norma prevé unos plazos muy ajustados. Establece una rebaja a 38,5 horas durante los meses que restan de año y a 37,5 horas a partir del 1 de enero de 2025, muy a pesar de la patronal, que -desde el inicio de las negociaciones- ha hecho cojear un posible pacto, condenando al Gobierno a firmar un documento con los sindicatos en solitario.
Aun así, la tramitación de la gran apuesta de Díaz todavía no está del todo atada. La norma deberá pasar por la Cámara Baja, y ya cuenta con los recelos de Junts. Los de Carles Puigdemont exigen que la norma se negocie con los sectores afectados en Cataluña. Cabe recordar que Sumar ya presentó una proposición no de ley (PNL) en la que instaba al Ejecutivo a aplicar el recorte horario. La iniciativa -un tanteo previo a la reforma- consiguió salir aprobada, a pesar del voto en contra de Vox, y la abstención de PP y de los posconvergentes.
En el cajón de sastre del registro del Congreso espera la Ley del Suelo que PSOE y PNV firman juntos, y que está condenada a ser rechazada -incluso- con los votos en contra de Sumar. El socio de coalición de Sánchez ya descartó apoyar la norma cuando el ala socialista del Gobierno anunció su debate en el pleno. La nueva versión -que incluye una mínima corrección a cargo de los nacionalistas vascos- mantiene la esencia que provocó el rechazo de los de Yolanda Díaz, que aseguró que el proyecto de ley era "especulativa" y no protegía "el territorio", al evitar la nulidad de planes urbanísticos. Su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón llegó a afirmar que el texto generaba "inseguridad jurídica y efectos perjudiciales para el interés público". Podemos, ERC y Junts, también se descolgaron.
Más inmediatas serán dos normas que Moncloa tiene previsto activar durante las próximas semanas. El Gobierno pretender tramitar por la vía de urgencia el conjunto de reformas de ley con las que enfriar un mercado inmobiliario que arrastra un enorme déficit de oferta. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, prevé llevar al Congreso -en tiempo récord- un decreto que obligará a los usuarios de alquileres de temporada justificar el motivo del arrendamiento al formalizar el contrato. A ello, se añade una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que busca empoderar a las comunidades de vecinos, fortaleciendo su derecho a vetar aquellas viviendas destinadas al uso turístico. Un punto -este último- que tampoco contaría con el aval de Junts, contrarios a la regulación de los pisos turísticos.
La formación ya trató de frenar la norma por la que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se propone extinguir las más de 10.000 viviendas dedicadas a este uso que recorren la ciudad. Rodríguez tampoco cuenta con el voto a favor de Vox y PP. Los populares registrarán en septiembre su propia proposición de ley de Vivienda, una enmienda a la totalidad de las políticas que el Gobierno ha iniciado en este sentido, y que propone la derogación de la normativa que el Ejecutivo logró impulsar en la Cámara Baja.
Además, Sánchez ha preparado el terreno para anunciar -el 17 de julio- su plan de acción de "regeneración democrática". En él, se integra una reforma de la ley de publicidad institucional que pondrá topes a la compra de espacios publicitarios a las administraciones públicas. La medida podría tener contar con el inesperado apoyo de Vox. Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, acusó hace meses a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de tener "a todos los medios comprados". La Comunidad de Madrid ha elevado el gasto en publicidad institucional de 12 a 27 millones de euros, según se recoge en los Presupuestos de 2024.
El socialista ultima -también- una vuelta de tuerca de la ley del derecho al honor y del derecho a rectificación, como ya anticipó en la declaración institucional que concedió tras finalizar su periodo de reflexión. El jefe del Ejecutivo abrirá -una vez presentado- una ronda de consultas entre los grupos parlamentarios, que deberán votarlo posteriormente.
Cataluña marca el ritmo
Si hay un proyecto de ley del que depende la permanencia de Sánchez en la Moncloa, ese es el de Presupuestos. La maquinaria ya está en marcha. El próximo 8 de julio, el departamento que dirige María Jesús Montero ya dispondrá de las peticiones de gasto de los ministerios, incluidos los cinco que están en manos de Sumar: Trabajo, Cultura, Sanidad, Derechos Sociales y Juventud e Infancia. "Vamos a cumplir la hoja de ruta", prometió hace días la vicepresidenta primera. Para hacerlo, el jefe del Ejecutivo debe antes atar la investidura de Salvador Illa en Cataluña. De ella, dependen las cuentas en el resto del Estado, y la estabilidad del Gobierno.
Hace más de una semana, el presidente del Parlament, Josep Rull, puso en marcha la cuenta atrás para la repetición electoral. Si ningún candidato logra una mayoría de apoyos en la cámara antes del 26 de agosto, los catalanes tendrán que volver a votar, lo que automáticamente pondrá en pausa la vida política en el resto de España, e invalidando -durante al menos tres meses- la acción ejecutiva de los de Sánchez y la legislativa en el Congreso de los Diputados.
