El Partido Popular resucita la idea de la moción de censura contra Pedro Sánchez, tras el inesperado fracaso -el pasado martes- de la senda fiscal en el Congreso de los Diputados. El grupo parlamentario popular podría proponer esta posibilidad durante las próximas semanas aprovechando que el Gobierno no cuenta hoy con los apoyos necesarios como para elaborar unos presupuestos. Para lograrlo, Núñez Feijóo podría explorar un acuerdo con Junts, imprescindible -junto a Vox- para tumbar a Sánchez y abrir las puertas de la Moncloa al jefe de la oposición. El popular ya intentó acercarse a los de Carles Puigdemont -e incluso a ERC- en el debate investidura del gallego el pasado mes de septiembre, aunque no logró su apoyo.
Diez meses después, el puzzle parlamentario se ha desordenado. La formación independentista consumó su distanciamiento con Sánchez esta semana tumbando dos de las iniciativas más determinantes de lo que llevamos de legislatura. Los postconvergentes no solo dejaron caer la hoja de ruta fiscal que pretendía cimentar las futuras cuentas, también se alinearon con Vox y PP para rechazar la reforma de la ley de extranjería que pretendía establecer un reparto en la acogida de menores migrantes entre las diferentes CCAA. El giro de cintura de Junts desesperó al Gobierno, cuya acción legislativa pende del día que tenga Puigdemont. "Estamos más cerca que ayer de una moción de censura de Feijóo", dijo ayer el portavoz parlamentario de ERC, tras la finalización del pleno.
La número dos de Feijóo, Cuca Gamarra, pidió ayer a Sánchez -en una entrevista en Onda Cero- poner fin a "esta legislatura agónica y agotada". Para provocarlo, fuentes populares no descartan la posibilidad de que el líder popular presente una moción de censura para sustituir al Gobierno por otro "que se ocupe de los problemas de los españoles". En público, el PP se aferra a la petición de dimisión. "Déjelo ya, convoque elecciones, váyase, pero así no podemos seguir", afirmó Núñez Feijóo ayer en la reunión de cierre de curso político con sus diputados y senadores. Génova también valora instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, y recuerdan que el socialista pidió lo mismo a Mariano Rajoy, cuando el expresidente no fue capaz de impulsar los presupuestos en 2018. No obstante, esta vía exige que sea el propio jefe del Ejecutivo quien tome la iniciativa, y se someta a examen de la Cámara Baja.
El guante bien podría ser recogido por el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez podría buscar arrinconar a Junts con una cuestión de confianza plateada como un plebiscito entre él, o Alberto Núñez Feijóo. En apenas ocho meses, el presidente se ha visto a impulsar varias iniciativas para garantizar el aval de los independentistas catalanes. En marzo, lideró la tramitación de la Ley de Amnistía con un alto coste político para el PSOE. También prepara varias concesiones para Cataluña, que han provocado -incluso- tensiones internas en Ferráz. El líder socialista prepara una financiación "singular" para la comunidad que ha levantado ampollas entre los pocos barones que el PSOE mantiene tras las elecciones autonómicas. Además, el viaje de Sánchez ayer a Barcelona supuso la firma del traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). A ello, se añade el traspaso de Rodalies que incluye una a transferencia de 283 millones de euros para compensar el déficit de explotación del servicio ferroviario en 2023.
Inestabilidad parlamentaria
El equilibrio político sobre el que se sostiene Sánchez, ha resultado ser más inestable de lo esperado. El acuerdo que Sánchez trató de allanar ayer con Aragonés para convertir a Illa en presidente de la Generalitat, desvistió la débil alianza que Junts firmó en la investidura del socialista, que pone en entredicho la legislatura. También el resto de leyes y reformas que esperan su turno para ser aprobadas. Algunas capitales, como la modificación de la Propiedad Horizontal para empoderar a las comunidades de vecinos frente a los pisos turísticos, o la Ley del Suelo para poner las bases de la solución futura ante la crisis del mercado inmobiliario.
El equilibrio político sobre el que se sostiene Sánchez, ha resultado ser más inestable de lo esperado. El acuerdo que Sánchez trató de allanar ayer con Aragonés para convertir a Illa en presidente de la Generalitat, desvistió la débil alianza que Junts firmó en la investidura del socialista, que pone en entredicho la legislatura. También el resto de leyes y reformas que esperan su turno para ser aprobadas. Algunas capitales, como la modificación de la Propiedad Horizontal para empoderar a las comunidades de vecinos frente a los pisos turísticos, o la Ley del Suelo para poner las bases de la solución futura ante la crisis del mercado inmobiliario.
Desde el PSOE siguen culpando del fracaso de la senda fiscal al Partido Popular, a pesar de que daban por hecho que los de Núñez Feijóo votaría en contra. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aseguró -tras constatar el rechazo parlamentario- que las CCAA populares se abstuvieron cuando les propuso los límites de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado a principios de julio. No obstante, el ministro de Cultura reconoció el martes que esto supone un serio golpe para el Gobierno. Ernest Urtasun fue cazado por un micrófono abierto mientras hablaba con un diputado de ERC en el patio del Congreso.
¿Qué opciones tiene el Gobierno para rehacer los presupuestos?
El rechazo del Congreso de los Diputados a la senda fiscal obligará al presidente del Gobierno a repensar su estrategia para conseguir impulsar unos presupuestos. Los de Pedro Sánchez tiene dos opciones, por un lado pueden reformular unos nuevos objetivos de estabilidad que cuente con el aval -esta vez sí- de Junts. De acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno está obligado a aprobar, en un plazo de cuatro semanas, unas nuevas metas para su posterior remisión al Congreso. No obstante, Sánchez podría no consumir el plazo y agilizar el proceso presentando una nueva senda en cuestión de días, ya que el parlamento inicia en agosto su parón veraiego.
Por otro, puede saltarse este paso levantando las cuentas sobre las últimas bases aprobadas, que apuntan a un déficit del 3% en 2025, medio punto más de pretendido por el Ejecutivo. Esta última vía permitiría a Hacienda cumplir con el calendario inicial, y llevar a la Cámara Baja el proyecto de presupuestos en octubre; no obstante, es probable que -tras lo ocurrido- Junts vote en contra de su tramitación impidiendo la aprobación de las cuentas. Fuentes del departamento que dirige Montero aseguran que es "demasiado pronto" para concretar que plan seguirán para afianzar -dentro de lo posible- la tramitación de las cuentas.
Otra de las cuentas pendientes que deja el fracaso de la senda de estabilidad, es el espacio fiscal con el que contarán las CCAA en sus propios presupuestos. La propuesta fallida de Montero les otorgaba dos décimas de margen. Podrían incurrir en un déficit del 0,1% cada año hasta 2027. Sin embargo, si Hacienda retoma la senda anterior, las regiones estarán obligadas a cumplir con un superávit de una décima.
Lo cierto, es que el 'no' de la Cámara Baja a los objetivos de estabilidad tan solo beneficia -sobre el papel- al propio Gobierno. Moncloa se había comprometido a asumir todo el esfuerzo fiscal para llevar el déficit al 2,5%. Es decir, compensaría en solitario el mayor margen otorgado a CCAA y Ayuntamientos, a través de un recorte de 0,8 puntos el año que viene.