El acuerdo de financiación para Cataluña al que han llegado PSC y ERC es más perjudicial para las comunidades autónomas que menos población tienen como son el caso de Extremadura o Castilla-La Mancha. Según reza el acuerdo "Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe debido a un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios", por lo que, para ellos, no se corresponde "a un modelo de solidaridad entre territorios".
Esto quiere decir que los nacionalistas de ERC han solicitado al Gobierno que la solidaridad entre territorios se vea más limitada por el principio de ordinalidad según la capacidad fiscal del territorio. Es decir, que el Estado toparía la solidaridad de Cataluña para con otros territorios. El preacuerdo firmado por ambas formaciones dice que las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante "deben mantener el mismo orden que la escala que reciben". En el caso de no adoptarse dicha medida en 2025, han acordado establecer medidas compensatorias.
Traducido a las cifras, según los cuadros de liquidación de la financiación autonómica correspondientes al ejercicio de 2022, publicados por el Ministerio de Hacienda, Cataluña tiene una capacidad fiscal por habitante de 3.496,37 euros, mientras que lo que recibe del Estado son 3.123,05 euros per cápita. En cambio, Extremadura y Castilla-La Mancha recaudan 1.954,65 y 2.196,47 respectivamente y reciben, en el caso extremeño, un monto de 3.636,29 euros y 3.197,69 euros en el caso manchego.
Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Ghesta, aseguran que el preacuerdo "quiere que esa solidaridad esté limitada por el principio de ordinalidad, de forma que las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, mantenga el mismo orden que en la escala de lo que reciben". A juicio de Gestha, esta es la propuesta "más problemática".
En este sentido, la hacienda catalana aportó en el ejercicio de 2022 unos 23.400 millones de euros por IRPF, IVA y otros tributos cedidos. Además, contribuyó con otros 1.300 millones de euros al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Esenciales. En cambio, Extremadura, debido a su poca capacidad de recaudación y su menor población, recibió 1.107 millones de euros de dicho fondo solidario.
El experto en financiación autonómica de Fedea, Ángel de la Fuente, aseguró a elEconomista.es que si Cataluña llega a gestionar el 100% de los tributos, el monto ascendería al entorno de unos 25.000 a 30.000 millones más, que sumado a lo que ya recauda, serían unos 50.000 millones y dejaría de ingresar cerca de 2.000 millones al Sistema de Financiación.
El artículo 138 de la Constitución española dice que hay que velar por "un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular". Por otro lado, el artículo 2 de la Carta Magna dice que se garantizará ese derecho efectivo del principio de solidaridad y aclara que las diferencias entre los Estatutos "no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".
Teniendo en cuenta todo esto, no es de extrañar que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se posicione en contra de este preacuerdo. Cargó muy duro contra el presidente de su formación, Pedro Sánchez: "El problema no está en ERC, sino en quien deja de lado su propio programa, código deontológico y convicciones".
La reformulación del sistema de financiación autonómica lleva casi una década esperando materializarse, como la ley exige. Se supone que la reforma aplicada en 2009 se iba a revisar en 2014. Estamos en 2024 y no se ha tocado una coma.
La clave del sistema es la solidaridad entre regiones. El debate está ahora en si las autonomías que más aportan deben recibir el dinero en consonancia. En 2022, los datos muestran que Cataluña, Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana son las que menos dinero recibieron en proporción a lo que recaudaron, así que la formulación que Esquerra y PSC les beneficiaría enormemente, mientras que aquellas que salen más premiadas en términos de solidaridad, es decir, que reciben mucho más de lo que recaudan (Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha, tal y como se aprecia en el gráfico), se verían más perjudicadas si la ordinalidad primase sobre la solidaridad regional.
Pero en el debate de reforma del sistema, además de los criterios de recaudación, hay comunidades autónomas que exigen la primacía del coste de servicios. En un informe de expertos del año 2017 ya advirtieron la necesidad de tener esto en cuenta. Muchas autonomías dicen que no es lo mismo prestar servicios en poblaciones dispersas y rurales del norte que en Madrid.
Sánchez define el acuerdo como un paso hacia la "federalización" de España
El presidente del Gobierno defendió ayer el concierto fiscal para Cataluña –acordado por PSC y ERC–como un "paso hacia la federalización del Estado". Pedro Sánchez tuvo que capear –en la rueda de prensa de balance político– con una lluvia de preguntas de la prensa formuló sobre los términos del pacto que podría convertir a Salvador Illa en presidente de la Generalitat.
"He dicho que es una negociación bilateral la que se abriría en este caso con la Generalitat de Cataluña y también lógicamente corresponde a un espacio multilateral la negociación y el acuerdo del nuevo sistema de financiación autonómica, pero que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro estado autonómico", dijo el jefe del Ejecutivo, que insistió una y otra vez en recordar que bajo su mandato, todas las CCAA han visto crecer sus recursos financieros en 43.000 millones de euros cada año. "Con el mismo sistema de financiación se puede deshacer el estado de bienestar o fortalecerlo", aseguró en relación al modelo aplicado bajo el gobierno del Partido Popular.
Es más, Sánchez comparó el preacuerdo con ERC con el pacto del Majestic firmado por José María Aznar y Jordi Pujol. "Si Aznar transfiere el 30% del IRPF a Cataluña es política de Estado. Si lo hago yo, se rompe España", dijo en respuesta a las críticas vertidas desde el PP.
Además, el presidente del Gobierno recordó unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, del año 2016 en las que se mostraba partidario de un concierto económico para Cataluña, dado que también lo tienen Euskadi y Navarra. "No dijo ni solidario y ahora en cambio es un golpe de Estado fiscal", insistió, antes de reconocer la labor de ERC durante las negociaciones con los socialistas catalanes.
Las bases del partido republicano decidirán mañana si avalan el preacuerdo. La formación lanzará a sus militantes una pregunta abierta, en la que hacen referencia a "la soberanía fiscal". Los de Salvador Illa reunirán a su ejecutiva un día después, el próximo sábado, para validar el documento. Tras ello, se deberá fijar el debate de investidura del candidato socialista.
