El laberinto parlamentario al que se enfrenta el Ejecutivo reaviva la posibilidad de una nueva prórroga presupuestaria -la segunda consecutiva- que obligará a Moncloa a retomar el límite de gasto no financiero vigente desde 2023, fijado en los 173.065 millones de euros, 22.288 millones inferior al planteado para 2025 y que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 16 de julio. El golpe político sería evidente, pero la maniobra volvería a aliarse con la salud de las cuentas públicas en un año en que el que Bruselas comenzará a examinar con lupa la deriva del gasto de cada Estado.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, diseñó hace más de un mes una ambiciosa estrategia fiscal que eleva el techo de gasto presupuestario a los 195.353 millones de euros -sin contar con los fondos europeos- y en la que promete asumir en solitario el ajuste el 0,8% del PIB necesario para cumplir con la senda de déficit comprometida con la Comisión Europea hasta 2027. No obstante, una nueva prórroga rebajaría las expectativas de gasto, dando un mayor margen al Gobierno para asumir compromisos como el incremento del salario pactado con los funcionarios, el alza del gasto en Defensa de 10.000 millones que la OTAN reclama a España, o las obligaciones derivadas de los reales decretos proyectados a partir del próximo 2025.
A pesar del ahorro, Hacienda tratará de impulsar unas nuevas cuentas hasta el último momento. Fuentes del ministerio liderado por Montero insisten en que continúan trabajando con la intención de presentar el proyecto de presupuestos para 2025 "para que entren en vigor en tiempo y forma". De hecho, Moncloa pretende llevar el proyecto de ley al Congreso en semanas, junto al techo de gasto que ya fracasó en julio. "Somos conscientes de cual es nuestra responsabilidad, y esa es presentar cuentas que trasladaremos al Congreso", dijo el martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría que trasladó la presión al resto de formaciones, "a partir de ahí, entra la responsabilidad de los distintos grupos políticos", añadió.
Al otro lado de la mesa del Gobierno, Sumar confía en que la ministra conseguirá rehacer filas entre los grupos del bloque de investidura. "En general prorrogar unos presupuestos es siempre una mala noticia, sobre todo cuando uno quiere hacer políticas transformadoras para tu país. En todo caso, me parece que estamos muy lejos ahora mismo de esa perspectiva", dijo ayer el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, que trató de seducir al resto de formaciones insistiendo en que la norma puede ser la mejor oportunidad para impulsar sus demandas.
El fin del bloque de investidura
Aun así, Sánchez sigue sin conseguir reunir los apoyos necesarios como para despejar su camino en el Congreso de los Diputados. El presidente no ha logrado restablecer en verano su relación con Junts, después de que los de Carles Puigdemont dejaran caer por sorpresa el techo de gasto el pasado julio en la Cámara Baja. A ello se añade el gran malestar de ERC con el PSOE. La formación considera que Sánchez esperó a tener atada la investidura de Salvador Illa para descafeinar el acuerdo de financiación singular para Cataluña, alejándolo del modelo de cupo fiscal del que disfruta País Vasco o del convenio navarro.
A día de hoy, el socialista no tiene amarrado ni siquiera el apoyo de Podemos. Los de Ione Belarra llevan meses dando por muerta la "legislatura progresista". "Primero habría que ver si el Partido Socialista tiene esa voluntad de presentar presupuestos, porque yo creo que, dando por muerta la legislatura, el PSOE está en una actitud de absoluto tran tran. No me extrañaría nada que no presentasen presupuestos", anticipó el pasado lunes el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández. La formación ya avisó a Pedro Sánchez de que no apoyaría unas cuentas que contemplasen un incremento del gasto presupuestario en Defensa, como consecuencia del enquistamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania.
ERC y Junts marcarán la tramitación
La recta final de 2024 será clave. Montero retomará en unos días los contactos con todos los grupos parlamentarios a la izquierda del Partido Popular, con la intención de aprobar el techo de gasto sobre el que construir unos futuros presupuestos, pero la espera será larga. En el calendario, dos fechas serán determinantes. A finales de octubre, Junts celebrará un congreso en el que el partido redefinirá su estrategia. En esa reunión los de Carles Puigdemont trazarán su táctica política y fijará posiciones. Hasta entonces, la línea es clara. El grupo que dirige Míriam Nogeras no ha dejado de alejarse del bloque de investidura desde su voto en contra en la votación del límite de gasto. Es más, el pasado martes, Junts se alió con PP y Vox para instar a Sánchez y Montero a comparecer en sede parlamentaria para explicar la crisis migratoria y el acuerdo de financiación "singular" para Cataluña que allanó la elección de Illa como presidente de la Generalitat. Una deriva que criticaron ayer desde las filas de Sumar. "Va en contra de sus propios intereses", advirtió el diputado de la formación, Lander Martínez, en una entrevista concedida a Radio Euskadi. Los socios de Sánchez en el Ejecutivo pidieron a los postconvergentes "reinventarse" tras quedarse fuera del Govern.
A ello, se suma el cónclave extraordinario de ERC previsto –en principio- para el 30 de noviembre, y en el que la militancia deberá elegir entre Oriol Junqueras y -posiblemente– la actual directiva dirigida por Marta Rovira. El expresidente del partido independentista, que presentará su candidatura el próximo 21 de septiembre, cuenta con el apoyo del exconseller Raül Romeva y la eurodiputada Diana Riba.