Barcelona
"Concierto económico solidario". Esta es la fórmula con que ERC presentó ayer el principio de acuerdo alcanzado con el PSC para reformar la financiación de Cataluña. Esta actualización supondrá sacar a la comunidad del régimen común y ceder a la Generalitat la gestión del 100% de los impuestos, aunque mantendrá una cuota de solidaridad con el resto de regiones. A falta de que se conozcan los detalles del nuevo modelo, los expertos consultados por elEconomista.es dudan tanto de su eficacia como de su encaje legal.
El economista Javier Santacruz considera que "se está reformando por la puerta de atrás el sistema de financiación autonómica dejando fuera el resto de actores implicados". El foro adecuado para tratar estas cuestiones sería el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que recoge los puntos de vista de todas las comunidades autónomas.
El especialista también pone en cuestión la nomenclatura utilizada por los republicanos: "Me parece intolerable que se intente vender una reforma con este tipo de palabras. El término concierto está reservado para el País Vasco, al igual que el convenio se usa para Navarra y el régimen económico fiscal para Canarias. Son terminologías distintas que significan cosas distintas, se está retorciendo el lenguaje".
En la misma línea se ha mostrado la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE). En un comunicado han mostrado "su rechazo frontal y absoluto al preacuerdo", que consideran que "romperá el actual sistema tributario" y provocará un aumento del fraude fiscal. Todo ello --insisten-- elevará el coste para todos los ciudadanos y temen que "la gran mayoría de los servicios públicos que recibe la sociedad" se vean malogrados.
Sin cobertura legal
Santacruz advierte sobre el encaje del nuevo sistema financiero. En este punto coincide el hacendista Francisco de la Torre, que recuerda que esta reforma obligaría a actualizar la ley de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), la ley de cesión de tributos y también el Estatut d'Autonomia.
Máxime en un tributo tan delicado como el IRPF, que según ERC será el primero que pase a estar gestionado al 100% por la Generalitat. Ayer, la portavoz de la formación independentista, Raquel Sans, llegó a decir que en 2026 la campaña de la renta se llevará a cabo íntegramente en Cataluña.
"Tiene problemas legales y constitucionales obvios. De acuerdo con todo el bloque de constitucionalidad, del IRPF debe encargarse la Agencia Tributaria del Estado. Otra cuestión sería explorar vías de colaboración como el consorcio, pero el traspaso de un impuesto a otra administración exige cambiar todo el aparataje legal. Y no habría cobertura constitucional de ningún tipo, ya que País vasco y Navarra sí cuentan con la disposición adicional primera", argumenta.
Por su parte, los inspectores de Hacienda reiteran que el concierto "no es más que un modelo de financiación a la carta para Cataluña, bajo el falaz reconocimiento de una singularidad histórica que lo que pretende es romper con los principios establecidos en nuestra Constitución".
Además, estas reformas legales necesitan amplias mayorías para salir adelante. No está claro que el Gobierno logre convencer a todos sus socios de investidura, incluido Junts y partidos regionalistas como Coalición Canaria y Compromís.
La solidaridad, en juego
Al margen de la cobertura jurídica, De la Torre pone el acento en las "ineficiencias" que generará la duplicación de organismos tributarios en Cataluña. "Tendría un coste de eficiencia clarísimo. Se fragmentaría la base de datos única duplicando los costes de todos los procesos", abunda.
Por otro lado, hay dudas sobre la capacidad de la Generalitat para gestionar íntegramente los impuestos. La Agencia Tributaria catalana, el organismo que en principio asumiría esta tarea, carece de suficiente personal. "Tendrían que contratar al mismo volumen de funcionarios que tiene la delegación especial de Barcelona. ¿Pero se puede hacer un concurso exprés en uno o dos años cuando además tienes a los inspectores en pie de guerra", se pregunta Santacruz.
Por último, la coletilla "solidario" añadido al concierto también suscita interrogantes. De la Torre considera que esta cuestión se dilucidará a medio y largo plazo cuando se vea si el concierto catalán copia la falta de solidaridad del cupo vasco. Por ahora, ni PSC ni ERC han aclarado cómo se calcularán las transferencias de la Generalitat a la caja común para redistribuir la riqueza entre comunidades.
De su lado, Santacruz recuerda que hoy por hoy Cataluña es una comunidad aportadora neta, al igual que Madrid y Baleares. Esto es, entrega más de lo que recibe. Este saldo podría alterarse si el nuevo modelo de financiación se instrumenta para beneficiar más a Cataluña en detrimento de otras regiones.