Puigdemont está decidido a dificultar aún más la labor de Gobierno a Pedro Sánchez. Frustradas sus aspiraciones de convertirse en presidente de la Generalitat y liberado de sus compromisos con el PSOE tras la aprobación de la ley de amnistía, el líder de Junts ha ordenado a los suyos pasarse a la oposición. Esa es la indicación que ha dado a su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. De ahora en adelante, los posconvergentes se desmarcan del bloque de gobierno, que incluye otras formaciones independentistas como ERC y Bildu, y exigirán onerosas contraprestaciones a cambio de sus votos.
La primera escenificación de este cambio de actitud se vio esta misma semana, cuando los diputados encabezados por Míriam Nogueras votaron en contra del techo de gasto. Esta negativa torpedea la tramitación de los presupuestos generales del Estado. El próximo paso en la estrategia de Puigdemont es justamente presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas públicas si Sánchez no se pliega a sus exigencias.
De esta forma, Junts deja colgando de un hilo la legislatura. No es que al PSOE pueda cogerla desprevenido esta situación. El pasado enero, los herederos de Convergència estuvieron a punto de hacer saltar por los aires los decretos ómnibus y el de anticrisis. En aquella ocasión el Ejecutivo tuvo que ceder en el último momento para granjearse el apoyo de los de Puigdemont. El precio a pagar fueron una batería de concesiones vinculadas con la ley de amnistía, la transferencia de las competencias de inmigración y una reforma de la ley de sociedades de capital para revertir un real decreto del PP de 2017.
Pese a que en estos meses la relación del Gobierno con Junts se había normalizado mientras se redactaba el texto final de la amnistía, el escenario post-electoral en Cataluña ha vuelto a alterar una entente ya de por sí precaria. De fondo también late la oposición de los posconvergentes a las medidas económicas que Sumar ha conseguido incluir en la hoja de ruta del Gobierno de coalición.
Una prórroga presupuestaria imposible
La intención de Hacienda es volver a llevar al Congreso la misma senda fiscal que Junts -junto a PP y Vox- tumbó la pasada semana, y presentar el proyecto de presupuestos en octubre, tal y como tenía previsto inicialmente. "Yo creo que esta propuesta que tenemos sobre la mesa es una propuesta muy sensata y muy positiva para las comunidades autónomas y los ayuntamientos", dijo el viernes el ministro de Economía Carlos Cuerpo. Si Puigdemont cumple su amenaza, volverá a votar en contra de esa hoja de ruta, y de la tramitación de las cuentas, prevista para el próximo mes de diciembre.
La trampa de líder independentista a Sánchez podría no dar opción al Ejecutivo, obligando a Moncloa a prorrogar -por segunda vez en menos de un año- los presupuestos de 2023, poniendo punto y final a la legislatura y precipitando unas nuevas elecciones generales en 2025. El naufragio de las cuentas dejaría varios cabos sin atar. El Gobierno tenía previsto utilizar el proyecto de ley para solventar el sistema de quitas de las autonomías con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, lleva más de medio año trabajando. También dejaría en en dique seco el fondo de nivelación con el que compensar la infrafinanciación que sufren Andalucía, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana; y el resto de compromisos que el socialista adquirió con los grupos parlamentarios que apoyaron su investidura el pasado mes de noviembre. Junto a ello, el resto del calendario legislativo planteado por Moncloa, y la red de obligaciones que España debe tramitar junto a la Comisión Europea.
Los de Sánchez debe presentar ante Bruselas, después del verano, su plan fiscal para reconducir las cuentas y garantizar el cumplimiento de las reglas europeas. Sin embargo, la incertidumbre política restaría credibilidad a esa hoja de ruta. Moncloa ha diseñado una ambiciosa senda de déficit público, que lo llevaría al 1,8% en 2027 a costa de un ajuste fiscal que el Estado asumiría en solitario a través de los presupuestos. Todo esto, quedaría en entredicho. Además, España está pendiente del quinto desembolso de los fondos europeos. Para lograr el pago completo, los de Ursula von der Leyen exigen -entre otras- una reforma fiscal, que sigue sin detallarse por parte del ministerio de Hacienda.
El desierto legislativo paralizará -además- la tramitación de otras leyes y medidas fundamentales. Yolanda Díaz vería derivar su reducción de la jornada laboral o su intención de encarecer la indemnización por despido. Isabel Rodríguez no conseguiría impulsar ninguna de las iniciativas gestadas con el objetivo de poner coto a la proliferación de apartamentos turísticos, o elevar la oferta de vivienda a través de la ley del Suelo que los socialistas registraron junto al PNV. Y María Jesús Montero también perdería la posibilidad de tramitar una reforma del sistema de financiación autonómica, impulsar el tipo mínimo para las multinacionales o reformular el gravamen para la banca y energéticas.