El enorme peso de Madrid sobre el total de los ingresos tributarios -del 44,3%- hace inviable el traslado del consorcio fiscal -que se negocia para Cataluña- al resto de comunidades autónomas. La idea fue planteada hace semanas por el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, en un intento de minimizar la presión política que su propuesta despertó sobre el Gobierno. Más de 120.500 millones de euros, de los 272.000 millones totales, procedieron en 2023 de la delegación que la Agencia Tributaria mantiene en torno a la capital de España.
Ceder su gestión al ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso, provocaría un enorme bocado en la recaudación, vital para cumplir con la senda fiscal que Moncloa tiene previsto enviarle a la Comisión Europea en octubre, dentro del programa de cumplimiento de las reglas europeas. Fedea ya advirtió del riesgo hace meses. "Si los tres que pueden aportar están fuera, no habrá nada que repartir y, además, quedaría un Estado muy raro, sin acceso a bases tributarias propias, que viviría de la caridad de los territorios, algunos de los cuales no le tienen especial cariño", dijo su director, Ángel de la Fuente.
ERC va más allá, y exige a Pedro Sánchez un modelo de financiación similar al vasco o el navarro, para investir presidente a Illa. Su intención implica el traspaso del 100% de los impuestos, para luego establecer una cuota de solidaridad como ocurre ya con los regímenes forales. Pere Aragonés busca así compensar los más de 20.000 millones de euros, en los que cifra el déficit fiscal que arrastra la región. "Puesto que esta comunidad está entre los territorios con mayor renta per cápita, lo esperable es que presente un déficit fiscal y así sucede, aunque su cuantía es significativamente menor que la que calcula la Generalitat por un procedimiento sesgado", afirma de la Fuente, en el último documento publicado por la entidad.
El futuro del sistema tributario español dependerá -en parte- del resultado de las negociaciones que continúan celebrándose en Barcelona, con mayor intensidad desde la visita -el pasado miércoles- del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al president en funciones. Los republicanos rechazan el consorcio compartido por la Generalitat y el Estado, e insisten en tener soberanía fiscal. Un punto, que no ha dejado de descartar la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, siempre que se le ha preguntado.
A pesar de que Moncloa parece haber cerrado la puerta a una especie de cupo catalán, ERC no parece dispuesto a ceder. La formación forzará una repetición electoral en Cataluña, sino el Estado no le concede esa autonomía tributaria. Así lo dijo hace una semana la secretaria general de ERC, Marta Rovira. "Es una propuesta totalmente insolidaria a nivel territorial y personal", insisten desde Fedea.
Lo cierto, y pese a las pretensiones del independentismo catalán, el sistema de financiación actual no es tan lesivo, ni para Cataluña, ni tampoco para Madrid. A pesar de que los flujos redistributivos penalizan a las tres autonomías con mayor riqueza -incluida Baleares- todas ellas cuentan con un saldo positivo en cuanto a financiación por habitante. Cataluña aporta a la hucha común cada año unos 2.100 millones más de los que recibe. La brecha es mayor para Madrid. La región envía más de 26.000 millones procedentes de sus ingresos tributarios; de ellos, el Estado retorna poco más de 19.700 millones. Es decir, el déficit asciende por encima de los 6.000 millones de euros. Sin embargo, ambas se sitúan por encima de la media en financiación ajustada por habitante. Tanto Madrid, como Cataluña, reciben anualmente más de 3.000 euros por ciudadano. Baleares, 3.400.
De hecho, el desequilibrio procede desde otras cuatro comunidades, consideradas las infrafinanciadas. La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y la región de Murcia, llevan años reclamando un fondo de nivelación que compense el menor reparto de fondos que sufren. Todas ellas reciben menos de los 2.963 euros por habitante que marca la media nacional. Las peores paradas, Murcia y Valencia. Esta última, no ha dejado de reivindicar que se corrija el reparto.
Compromís -a través de Sumar- registró a finales de 2023 una proposición no de ley en la que solicita al Gobierno que "en los Presupuestos Generales del Estado se garanticen transferencias para el País Valenciano y el resto de las comunidades autónomas infrafinanciadas destinadas a la prestación de servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado". La iniciativa -que todavía no ha sido activada- parte de una PNL que el Partido Popular valenciano impulsó en las Corts, y que salió adelante con el apoyo de Compromís, El PSPV-PSOE y Vox votaron en contra.
Conferencia de Presidentes
Los barones regionales del PP se conjuran para forzar que el Gobierno convoque la Conferencia de Presidentes. El objetivo inicial -según apuntan fuentes populares- es abordar el reparto de menores migrantes no acompañados; sin embargo, las autonomías pretenden incluir la posible reforma de la financiación autonómica en el orden del día.
La líder del ejecutivo madrileño presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para obligar a los de Sánchez a acometer la cita. "Entendemos que es un recurso que en la medida en que es una Conferencia de Presidentes y la mayoría de presidentes piden su convocatoria pues esta convocatoria es razonable que se realice", aseguró el pasado viernes el portavoz de la Junta de Castilla y León, el popular, Carlos Fernández Carriedo. Montero insiste en discutir la actualización del sistema con el Partido Popular, ya que el texto debe ser refrendado en el Congreso de los Diputados.
