El número de perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI) creció un 58% en la última década. La prestación, diseñada como una red de protección a las personas en situación de pobreza o exclusión social, fue recibida por 667.412 personas según los últimos datos publicados por el ministerio de Derechos Sociales. La cifra es muy superior a la alcanzada en 2009 -año del estallido de la crisis financiera- cuando 422.207 accedieron a la ayuda de competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
El año 2020 marcó un punto de inflexión. La aprobación del Ingreso Mínimo Vital con la que el Gobierno trató de erradicar la pobreza y fomentar la inserción en el mercado laboral, fue aprovechado por varias CCAA para reducir el número de perceptores, y con ello, el gasto anual destinado al pago de la RMI. En total, los beneficiado por la ayuda se ha recortado en 128.449 desde 2020. El gran ejemplo se encuentra en la Comunidad de Madrid. La región ha pasado de tener 78.200 perceptores en 2020, a poco más de 21.200 dos años después. "La ley de Renta Mínima de Madrid, que es del 2001, establece la incompatibilidad de la prestación con otras similares; sin embargo, otras CCAA modificaron sus normas para permitir que las personas en riesgo de exclusión pudieran acceder a las dos", recuerda Alberto Reyero, socio director de Empatía. Otros territorios, por el contrario, disparan el número de beneficiarios
Todo ello, tiene su reflejo lógico en las cifras del gasto ejecutado en el pago de la RMI que el gobierno de Madrid dedica año tras año. Ejecutivo de Diaz Ayuso ha reducido a la mitad el gasto dedicado a sostener esta ayuda. En 2009, la CCAA destinó 47,6 millones de euros. En 2020, ejecutó 133,7 millones de euros. Dos años después, la cifra apenas asciende a los 25,2 millones.
El dato contrasta con el mostrado en Cataluña o País Vasco, ambas gastaron 526 y 379 millones, respectivamente, en 2022. Canarias es una de las autonomías que -lejos de ver caer el número de perceptores de la RMI- lo ha multiplicado por dos desde 2020, han pasado de los 20.200 a los 46.100 que registra el último dato publicado. "El gran problema es que IMV se aprobó de una manera apresurada, y se perdió la oportunidad de armonizar las prestaciones para evitar las diferencias entre CCAA", insiste Reyero.
La ayuda varía según el territorio. País Vasco fija la cuantía básica por titular en los 800 euros al mes. Por detrás, Valencia, Cataluña y Navarra abonan entre 664 y 658 euros. Extremadura roza los 580 euros. Otras como Cantabria o Madrid no llegan a los 470 euros.
El perfil del perceptor, no obstante, si coincide a lo largo y ancho de España. A nivel global, siete de cada diez beneficiarios -el 71,12%- son de nacionalidad española, frente al 28% de extranjeros. En regiones, como Andalucía, Extremadura, Castilla y León o Murcia, el porcentaje de receptores nacionales supera con creces el 80%. Destaca también el alto porcentaje de mujeres que reciben la ayuda destinada a reducir la excusión social. De las 667.413 personas que la recibieron en 2022, 417.192 son mujeres, 62,51%, lo que indica la feminización de la pobreza en España. Por región, Cataluña y Valencia reflejan este problema. Especialmente en esta última autonomía, donde 89.922 de los 113.220 perceptores son de género femenino.
Solo un 17,5% de los perceptores del IMV son no nacionales
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación asistencial que nació en tiempo récord durante la pandemia como alternativa a la renta Renta Mínima de Inserción. La última nómina de perceptores que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, informa de que el 17,5% de las personas que reciben esta ayuda son extranjeros, unos 337.00 de los más de 1,9 millones de personas a las que llega esta prestación. Esta ayuda no contributiva sirve, de forma similar a la Renta Mínima, para garantizar la subsistencia de las personas más desfavorecidas de la sociedad y cubrir un mínimo de necesidades vitales básicas. Aunque el conocido como salario social que pagan las Comunidades Autónomas sería el último recurso en caso de no poder ser perceptor del IMV.
Según el último análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el IMV, publicado este verano, la creación de esta prestación "ha ampliado los hogares bajo el paraguas de una prestación de último recurso con respecto a la situación previa a su entrada en vigor", explica la auditora pública, argumentando los siguientes datos: "antes de la implantación del IMV, en mayo de 2020, existían 239.227 hogares perceptores de rentas mínimas autonómicas. A octubre de 2023, 513.871 hogares perciben IMV y/o renta mínima autonómica", firma el organismo.
"En segundo lugar, el IMV continúa captando a hogares muy vulnerables, como pone de manifiesto el hecho de que la duración mediana en la prestación sea de 30 meses o que el 40 % lo percibe desde la implantación del IMV en el año 2020", explican en el análisis. "Resulta cada vez más crucial profundizar en la reducción del non take up para alcanzar los efectos potenciales de la prestación", comentaba al hilo sobre el IMV, que ya es más que un complemento para las familias vulnerables. La Seguridad Social admitía a comienzos de este año que la brecha de potenciales beneficiarios que no solicitaban la prestación y podrían cobrarla era elevada y se propusieron como objetivo mejorar la cobertura.
